Dos avisos de partida. Una, que soy un funcionario público docente. La otra, que en este país no hay modo de ejercer mi profesión tal como la entiendo y deseo practicarla si no es dentro de esa categoría laboral. Así pues, mi condición de funcionario es un medio, como de hecho me consta que lo es para muchos de mis compañeros,  y no un fin en sí misma.

Dicho lo cual, aclaro también que no participaré en la convocatoria de huelga de la función pública convocada para el día 8 de junio. Como no creo que me falten razones para justificar mi decisión, las explico. Debo agradecer, sin embargo, a los compañeros docentes que generosamente han compartido conmigo sus opiniones sobre la huelga (a favor, en contra o ni lo uno ni lo otro), especialmente a Josep Villarroya y Ramon Ruipérez.

Bien, vamos a ello. En primer lugar,  creo que la huelga es un instrumento para la lucha obrera del siglo XIX, teniendo en cuenta que dicho siglo acabó en 1914. Durante la primera revolución industrial los obreros eran todavía artesanos que trabajaban para terceros. Una huelga destrozaba la capacidad productiva de una fábrica y la riqueza de un patrono, pues no podía sustituir fácilmente a los obreros. La electricidad y la organización científica del trabajo a través de lo que conocemos como taylorismo, primero, y fordismo, después, consiguen organizar una sociedad industrial en donde la cuestión económica y la cuestión social se dan la mano convirtieron las huelgas en un instrumento de lucha estrictamente política. Como dijo Ford en sus memorias, nunca redujo tanto sus costos de producción como el día en que duplicó el salario obrero. La actividad industrial y la protección social se dieron la mano y crearon el mundo que hemos conocido hasta finales del siglo XX. Ahora, inmersos plenamente en una sociedad postindustrial en donde la cuestión económica y la cuestión social se han escindido por completo, puesto que la primera descansa en el mercado y la segunda en el estado, las huelgas ya no sirven a la lucha obrera (si es que el concepto tiene ya sentido), sino a la lucha política. Esto explica por qué los sindicatos de derecha y de extrema derecha han abrazado la huelga como método de lucha contra el gobierno. Y uno de los pocos ámbitos de decisión soberana que me quedan es elegir mis compañías.

Apunto, además, que como funcionario público, cuando hago huelga (porque la hago de vez en cuando: eso sí, siempre por motivos políticos), me siento más cerca del cierre patronal que de la lucha obrera. Cosas de la conciencia burguesa.

Pero independientemente de esto, los argumentos en contra de la huelga son dispares, así que continuaré con un repaso por aquellos que más he escuchado, y sus contraargumentos.

Empecemos por los problemas de conciencia. Hay gente que lo pasa peor que nosotros. El contraargumento es que no se trata de rebajar nuestros derechos laborales (nuestros privilegios como funcionarios, según una opinión ampliamente extendida entre la ciudadanía), sino de conseguir más y mejores para todos. Y que las medidas del gobierno son populistas porque nos desprestigian ante los trabajadores. Ahora permítanme que hable como funcionario docente: la gente que lo pasa peor que nosotros son nuestras familias, nuestros alumnos y sus familias. ¿Qué mensaje les transmitimos mediante la huelga? A) que hacemos huelga porque podemos, mientras que los trabajadores del sector privado se enfrenta a consecuencias mucho más graves que las que padeceremos nosotros. Esto es: somos unos privilegiados. B) Si hacemos huelga justo cuando nos bajan el sueldo y no, pongamos por caso, cuando la tasa de paro alcanzó los cuatro millones, ¿quién creerá que lo hacemos para que las condiciones laborales de todo el mundo mejoren? Podemos hacer tanta didáctica de la huelga como queramos, pero si la cultura mediática en que vivimos no nos ha enseñado todavía que el sentido del mensaje no depende del emisor, sino del canal que lo transmite y del receptor que lo recibe imbuido de una cultura de la sospecha sobre el sentido de los mensajes transmitidos, mal vamos. Creo que es necesaria más imaginación reivindicativa, encontrar la manera de que el mensaje no pueda ser tergiversado. C) No estoy de acuerdo con que las medidas del gobierno sean, per se, un desprestigio para los trabajadores públicos (que, además, según este argumento estarían más preocupados por su honor que por su sueldo). El desprestigio de los funcionarios públicos tiene raíces muy profundas en nuestra sociedad, uno de cuyos brazos, probablemente el más grueso por ser el más cercano, es el franquismo, un sistema político basado en el patronazgo social y repartidor de bulas y beneficios en forma de sueldos públicos para afines ideológicos y familiares. Hay que reconocer, además, que las administraciones públicas democráticas que le sucedieron no consiguieron cambiar esa percepción. Puestos a hacer propuestas, y no sólo a criticar, propongo recuperar una vieja reivindicación de finales de los 70 y principios de los 80, en tiempos de la masificación universitaria, y cuando la cantidad de profesores no funcionarios (los PNNs) ultrapasaba sobradamente a los funcionarios: la abolición de la condición de funcionario y su substitución por un contrato laboral indefinido. Eso sí que seria abrazar la causa obrera y abolir de golpe cualquier sospecha de privilegios. Lanzaríamos un mensaje a la sociedad muy difícil de manipular, y de gran impacto mediático.

Seguimos con la apelación a los valores: “esto lo solucionamos entre todos”. Se contraargumenta que no tenemos por qué arreglar nosotros lo que otros han roto. Que no somos los responsables de la enésima crisis capitalista ni del capitalismo que nos ha hecho envidiosos, avariciosos y hedonistas, meros productores y consumidores. Comparto la opinión de Félix Ovejero sobre la apelación a los valores en El País de hoy. Y además diré que no creo en soluciones basadas en la buena voluntad de la gente. Más bien tiendo a creer que la gente no tiene voluntad, ni buena ni mala. Y yo sí creo que somos responsables de la enésima crisis capitalista: lo consentimos, lo promovimos (con nuestro voto), nos entusiasmamos con las cosa que gracias a esa política podíamos hacer con nuestro dinero (ser ricos comprando propiedades inmobiliarias a plazos, viajando a cuerpo de rey gracias a un euro sobrevalorado, exhibiendo nuestra potencia sexual al volante de un, o de más de un, coche más nuevo, más grande, más veloz, más caro…). Podemos discutir el grado de culpabilidad, pero no que los ciudadanos son, y deben ser, responsables de lo que pasa: primero porque podían haber dicho que no. Después porque podían haber dicho basta. I todavía ahora por buscar chivos expiatorios. 

Otro argumento contra la huelga es que no queremos ser utilizados por la derecha. El contraargumento es que el PSOE hace políticas de derechas. Veamos. En primer lugar la utilización y la manipulación de los movimientos de masas es una característica intrínseca de la política moderna, de la que la política postmoderna es sólo un refinamiento. Y no se salva nadie. Ni uno. De cualquier signo ideológico. En segundo lugar no comparto la idea de que “todos los políticos son iguales” y que “El PP y el PSOE aplican las mismas políticas”. El diablo habita en los detalles. Y no es lo mismo, en absoluto, que nos gobierne el PSOE que el PP. Aquí en València, parece que 20 años de gobierno del PP en la ciudad y 15 en el gobierno autónomo nos han limado el intelecto definitivamente. ¿Y nadie recuerda la segunda legislatura de Aznar? No tengo ningún interés en defender la política del PSOE: a veces acertada, a veces desacertada, a veces catastrófica, como la apuesta de Zapatero por los servicios sociales como motor de la economía alternativo a la construcción, sin darse cuenta que los empresarios dedicados a los servicios sociales, muy listos aunque sean de derechas, son los constructores que han diversificado así el negocio: obra pública más gestión privada, todo acaba en el mismo bolsillo. Por ejemplo, Juan Cotino y familia. Y todo esto en lugar de potenciar la innovación empresarial científica y tecnológica, y la educación y la formación permanente. Puede que el PSOE haga políticas de derecha, pero no las políticas que la derecha hará cuando gane (penalización del aborto, descapitalización de la enseñanza pública, restricción de las libertades civiles…).

El escenario que se nos plantea es, pues, que si vamos a la huelga de funcionarios públicos y tiene éxito, el PP interpretará que está legitimado para aplicar contundentemente sus políticas, inmediatamente en València, Madrid y Galicia, y dentro de poco en España. Y si les montamos otra huelga para contrarrestarlos, ¿no habrán aprendido a refinar sus métodos de manipulación mediática un poco torpes durante la huelga general de 2002?

Aunque claro, esto es música celestial para los cuatro millones y medio de parados, los millones hipotecados, la niña que no puede hacer balonmano porque un padre está en el paro y al otro le han recortado el sueldo, y hay que pagar una matrícula universitaria. Sólo me consuela que un día será una excelente abogada, una persona de bien, alguien que hará el mundo mejor con su mera existencia.