A veces es que soy muy tonto. Fíjense ustedes que yo no había caído en la cuenta de que, en este país, la comunicación política a través de medios de comunicación de titularidad privada está prohibida por ley. Y lo he descubierto porque los socialistas valencianos habían iniciado una campaña de propaganda contra el PP en las radios comerciales. Ya estaba yo aplaudiendo con las orejas la primera iniciativa realmente útil y engagée de los socialistas valencianos desde hace décadas (sí, ya ven, empezamos a contar los tiempos políticos por décadas, aquí), cuando “llegó el comandante y mandó a parar”, esto es, cuando salió la portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana diciendo de malas maneras —por la desvergüenza que supone que el gobierno que controla la televisión más sectaria y partidista de España, Canal 9, mencione el NO-DO en casa del ahorcado—, que iban a paralizar la campaña para hacer cumplir la ley.

Mi mesurado entusiasmo estaba más relacionado con el medio que con el mensaje (desde luego, hubiese preferido una campaña propositiva a una negativa, no ya por cuestiones morales sino porque la curiosidad por saber si tienen algo que proponer me parece más eficaz, más mediática, que la reiteración de las corruptelas y los desvaríos de esta gente), o en cualquier caso consideraba, a la McLuhan, que su presencia en el medio ya era mensaje suficiente. Pero, como digo, va y resulta que está prohibido, y la verdad es que no entiendo por qué. Bueno, como suele suceder, sí lo entiendo pero no lo comparto, puesto que tal medida es un síntoma más de que nuestra democracia se quedó corta de vuelo nada más nacer, y nos da tanto miedo tocarla que vamos a seguir dejando que se deshaga en jirones hasta que ya no nos quede nada.

Entiendo que la razón por la cual se prohibió la comunicación comercial de contenido político fue una bienintencionada obsesión por garantizar la igualdad de oportunidades entre las diferentes formaciones políticas, es decir, evitar que quienes más tienen impongan su presencia mediática y con ello adulteren la competición electoral. Esta es una preocupación propia de las instituciones democráticas  europeas anteriores al tsunami neoconservador de los años 80, y en cualquier caso anterior a la explosión de medios de comunicación audiovisuales, incluido internet, durante los años 90, que en la actualidad muestra cotidianamente su sinsentido: es mejor comprar una tele o una radio (o “ganarla” en unas elecciones) y emitir tu propaganda (y ningunear al adversario) a través de los informativos, las tertulias o los programas de supuesto debate, pero también a través de los supuestos programas de entretenimiento. ¿Resultado? Una medida que pretendía regularizar un acceso equitativo de las diversas formaciones políticas a los principales medios de comunicación se convierte en la práctica en la via para el control ideológico de la opinión comunicada y en la trampa que impide deslegitimar ese control. ¿Que entonces el PP y sus ricos empresarios ganarán la partida? Pues reformemos la ley de financiación de partidos políticos y hagámosla más transparente. No digo más restrictiva, digo más transparente: que sepamos de dónde saca cada euro un partido político, que los límites se cumplan, y que las sanciones por su incumplimiento sean rápidas y efectivas.

Al parecer los socialistas valencianos han renunciado a la batalla legal por defender su postura. Hacen mal, porque la reciente Ley General de la Comunicación Audiovisual, que recoge dicha prohibición en su artículo 18, está mal redactada: prohíbe “la comunicación comercial de naturaleza política, salvo en los supuestos previstos por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General”, pero define la comunicación comercial, en su artículo 2, como “Las imágenes o sonidos destinados a promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una persona física o jurídica dedicada a una actividad económica.” Ergo, o los partidos políticos tienen ánimo de lucro, cosa que por otro lado la ciudadanía ya cree, o ese artículo no es aplicable a la campaña de los socialistas valencianos, porque no es una comunicación comercial, esto es, no está dedicada a promocionar a una persona física o jurídica dedicada a una actividad económica

Y hacen mal porque en nuestra vergonzante democracia mediática nada hay que provoque más adhesiones que ser la víctima de la restricción arbitraria de las libertades individuales y colectivas. Pero, ay!, esa ley es de Zapatero, y ya han decidido no disparar contra el pianista.