El gobierno ha decidido aprovechar la crisis para proponer la reforma de la ley del aborto. La maniobra es tan clásica como hábil: la nueva propuesta es suficientemente audaz como para remover los bajos instintos de la sociedad española y la campaña antiabortista que ha lanzado la iglesia, y a la que se ha sumado el PP es un buen ejemplo de ello. Ea pues, ya estamos donde quería el gobierno, hablando del aborto y no de la crisis. No me entiendan mal ustedes. Me parece perfecto: la ley debía ser reformada, y si el gobierno no hubiese aprovechado la ocasión habría hecho gala de un grado de pusilanimidad que algunos sospechábamos que arrastraban desde la cuna.

Vista así la cuestión, en realidad se trata de plantear la lucha política en términos de reconocimiento, una lucha por el reconocimiento de su capacidad para reformar leyes obsoletas y que inciden sobre la vida real de los gobernados, y que supera a la habitual lucha por la distribución, o la redistribución, de bienes materiales, que en la modernidad es generalmente regulada por las fuerzas del mercado contra las cuales, como se está viendo, poco podemos. Ya que no podemos centrar la acción de gobierno en la posesión, la producción y el goce de los objetos o de su capacidad para adquirirlos (eje fundamental de la política de los gobiernos Aznar, a través de la potenciación de la orgía inmobiliaria que vivimos durante aquellos años), se la sustituye por acciones que susciten la envidia, la competición y, sobre todo, satisfagan el deseo de reconocimiento.

Dicho de otra forma, la iglesia y el PP han perdido la segunda batalla en la capitalización de la cólera ciudadana por la crisis económica. La primera, naturalmente, son los escándalos relacionados con su excesiva tolerancia hacia la corrupción política y social que hicieron posibles, sin duda, los años dorados de la economía española, pero que ahora se han vuelto inadmisibles para quienes, no hace tanto, consideraban el sistema de corruptelas que hizo posible el boom inmobiliario como la única vía posible para generar una realidad alternativa en la que todos teníamos dinero, o lo tendríamos por el mero hecho de adquirir una propiedad. Los recientes diagnósticos del premio Nobel de economía 2008 Paul Krugman sobre la economía española (sobrevalorada en un 30%) y sus posibilidades de salir de la crisis (condicionada por la previa salida de la crisis del resto de Europa, es decir, no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta) deberían haber bastado para provocar más de una dimisión en el equipo económico del gobierno, y más de un mea culpa entonado desde las filas de la oposición. En su lugar, se han dedicado a apalear al mensajero.

Pero cuidado con obsesionarse con aquello que puede aportarnos reconocimiento. Los trajes de Francisco Camps son un buen ejemplo: ¿a qué, sino a la necesidad de reconocimiento (¿envidia del dandi Eduardo Zaplana, su antecesor en el cargo?) cabe atribuir su aparente obsesión por el buen vestir, y por tanto sus descuidos sastreriles? ¿Y a qué, sino al sabio aprovechamiento de su necesidad de reconocimiento, cabe atribuir la habilidad de los corruptos para hacerle caer en su red? Que el presidente de la Generalitat Valenciana vea mancillado su honor y buen nombre, no por hacerse rico, sino por adquirir reconocimiento, es una de aquellas lecciones que todo político debería traer bien aprendida. Que la trama corrupta se especializase en la organización de eventos mediáticos que proyectaran tanto dentro como fuera el nombre de la Comunidad Valenciana, de la ciudad, del partido que las gobierna y de sus dirigentes es enormemente significativo, pues denota claramente la pasión por la competición en torno a ese mismo reconocimiento, y la pasión por adquirirlo a cualquier precio, no necesariamente en dinero.

Pero el dinero es necesario, y esa lección debería haberla aprendido el gobierno con la ley de dependencia, cuyo potencial de reconocimiento está degenerando en resentimiento ante la insuficiencia de las medidas económicas adoptadas. Una nueva ley del aborto que no lo aborde como un problema de salud pública es una nueva chapuza, y por tanto, y como ejemplo, debe incluir, y financiar, planes específicos para la educación sentimental, sexual y reproductiva de los y las menores durante su etapa educativa obligatoria y postobligatoria, que no pueden quedar al cargo de la buena voluntad de los enseñantes. Si la escuela es un espacio de formación social, no sólo debe haber pedagogos que les enseñen a aprender, sino también psicólogos que les enseñen a manejar su realidad, sus sentimientos y sus cuerpos. Por no hablar de la potenciación de los centros de planificación familiar como centros de salud reproductiva con una atención global física y psicológica para los futuros padres y los futuros no-padres.