No han faltado intelectuales que lo avisaran. El capitalismo reduce la política a la economía, y el capitalismo financiero la desmaterializa y la deslocaliza. El resultado es que la soberanía democrática y la soberanía individual siguen el mismo camino hacia ninguna parte, y acaban asaltadas y ocupadas por una suerte de naturalismo soberano: la ley del más fuerte.

Mario Monti quiere seguir en el poder sin afrontar el mal trago de encabezar una lista electoral. Por mucho que nos haga gracia la florentina sutileza del italiano, lo que propone es una suerte de excepción soberana: no sería elegido por aquellos en quienes reside la soberanía, sino por aquellos que, una vez elegidos, deciden no ejercer el mandato soberano y delegarlo en otro que simplemente lo ejercerá porque puede. Lo que en medios periodísticos se interpreta como una jugada para aparecer au dessus de la mêlée me parece el resumen perfecto de los tiempos que vivimos, como ya demostró su primera elección hace un año: la soberanía ya no reside en un cuerpo democrático de electores, sospechoso de no actuar por el bien común.

Mariano Rajoy gobierna en España con la legitimidad formal que le confiere la constitución, aunque deslegitimado porque no hace lo que dijo: porque no cumple el contrato social al que se obligó. Lo hace porque “es lo que hay que hacer”. Esto es, porque no puede hacer otra cosa, porque aquel que fue elegido para actuar  soberanamente no puede hacerlo. Como consecuencia, actua desplazando el estado de derecho hacia el estado de excepción: reduciendo la soberanía individual de buena parte de la población, a quienes el estado retira la posibilidad de una bíos (una vida política, con capacidad de decisión soberana), y reducirlos al estado de una mera zoé (nuda vida, pura lucha por la supervivencia, y por tanto eliminable, sin soberanía ni autonomía). Desplaza de la protección soberana a inmigrantes, parados, enfermos, discapacitados, ancianos, mujeres, niños, jóvenes, y a todos quienes no pueden imponer su poder económico. Es la paradoja del gobernante democrático de la segunda década del siglo XXI: actuar como mero administrador del poder del lobo humano, ya reducido a decidir quién vive y quién muere, quién es un ser humano, y quién un piojo.

En este sentido se entiende la aversión a, si no la negación de, la expresión libre de las opiniones en la calle, a través de manifestaciones o cualquier otra suerte de formas de protesta, puesto que ésta se convierte no sólo en la manifestación de una opinión, sino en una reivindicación de la existencia política de parte de aquel en quien, al menos teóricamente, reside la soberanía. Si el habeas corpus, ese principio jurídico que obliga al magistrado a exhibir el cuerpo del imputado y a exponer los motivos de su detención, es, en cierto modo, un hito fundacional de las democracias modernas, las manifestaciones son la exhibición de ese cuerpo sin cuya presencia el acto jurídico es ilegítimo: una demanda de responsabilidad ante quien no se responsabiliza de nada. Las apelaciones de Rajoy a la “mayoría silenciosa” contrapuesta a las movilizaciones en la calle empiezan a rondar la insufrible exigencia de que muramos en silencio, descorporeizados, desmaterializados, deslocalizados. Como piojos.