En un aula como escenario de uno de tantos cursos de formación en los que más de la mitad de los asientos están ocupados, un juez conducía al grupo con su discurso y su plante. ¿Qué tiene de especial? se trata del juez de los malostratos reeducando a un grupo de maltratadores como alternativa a su encarcelamiento por este tipo de delito. Y el conflicto surgió en el aula y fue recogido por las cámaras de televisión: uno de los alumnos [maltratador en proceso de reeducación social para dejar de serlo y no ir a la carcel] suelta un comentario desde sus entrañas poniendo en cuestión cualquier argumento justificativo de su arrepentimiento y deseo consciente de anular su propia violencia machista y el juez – docente reacciona con indignación y reprobación: regañina generalizada, primero al deshecho humano, pero extensiva al grupo en pleno.

El binomio crimen y castigo se hizo evidente en el enfado del juez, también el de arrepentimiento y recompensa. Y el chantaje o amenaza fue evidente: si no estaban dispuestos a comportarse y seguir el curso de formación como tocaba, irían directamente a la cárcel a pagar por el delito cometido. Se pueden imaginar lo que sigue: el grupo, ante la amenaza de la pérdida de sus privilegios, reaccionando, todos a una, casi que se zampan al maltratador malo.

Ya saben que cuando se descontextualiza, los hechos se perciben de otra manera, en este caso desde la superficie de la anécdota; así que he estado reflexionando sobre lo que provocó inicialmente en mí conocer este hecho, y para alivio de mis propias contradicciones he llegado a una conclusión.

Hay que reconocer el valor del trabajo que está realizando el presidente de la Audencia Provincial de Alicante, un “programa terapéutico del que hablan maravillas hasta los propios agresores”, que se acompaña de otras medidas alternativas como la obligación de prestar una especie de servicio social como alternativa a la cárcel en algunos casos, y en otras como “castigo social” a ese 48% de los que por unos motivos u otros ni la huelen.

El juez se opone a la idea de que la cárcel sea la única respuesta al delito y probablemnete tenga parte de razón y que ésta no sirva para solucionar ningún problema sino más bien para aislarlo aparentemente de la sociedad.

Así que, siguiendo el mismo criterio, parece coherente pensar que se podría extender este programa terapéutico a otros grupos y provincias. ¿Qué pasaría si personas enjuiciadas por otros tipos de terrorismo, miembros de ETA, por ejemplo, o incluso de Al Qaeda, tuviesen que participar también en este tipo de cursos y recibir en primera mano los mismos privilegios de una condena alternativa como la de quién ha cometido un acto de terrorismo doméstico? Al fin y al cabo, como dice el propio juez, ¿quién no se ha equivocado alguna vez?