En mis años salvajes, que, contra el sentido común, no fueron mis años jóvenes, especulé con la justificación de la violencia política. Sí, lector amable; sí, mi amada niña, y no me avergonzaré de ello: sin esa exploración, mi actual mansedumbre seria, como la de tantos otros, pura cáscara, si no cazcarrias. No creo que deba justificarlo, por tanto, pero tampoco creo ser una excepción entre las víctimas, directas o indirectas, del peor episodio de violencia civil que la España del siglo veinte ofrendó al mundo, que, por cierto, lo acogió con entusiasmo mal disimulado, pues las batallas propias libradas en campo ajeno, con muertos ajenos y miseria ajena, siempre alegran los corazones cobardes.

De semejante ajetreo, y de la transición española hacia la democracia, de la cual lo mejor que se puede decir es que sobrevivimos, salí con escasas certezas, pero firmes. La primera, que la violencia es consustancial a la naturaleza humana. Segunda, que como tantas otras características de la naturaleza humana, debe ser abolida del intercambio social. Tercera, que eso está muy lejos de ser posible. Cuarta que, por tanto, en la democracia, insisto, en una democracia, el monopolio de la violencia debe ejercerla el estado a través de los cauces establecidos en su ordenamiento jurídico, pues una democracia no debe ser llamada tal si no tiene establecidos mecanismos de control que permitan fiscalizar ese ejercicio de la violencia. Lo contrario, esperar que los individuos se autolimiten en su ejercicio, es una clara muestra de papanatismo social o, en el peor de los casos, añoranza de la caverna, y no precisamente la de Platón. El deleznable episodio de terrorismo de estado que vivió España en los ochenta con el GAL fue atajado gracias a que funcionaron los controles democráticos. Fue muy grave que sucediese, pero aún más lo hubiese sido que no hubiesen funcionado dichos controles.

Ahora bien, esto es un “constructo social”. La democracia y los límites de la violencia no son fenómenos naturales, sino el fruto de la capacidad humana para modificar su naturaleza a través de la elaboración de pautas sociales basadas en la memoria, en la cooperación y en la transmisión de conocimiento: historia, derecho, cultura. Y esto se enseña. Porque no es natural, y porque la cultura sólo vive si se transmite.

Acabamos, pues, donde empezamos la semana pasada, en la educación. Albricias sean dadas a esa asignatura que pretende implantarse: Educación para la ciudadanía. Porque enseñarán estas cosas, digo yo. Yo hubiese preferido un título más lacónico, menos moral, más profesional, si quieren: Derecho. Sus detractores, desde ambos extremos ideológicos advierten del peligro de manipulación política. Se les ve el plumero: el talibanismo político debe temer, con razón, a un ciudadano consciente, informado y con la independencia que permite el saber. Incluso puede darse la paradoja de que esta asignatura produzca ciudadanos anti-sistema. Pero sabedores de a lo que se enfrentan, y conocedores de las reglas del juego, aunque sea para romperlas.

Pero no crea el lector amable que me creo todo lo que me dicen. Un par de meses antes de que la ministra de Educación propusiera al Consejo Escolar del Estado la creación de dicha asignatura, la ministra de Cultura de ese mismo gobierno proclamaba con ignara complacencia que “somos un país de melómanos” porque el ochenta y nueve por ciento de los españoles escucha los 40 principales en casa, en el trabajo, en el coche, en el supermercado y en el bar. ¿De quién me fío? ¿Tendrá la Formación para la Ciudadanía que adquirirán nuestros jóvenes bases tan sólidas como nuestra melomanía?