Quería escribirles sobre el futuro de la democracia a propósito de las últimas broncas entre gobierno y oposición sobre la gestión de la crisis económica, sobre el improbable pacto social, y sobre la tendencia a la moralización de la política propia de las llamadas “democracias populares”, tipo chavismo en Venezuela, o democracia a la valenciana (i.e. esa forma idiosincrática de la democracia española). Pero mientras tomaba notas y releía textos, no sólo recordé de dónde había sacado la idea, sino que caí en la cuenta de que difícilmente lo explicaría mejor que el propio Niklas Luhman en su artículo “El futuro de la democracia”, de 1987. A veintidós años vista, y contra nuestra tendencia a creer que el deterioro democrático es cosa reciente, el análisis de Luhmann mantiene su vigencia.

¿Cuál sería entonces el futuro de la democracia? O, más exactamente, ¿cuál es el presente de este futuro y qué puede reconocerse en la realidad política de nuestros días como un problema futuro y una fuente de peligro para esta peculiar e improbable estructura?

Si el conjunto es altamente improbable, hay muchos datos que avalan la idea de que no podrá sobrevivir y acabará degenerando en la dirección de las así llamadas democracias populares. Si ha de mantenerse el código, requerirá sin duda de determinados esfuerzos y sobre todo, y en mi opinión como optimista teórico, de una descripción exacta; esto es, restrictiva. Mediante este tipo de descripción puede crearse al menos una sensibilidad hacia aquellos puntos en los que hoy pueden observarse ya déficits funcionales. Sin ningún ánimo exhaustivo elijo tres de ellos.

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Normalmente se suele concebir la democracia como el hecho de que mediante la elección de un determinado partido o grupo de partidos se toma una decisión respecto a un programa político que se diferencia del programa de otros partidos. Esto presupondría la existencia de una correlativa programación de partidos opuesta entre sí, de tipo binario —como conservador/progresista o, ya que ésta ya no funciona, entre políticas del Estado de Bienestar restrictivas/expansivas o, si la economía no lo permite, entre preferencias ecológicas versus preferencias económicas. Esta es la única forma en que pueden someterse a elección las distintas direcciones del curso político en las elecciones políticas. Los partidos parecen temer, sin embargo, los riesgos que ello implica. Ofrecen sus programas del mismo modo en que se presenta el agua de Contrexeville: buena para el riñon, la sangre, el hígado, la circulación y todo lo demás. Y así es como se degusta también. Las asperezas, o incluso la predisposición a decir lo que no se puede hacer, no aparecen en los programas, sino, si acaso, sólo en forma de personas, como una especie de accidente de empresa en la selección interna de los líderes de los partidos.

Como si únicamente se tratase de compensar esta debilidad, en vez de una controversia en torno a programas, se escenifica una controversia moral. Aparentemente estamos aquí ante una especie de ley política: cuando comienza a escasear el dinero como medio de la política, aumenta la moral como sustituto del mismo. Los políticos se comportan hoy típicamente, como si de lo que se tratara es de enseñar al pueblo a quién deben respetar y a quién no —el respeto o su carencia se aplican como una sanción moral dirigida a la persona o al partido como un todo. Todo esto se pretende ignorar. Surge así la impresión pública de que las posiciones sobre cuestiones prácticas se adoptan a partir de una confrontación moral, y no es extraño que la polémica moral revierta en formas que suscitan las cuestiones sobre la educación y la forma de comportarse de los políticos más importantes. Pero este problema persiste incluso cuando adopta formas más mitigadas. «Guardar la decencia», exige Johannes Rau, y lo enfatiza en inmensos anuncios en la prensa diaria; todo ello para no decir de modo directo, pero sí para sugerir, que sus oponentes políticos son personas indecentes. «Guardar la distancia» debería contestarse —la distancia frente a tal política impregnada en moralidad.

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Desde luego, no as¬piro a una solución ética del problema de la moral —algo así como la instauración de una comisión dirigida a establecer las correspondientes reglas de conducta. Mi posición es que la acción política en la democracia debe desenvolverse al nivel de una mayor amoralidad.

Estamos aquí, desde una perspectiva histórica, ante un hijo ilegítimo de la razón de Estado y la moralidad. La doctrina de la razón de Estado se desarrolló a partir del derecho natural medieval y, después, de la teoría política. Su problema fue un problema típico de paradoja: la necesidad de dotar de legitimación jurídica a las infracciones del derecho en nombre de un interés superior —primero por parte de la Iglesia, y luego del Príncipe. Tras considerables disputas, sobre todo en la literatura de la contrarreforma, este problema fue resuelto de modo jerárquico; esto es, vinculándolo al supuesto de una arbitrariedad insalvable en la cima de toda jerarquía. Esta distancia «soberana» respecto a la moral no puede ser recogida por la democracia, en un sistema con una escisión en la cima. En su lugar, la democracia precisa de un estilo distinto de amoralidad —a saber, la renuncia a la moralización del oponente político. El esquema gobierno/oposición no debería ser confundido, ni por parte del gobierno ni de la oposición, con un esquema moral que pretende que sólo nosotros somos buenos y dignos de respeto y la otra parte, por el contrario, es mala y debe ser repudiada. Pues esto equivaldría a poner en cuestión la misma posibilidad de un cambio entre gobierno y oposición; equivaldría a poner en cuestión las reglas de la democracia. Quien todavía recuerde al anticomunista McCarthy está ante un buen ejemplo: su carrera acabó en el mismo momento en que reprochara al partido demócrata simpatías e infiltraciones comunistas. En una democracia no se puede tratar al oponente político como inelegible. Esto es, sin embargo, lo que ocurre cuando el esquema político se pone en congruencia con el esquema moral.

Ha llegado el momento de que resuma. Cuando la democracia se imagina y admira como una idea, es preciso explicar, como siempre ocurre con las ideas, por qué no funciona. Yo sostengo, por el contrario, que la democracia es un logro cargado de presupuestos, evolutivamente improbable, pero una auténtica conquista política. La con¬secuencia inmediata es que no deberíamos comenzar por una crítica de situaciones y condiciones, sino por asombrarnos de que en realidad funcione, y acceder así a la pregunta: ¿por cuánto tiempo más? Desde este punto de partida, la teoría deviene en un instrumento de observación de naturaleza específica. Se trata entonces de averiguar dónde y en qué aspectos pueden observarse hoy los peligros. Tan razonable como irresponsable es erigir ideales, que no pueden ser satisfechos por las condiciones actuales, y lamentarse después de las promesas irrealizadas de la revolución burguesa. En esta actitud no veo ninguna teoría, y mucho menos aún una teoría crítica. Si, por el contrario, partimos de la improbabilidad de lo que tiene un funciona¬miento que se mide por su operación normal, es posible reconocer entonces más claramente y, sobre todo, de modo más exacto, dónde opera el sistema inconsecuentemente y se pone a sí mismo en peligro en relación a sus propios requisitos estructurales.

Si se acepta este punto de partida, este modo de plantear el problema, es todavía posible proponer muy distintas teorías del sistema político, estimarlas correctas, verificarlas y refutarlas. El concepto que estoy tratando de elaborar aquí establece que una determinación de la función de la política —como, por ejemplo, la producción de decisiones vinculantes colectivamente— es sin duda indispensable, pero no suficiente. Los sistemas funcionales se definen también por códigos binarios. Y si se está dispuesto a seguir mi argumentación y a ver en el esquema gobierno/oposición el código de la política, llegamos como consecuencia a algunas cuestiones inquietantes o también a algunas observaciones críticas sobre la política contemporánea.

Una vez más, me gustaría destacar fundamentalmente dos aspectos:

1. ¿No está la dinámica autónoma de la política orientada demasiado rígidamente, demasiado centralmente, hacia el código gobierno/oposición como para permitir suficientes posibilidades de relacionar temas sociales controvertidos —desde la tecnología genética hasta los costes del bienestar, de las relaciones exteriores y el armamento hasta la política monetaria— al código mismo, sometiéndolo así a la elección?

2. Y si, en último término, todo gira en torno a quién gobierna y quién se opone, ¿acaso podemos esperar o incluso presumir que la comunicación política se conducirá ajena a consideraciones morales?

LUHMANN, Niklas. El futuro de la democracia. En: LUHMANN, Niklas. Teoría política en el estado de bienestar. Madrid: Alianza Editorial, 2002. p. 159-170.