Como sabemos bien por la religión, existe el pecado por omisión, e incluso en su vertiente laica existe el crimen por la misma especie (como mínimo, por omisión del deber de socorro). No me siento especialmente pecador estos últimos años, ni criminal, así que, aunque mi carpeta de temas por tratar empieza a ser extensa, he creído que debía adelantar éste sobre los demás, pues si no corría el riesgo de ser lo uno o lo otro, o los dos.

No discutiré si el procesamiento de Garzón es el justo pago por sus errores procesales (versión ABC) o una conspiración falangista après la lettre (versión El País). Sólo observaré la aparente contradicción entre la celeridad con que la administración de justicia ataja comportamientos profesionales potencialmente desestabilizadores de su statu quo (entiéndase el de Garzón y la jurisdicción universal), y la dejadez con la que actúa cuando esos comportamientos refuerzan ese mismo statu quo (entiéndase la connivencia entre los poderes judiciales y políticos, como de la Rua y Camps, amigos íntimos), o cuando simplemente conviene ocultar que hay jueces indignos para que nadie crea que la justicia española es indigna. Dicho de otro modo, la opción del Poder judicial está siempre más cercana al poder que a la justicia. En qué medida la investigación de Garzón sobre los crímenes del franquismo ponía en cuestión al conjunto de la justicia española que primero avaló y después silenció los ilícitos franquistas, puede que esté detrás de la más que dudosa actuación del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón. Probablemente haya que expulsar a Garzón del paraíso jurídico porque su interés por las causas contra los crímenes franquistas acabe siendo también interés por los crímenes de la justicia franquista.

¿A qué viene, me pregunto, ese interés del actual poder judicial por no deslegitimar actuaciones pasadas fundamentadas en principios abiertamente contrarios a los que debería regir la filosofía del derecho en democracia?¿Qué interés tiene el Tribunal Supremo en fundamentar la legitimidad del poder judicial en el valor universal y eterno de la justicia, como valor más allá del mero hecho de que sus actos sean justos o no? Otra vez, se trata de la defensa del statu quo.

Para nuestra desgracia y la de Garzón, además, todo este entramado se justifica iusfilosóficamente mediante una interpretación netamente democrática (de democracia liberal en el sentido de antitotalitaria) de la Constitución, que establece el principio de la no-identidad de la Constitución con las cosmovisiones morales, ideológicas o religiosas sobre la sociedad y sobre el mundo. Significa que la Constitución acepta diferentes concepciones del mundo en el terreno de la política y que, como texto exclusivo del derecho, no se inclina por ninguna de ellas. Además en el texto se encuentra una pluralidad de valores diferentes sin que haya ninguna regla consistente para dirimirlos. Como no hay reglas para dirimir qué valores deben primar sobre otros, el resultado es que la Constitución permite que incluso que quienes abogan por la identidad de las cosmovisiones morales y el ordenamiento jurídico puedan apelar a ella para que les defienda.

Mis mayores dirán que éste es el lodazal en que nos metió la renuncia a la ruptura y la opción por la reforma durante la transición, para el mantenimiento de la paz social. Puede. En cualquier caso, como ahora se ve, está siendo la paz de las fosas comunes, de la impunidad, y un nuevo motivo de agravio para quienes sufrieron la muerte, la tortura, la cárcel o el exilio, y para sus familiares.