El próximo diez de noviembre hará dos siglos que las Cortes de Cádiz promulgaron la primera ley de libertad de imprenta de España. El decreto dio la vuelta a muchos siglos de censura oficial, control, poda o veto por parte de las entidades gubernamentales de todo lo publicado, instaurando la libertad de expresión. Pero claro, era 1810, y, tras feroces debates, hubo que hacer una excepción: no se daba libertad para escribir sobre religión. La Iglesia católica ganó la batalla una vez más, como una extensión heredada de la activa labor que la llevó a modificar toda la historia de la literatura hispana hasta esa fecha: desde La Celestina, pasando por Cervantes o Quevedo, toda obra tal y como hoy la conocemos fue fruto del control eclesiástico, bien por corte directo de pasajes, modificaciones, prohibiciones o, quizás por encima de ninguna otra forma de represión, autocensura.
Hoy la censura luce otros modos y se adapta a los nuevos tiempos: censura comercial, censura de mercado, censura capitalista. Blindadas las libertades fundamentales (siempre relativamente) que emanan de los organismos oficiales, el control de la libertad de expresión se ejerce desde las entidades particulares, poderes fácticos que utilizan la dependencia que de su dinero tienen otros para exigirles vasallaje periodístico. Y está la Iglesia, cuyo poder, si pudiera parecer mermado respecto de otros siglos, parece que tiene capacidad todavía de dar coletazos violentos y efectivos. No le basta con aferrarse a parcelas del poder reconquistadas gracias al franquismo (impuestos o educación entre otros), sino que recuerda sus viejos tiempos inquisitoriales con actuaciones directas: sus protestas y presiones al diario Galicia-Hoxe consiguieron la retirada del artículo de Fran P. Lorenzo Como niños píos con disfraz de mártir. Pocos días después, la imprenta encargada de entregar los 4500 ejemplares de la revista satírica Retranca secuestra la tirada con el argumento de no estar de acuerdo con los contenidos del número. En ambos casos la razón es la misma: la inminente visita del Papa a Santiago de Compostela: se limpian las calles, se tapan las miserias, se adorna el paisaje gallego con inmensos carteles con la foto del Papa pagadas con dinero público, se esconden las prostitutas y se callan las bocas disconformes.

Pero quizás lo más grave es el silencio. Busquen, busquen por los diarios gallegos o españoles referencias a ambos sucesos y verán que la ausencia de eco es casi total, con un par de excepciones honrosas. Sé que es sencillo hablar de valor y solidaridad cuando, como es mi caso, no hay presión alguna que me impida gritar. Pero son demasiados los casos para permanecer callados, demasiados cierres sumarísimos, demasiados secuestros, demasiados intocables… y demasiado silencio de quienes, por su profesión, tienen la obligación de defender la libertad de expresión que desde 1810 tantas veces fue pisoteada y enterrada bajo la tierra manchada por togas y sotanas.