Si todo sale tal como está previsto, el mismo día en que salga publicada esta columna mensual, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, tendrá lugar el acto donde las 22 academias involucradas en el proyecto de la “Nueva Ortografía” deberán suscribir y respaldar el texto definitivo que regirá la norma escrita durante algunos años.

Así que, lamentablemente y como nunca hablo de oídas, mi dictamen al respecto del resultado tendrá que esperar al menos a mi siguiente cita con ustedes, ya que el acto está previsto a las 13:30, hora de México, 20:30 en la España peninsular y sería una hora excesivamente tardía para ponerme a pergeñar esta mensualidad.

Y, por otro lado, no pocos de los prenunciados cambios son ya cosa juzgada en esta sala (aquí y aquí) y créanme que no voy a modificar aquellos criterios, menos aún en los casos en que los doctos académicos me dan la razón.

Pero no venían mis razonamientos hoy a esos detalles “científicamente” tratables de la cuestión, sino al hecho (que se me antoja sorprendente) de las polémicas, zalagardas, soflamas, bochinches, garapas y mitotes que se han producido en días pasados a cuenta de un quítame allá esas tildes.

Hombre, que los filólogos, ortotipógrafos, etimólogos y lexicógrafos pongan el grito en el cielo imbuidos de espíritu científico y corporativista me parece razonable. Al fin y al cabo son profesiones lo suficientemente aburridas como para que cualquier algarabía suponga una liberación de la rutina.

Pero que el “pueblo llano” reaccione ante las decisiones académicas de poner o quitar grafema como si se subieran los impuestos o se declarara la ley marcial, colma mi capacidad de asombro. Al parecer realmente piensan que es importante (adelanto: no lo es) y que las mudanzas propuestas son profundas (aclaro: no lo son). Y concluyo que somos pueblos (los de allá y los de acá) para los que el idioma y su uso correcto alcanzan estatura de problema nacional y aun transnacional.

Pero lo que no es de recibo es que si no parecen buenas las disposiciones en materia de normalización idiomática que debaten, acuerdan e imprimen la Asociación de Academias de la Lengua Española, se ejerza simplemente ese derecho al pataleo resignado, en la creencia simplista de que “por la fuerza de la ley” se nos obligará a aceptar unas normas que no son las conformes a la costumbre.

Porque, insisto (y ya son mil), no es así. Las normas las pone quien habla y quienes le escuchan, quien escribe y quienes le leen, primando por encima de cualquier criterio la claridad en el mensaje, la función comunicativa. Y no es ese argumento una llamada a la desobediencia, sino a la conciencia de que el idioma es nuestro y las autoridades académicas únicamente tienen la misión de estudiarlo, entenderlo, aceptarlo y proclamarlo.

En las últimas páginas de la Gramática Esencial del Español, obra de Manuel Seco, mucho más compleja y profunda que lo que podamos entender por “gramática”, el autor incide en esta cuestión y así lo expresa:
Para el hablante español medio, la autoridad máxima, algo así como el tribunal supremo del idioma, es la Real Academia Española. Esta institución oficial nació, en 1713, con un carácter exclusivamente técnico (diferente del de hoy, que es en gran parte honorífico) y con una finalidad muy definida, que está de manifiesto en su lema: Limpia, fija y da esplendor. […] La autoridad que desde un principio se atribuyó oficialmente a la Academia en materia de lengua, unida a la alta calidad de la primera de sus obras, hizo que se implantase en muchos hablantes —españoles y americanos-, hasta hoy, la idea de que la Academia “dictamina” lo que debe y lo que no debe decirse. […] En esta actitud respecto a la Academia hay un error fundamental, el de considerar que alguien —sea una persona o una corporación- tiene autoridad para legislar sobre la lengua. La lengua es de la comunidad que la habla, y es lo que esta comunidad acepta lo que de verdad “existe”, y es lo que el uso da por bueno lo único que en definitiva “es correcto”. La propia Academia, cuando quiso imponer una determinada forma de lengua, no lo hizo a su capricho, sino presentando el uso de los buenos escritores. La validez de un diccionario o de una gramática en cuanto autoridades depende exclusivamente de la fidelidad con que se ajusten a la realidad de la lengua culta común; ninguna de tales obras ha de decirnos cómo debe ser la lengua, sino cómo es, y por tanto su finalidad es puramente informativa. Se puede buscar en ellas orientación, no preceptos.

El problema en todo esto es que las academias, y muy especialmente la española, a fuerza de que los demás las vean como si fueran olimpos infalibles del idioma, podrían haberse creído que sí, que son los amos del cotarro y administradores plenipotenciarios de la cosa idiomática. Y no hay tal.

Tal vez en un tiempo pretérito, donde los niveles de alfabetización eran lamentablemente bajos y, sobre todo, la difusión de material escrito estaba reservada a un pequeño grupo, generalmente profesionalizado, las ortografías podían generarse en sentido descendente: nosotros dictamos, vosotros acatáis.

Pero hoy, en este siglo y con estos medios, cuando yo, mi portera y cualquiera de ustedes puede lanzar su verbo al estrellato de una bitácora, publicar sus versos o sus memorias en formato electrónico abierto a todo lector que acierte a pasar por allí y, en definitiva, utilizar la vieja herramienta de la palabra escrita como mejor entienda y conozca ¿por qué hemos de aceptar las decisiones unilaterales de cuatro señores y alguna señora? ¿Y qué méritos ostentan para tomarlas que todos hayan de respetar? Porque, hasta donde yo sé, ocupan su silla-letra a raíz de un proceso endogámico, designando candidaturas entre amigos y conocidos, procedimiento difícilmente compatible con la norma democrática y transparente que es exigible para administrar bienes públicos, materiales o no.

Y si necesariamente ha de ser así, si la lengua que yo escribo y ustedes leen, tiene que ser (por la razón que sea) regulada desde un cenáculo limitado en número, quiero que sean los hablantes quienes decidan quiénes han de integrarlo. Y en consecuencia declaro que:

Soy hablante de español, es mi lengua materna y en ella pienso, hablo y escribo, y exijo desde el presente MANIFIESTO que se modifiquen los estatutos de las academias de la lengua y en particular la Real Academia Española, de forma que se me permita ser oído y participar, directamente o a través de representantes libremente elegidos, en las decisiones que afecten a la lengua española, patrimonio común y tesoro cultural de todos sus hablantes.

Y va en serio… pero si no me hacen puñetero caso (que es lo más probable), tampoco pasa nada; repito: no es tan importante. Usted siga hablando y escribiendo como le enseñaron y conoce, que si basta para que se haga entender, bien está.

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