Nuestro país cuenta con un modelo de Seguridad Social universal que cubre la práctica totalidad de la atención médica de todos los habitantes de España y que se sufraga a través de los impuestos. A pesar de las evidentes diferencias entre comunidades casi todo el mundo está de acuerdo en afirmar que el nivel de la atención sanitaria en nuestro país es alto.

Pero el tema que me centra hoy no es la Seguridad Social sino los seguros privados, las mutuas de salud. Estos seguros ofrecen a cambio de un pago mensual distintas prestaciones sanitarias en centros privados concertados. De este modo el mutualista, y en función de la póliza que contrate, tiene acceso a un directorio de servicios que le son cubiertos en caso de enfermedad.

En mi actual puesto de trabajo, en un hospital privado de Barcelona, he descubierto que en Cataluña existe una gran tradición mutualista y que es bastante frecuente que muchas personas tengan contratada alguna mutua de salud además de contar con los servicios de la Seguridad Social. Las ventajas potenciales de pertenecer a una mutua son: rapidez en la realización de pruebas diagnósticas (ya que los centros privados no están tan masificados como los públicos y tienen listas de espera muchísimo menores), mejor entorno “hotelero” (los centros privados suelen cuidar mucho el aspecto y la comodidad de sus instalaciones con habitaciones individuales y entornos arquitectónicos agradables), mayor disponibilidad de tiempo con el médico (ya que el número de pacientes es mucho menor que en la red pública el facultativo puede dedicar más tiempo a la visita con cada paciente)

Sin embargo, y tras un año y medio de desempeño en mi actual puesto, he detectado que en lo referente al tratamiento del cáncer, las mutuas presentan importantes carencias que muchas veces lo pacientes desconocen. En muchas ocasiones estas pólizas privadas no cubren los tratamientos oncológicos novedosos pero aprobados (que resultan ser carísimos) y el paciente se encuentra que pese a haber pagado durante años un seguro privado de salud, en el momento del diagnóstico y tratamiento de un cáncer su mutua le deja “tirado”.

El ejemplo a mi entender más sangrante lo representa la medicación ambulatoria. La mayoría de las mutuas se anuncian garantizando que cubren toda la atención oncológica, aunque después aclaran (muchas veces en la letra pequeña) que esto no incluye la medicación ambulatoria que le sea recetada al paciente y sí los tratamientos endovenosos que se le administren ingresado en el hospital.

El problema es que esta medicación ambulatoria no cubierta incluye algunos fármacos muy caros pero eficaces para el control de las náuseas y vómitos o medicamentos muy caros para evitar las bajadas de defensas inmunitarias que ocasiona la quimioterapia y que muchas veces son imprescindibles para administrar determinados tratamientos antitumorales. O sea, que cubren la quimioterapia, pero no los medicamentos para evitar los efectos secundarios, escudándose en un tecnicismo: medicación ambulatoria.

Si esto no fuera suficientemente mezquino, en el momento actual se está llegando a un extremo realmente intolerable. Los nuevos avances en medicamentos contra el cáncer han permitido el desarrollo de fármacos muy eficaces que no se administran por vía endovenosa sino en pastillas. Por supuesto, al ser novedosos y muy eficaces son muy caros. ¿Y adivinan qué? Que como son tratamientos que se toman por vía oral se consideran medicación ambulatoria y su mutua no los cubre.

Desde luego las mutuas tienen un problema. El aumento exponencial del coste de los tratamientos oncológicos determina que sea muy poco rentable para un seguro privado cubrir esta atención médica en su totalidad. Afortunadamente estos pacientes pueden, tras comprobar como su mutua les ha dejado tirados, recurrir a la Seguridad Social, donde si el tratamiento está indicado y aprobado por el Ministerio se les va a facilitar sin coste alguno. Para nota es la situación de algunos pacientes, de profesión funcionarios, que son mutualistas del Estado. En este caso cada vez más infrecuente, el Estado concertó una mutua para estas personas que por el contrario carecen de cobertura en la Seguridad Social. Para estos pacientes, si la mutua no cubre un tratamiento no les queda otro remedio que pagarlo de su bolsillo.