Pocos temas suscitan en España mayor grado de papanatismo ni, de forma solo aparentemente paradójica, mayor visceralidad e irracionalidad, que el de la educación. Un auténtico campo minado que, además, tiene la particularidad de que no explota cuando se irrumpe en él como elefante en cacharrería, sino cuando se lo aborda con delicadeza, con sentido común, con conocimiento. Aún sabiendo que lo menos que se me dirá es que soy soberbio, intentaré la segunda opción ante lo que se me antoja una ofensiva política de hondo calado que amenaza con provocar una estampida de elefantes.

La educación.

Les pongo en antecedentes. La Comunidad de Madrid ha incluido en las oposiciones docentes de 2013 una prueba con preguntas que supuestamente debería saber responder un alumno de 12 años. La Consejería de Educación se apresuró a hacer público que el 86% de los aspirantes suspendieron la prueba. Según datos oficiales, se presentaron 14.110 aspirantes para 489 plazas. Aprobaron esa parte del procedimiento selectivo 1.913. ¿Escandaloso? Si mi calculadora no falla, son 3,9 candidatos por plaza. Deduzco, pues, que el escándalo no es que no haya aspirantes suficientemente preparados, según el criterio de la Comunidad de Madrid, para acceder a un puesto de maestro. La consejería correspondiente se ha apresurado a hacer público el dato, y, con celo inquisitorial, una antología del disparate de clara raíz franquista, para escarnio y vergüenza de los suspendidos, lo que ha sido acogido en algunos círculos bienpensantes con indisimulado alborozo (¡con qué prontitud se han apuntado El País o Félix de Azúa!). ¿Qué es, pues, escandaloso? Tres opciones: la formación de los maestros en particular, la formación de la población española en general, El Sistema Público de Educación en su conjunto. ¿Contra quién creen ustedes que dispara la Consejería madrileña? Exacto: contra todo lo que se menea. No es casual que estas oposiciones y esta información se difundan cuando la Comunidad de Madrid se dispone a rebaremar las bolsas de trabajo de interinos para que el valor del proceso selectivo prime sobre la experiencia laboral, como argumento ex post: “¿ven ustedes como teníamos razón?” proclaman a voz en grito.

Y lo último que necesita la educación en España son gritos. Voy a intentar desbrozar un poco el camino, repleto de malas hierbas, a partir de una terna de preguntas clásicas, de sentido común, aunque en un orden que no es usual.

¿De dónde venimos? Hay que recordar, para nuestra desgracia, que aunque la labor de destacados pedagogos y maestros que ejercieron durante la primera mitad del siglo XX en España marcó un camino que pudo ser fructífero, el franquismo hizo tabula rasa de ello: les asesinó, encarceló, o empujó al exilio exterior o interior, para implantar un modelo educativo basado en la disciplina ideológica y social, implementado por hombres y mujeres cuyo mérito académico se limitaba a los estudios básicos. Vamos, como si reclutáramos para las aulas a nuestros graduados en educación secundaria. Al mismo tiempo alentó una educación privada de orientación religiosa que, ésta sí, contaba con maestros y profesores con estudios superiores. El prestigio de la educación religiosa durante el franquismo no era su ideología, sino su calidad en términos relativos: la Pública era una mierda, con contadas y honorables excepciones. La Ley General de Educación, de 1970, intentó reformar este sistema, por pura necesidad: había que colocar el baby boom de la segunda mitad de los 60. El estado dejó de ser subsidiario de la educación privada, pero el sistema educativo español se perpetuó como un sistema dual: la educación pública y la educación privada (incluyendo la privada concertada). El acceso a los puestos docentes públicos de nuevas generaciones ya formadas en las aulas universitarias igualó, e incluso superó, en calidad a las anquilosadas estructuras educativas de los colegios privados religiosos, que iniciaron un proceso de reconversión intentando cubrir las áreas que la Educación Pública dejaba descubiertas: la educación segregada (en cuanto a género o en cuanto a clase social) de las élites económicas y, subsidiariamente, las enseñanzas especializadas (religiosa, lingüística, y, con el tiempo y ante los problemas que acarreó la deficiente implantación de la LOGSE, la enseñanza “de Calidad”). Este paradigma educativo dual del estado español es uno de los problemas del sistema: centrifuga hacia su periferia una cantidad ingente de recursos económicos que son imprescindibles para que la educación pública pueda asumir esas funciones, como lo demuestra el hecho de que en algunos lugares de España el peso del sistema educativo privado haya superado al del sistema público. El objetivo es claro: que la iniciativa privada lleve el peso mayoritario de la educación en España, y el público sea subsidiario cubriendo los márgenes, esto es, el servicio a áreas geográficas y sociales poco rentables para las empresas privadas.

Pero el paso del tiempo y el aumento de la población educada en nuestro país hizo evidente que no sólo era necesario que el estado se encargara de la educación de sus ciudadanos, como ya ocurría desde 1970, sino que era necesaria una renovación profunda de los métodos y las estructuras educativas públicas, no ya para superar a la educación privada, sino para situar la educación pública en España en un nivel equiparable al de la educación en Europa, en la que aspirábamos a ingresar. Éste fue el objetivo principal de la tan denostada LOGSE, que vió la luz en 1990, y que desde sus orígenes fue interpretada por la derecha española como una ley “ideológica”. De izquierdas, vamos. No se me oculta que hubo una oposición pertinaz, también, desde la misma profesión docente. Y permítaseme aquí señalar que dicha oposición tuvo más de resistencia al cambio (se introdujo, por ejemplo, la obligación de la formación permanente del profesorado) que de impugnación pedagógica, aunque ésta fuese el disfraz con que se vistió al santo. El PP en el gobierno intentó modificarla en 2002 (Ley Orgánica de Calidad Educativa, título en el cual aparece el Mcguffin de las polémicas educativas actuales: la calidad), pero quien lo hizo fue el PSOE en 2006 (LOE). El actual gobierno tiene previsto aprobar una nueva reforma educativa (la conocida como Ley Wert).

Hoy la percepción pública es que la LOGSE fue un fracaso. Lo fue. Las evaluaciones independientes de nuestro sistema educativo a partir de los resultados académicos de nuestros alumnos nos dicen que no hemos avanzado mucho, casi nada. En lo que seguro discrepamos es en las causas y, por tanto, en las consecuencias. Para los adalides de la Calidad educativa, la causa es que las novedades pedagógicas que implementaba la LOGSE eran ineficaces, e incluso regresivas desde el punto de vista del saber: el énfasis en métodos y estrategias educativas para hacer al alumno más autónomo en su aprendizaje y mejorar su capacidad para formarse e, incluso, autoformarse a lo largo de toda su vida implicaba impartir menos conocimientos concretos (menos saber) y más procedimientos (más aprender a aprender, esa aparente tautología que ha dado para tantos sarcasmos). Yo creo que las causas son otras, y aunque dan para varias tesis doctorales, las resumiré en dos: la falta de un compromiso social que situara la Educación Pública en España fuera de la batalla política, y, paralelamente y como consecuencia a su vez de esa falta de consenso, la nula financiación que recibió el proyecto. Aún recuerdo el mantra de la financiación cero. Vamos, como querer construir un avión con el papel, las cañas y las cuerdas con los que construimos la cometa. Un fracaso anunciado.

¿Quiénes somos? Pues somos esa panda de desarrapados que con los restos de la cometa ha conseguido construir un ala delta. A mí no me parece poco mérito, pero yo también quiero más.

¿A dónde vamos? Pues todo parece indicar que la educación pública se dirige hacia la desastrosa subsidiariedad que dibujaba más arriba. A no ser que empecemos a hacer bien las cosas, como, por ejemplo, un nuevo sistema de acceso a la función pública educativa (la idea del MIR docente es interesante), una mayor profesionalización y autonomía en la gestión de los centros educativos, que permita restituir al profesorado la categoría profesional que merece, lo cual no significa (estupidez donde las haya) que se le reconozca legalmente su autoridad, sino que se le reconozca su capacidad para dirigir su actividad profesional. Que las reformas sean fruto del trabajo y el acuerdo de los profesionales que trabajan en la educación pública y no las ensoñaciones de los políticos. Que su financiación sea la necesaria para alcanzar los objetivos demandados por la sociedad (¿aún hay quien cree que se puede educar mejor a más alumnos con menos profesores? ¿Entonces, por qué pagan profesores particulares a sus hijos?).

Sí, sí, ya lo sé. El sentido común y todo aquello del menos común, etc, etc. Pero, qué quieren, soy tan ingenuo que continúo yendo a trabajar cada día creyendo que ese día mis alumnos me enseñaran algo que no sabía. Y, ¿saben?, siempre sucede. Espero que ellos aprendan de mí algo del sentido común necesario para que otra Educación Pública sea posible, algún día.

El saber.

La prueba que debieron superar los aspirantes del proceso selectivo madrileño es todo un poema. Malo. ¿No se enseña a los adolescentes españoles nada más reciente, literariamente hablando, que la generación del 98? ¿En serio que lo más importante que debe saber un chaval o chavala de doce años sobre el río Duero es el nombre de las provincias por las que pasa? ¿Mejor eso que descubrirle que esa división territorial no es ni inmanente ni eterna, o la relevancia agrícola y ecológica del Duero? ¿Y por qué razón excluimos del Duero su tránsito portugués? ¿O eso lo aprenderán en Bachillerato? ¿O nunca? Llámenme paranoico, pero yo veo un claro relato político en ese examen: al PP le vuelve a doler España. Que lo disfracen de calidad educativa sólo engaña a quienes, hombres sabios sin duda, creen que Bárcenas ganó legal y honradamente treinta y ocho millones de euros. Esto es, ni a ellos.

La ignorancia.

El artículo de Félix de Azúa es tan hiriente como su autor pretendía, sin duda. Los responsables de la situación de la educación en España son los sindicatos docentes que protegen a los maestros y los profesores incapaces. Aunque el artículo no lo explicita, está claro que si estamos en tan mala situación es porque la educación pública española está llena de incapaces.  Sólo se me escapa por qué, si los 12.197 suspendidos han acabado una carrera universitaria, la universidad (en boca de Azúa) declina toda responsabilidad. ¿Que su trabajo no es enseñar esas cosas? Ah, claro. Y la culpa es de Zapatero, por si no lo sabían.