Si algo hay que agradecer a Esperanza Aguirre es su sinceridad. Declarava, el 14 de marzo pasado, a un mes y escasos días de las elecciones municipales y autonómicas en que fue reelegida, que la educación sería su prioridad durante la nueva legislatura: “educación, educación, educación…” dijo. Y añadió “aunque sin descuidar la sanidad pública”. Alguien puede pensar que mintió, engañó o por lo menos no dijo en qué sentido la educación iba a ser su prioridad. Pero no crean. Sí lo dijo. Dijo, literalmente, que “la situación educativa en España es tan grave que no puede retrasarse un minuto más la adopción de medidas que aborden el problema en profundidad, y que en este asunto, como en muchos otros, el Estado no sólo no es la solución, sino que es parte fundamental del problema”. Así, la aguerrida Aguirre declarava la guerra a la educación pública y, por extensión, al Estado que ella misma encarnaba y sigue encarnando como presidenta de una comunidad autónoma.  ¿Que probablemente se refería al estado central y no al autonómico o municipal? Ella misma lo aclara enseguida: “hay que aumentar la libertad de los promotores de colegios, de los propios colegios y de los padres para ofrecer, por un lado, y elegir, por el otro, distintas posibilidades de educar a los hijos, mientras que el Estado bien puede quedarse sólo con las tareas de inspección y de homologación de centros y programas de estudio.” Y todo eso sin siquiera poner excusas de mal pagador sobre la crisis y sus consecuencias recaudatorias, ni moralina edulcorante sobre que todos tenemos que apretarnos el cinturón. A la brava y sin vaselina: la educación pública debe desaparecer, sin más.

Nadie puede quitarle el mérito a esta buena mujer de que pone la cara por delante para que se la partan, a diferencia del resto de sus correligionarios y copartidarios, que son mucho más remilgados que ella. De Rajoy ya sabemos que incluso cuando sea presidente su mano derecha no sabrá lo que hace la izquierda, que es la mejor manera posible de no decir ninguna inconveniencia. Pero ni siquiera el mentor de ambos, el expresidente Aznar, se atrevió hace unos días en Málaga a llamar a las cosas por su nombre, y en un discurso supuestamente duro sólo se atrevió a decir vaguedades como que “lo normal es que los padres puedan responsabilizarse de la educación de sus hijos”. Fíjense ustedes en el subjuntivo: “puedan”. Esconde, en última instancia, la creencia de que el estado lo impide, y que debería inhibirse a favor de una oferta privada que permitiera la libre elección paterna.

Dos cuestiones me asaltan y, debo decirlo, las dos convierten al PP en el partido más antiespañol que los anales recuerdan. Una, si la confianza en que la divina mano del mercado (¡con la que está cayendo!) regulará adecuadamente un pilar de la cohesión social es sólo una ingenuidad, o esconde un mefistofélico plan para rematar este país aprovechando que ya está de rodillas. Y la segunda es: si los políticos del PP pretenden que el estado, ya reducido a proporcionar educación y sanidad a sus ciudadanos, debe desaparecer, ¿eso implica que ellos desaparecerán de la escena pública en cuanto suceda?

Cachis, ya me lo temía.