Parte II: Ni son todas las que están

¿Sabe usted lo que quieren decir palabras como maguer, quier, convusco, cutiano, rafez, estorcer, uebos, adeliñar, amidos, bastir, membrar, tresnar, poridad, apatusco, …? Probablemente no. Ninguna de ellas ha sido empleada desde hace al menos cuatrocientos años. Ello no parece obstáculo para que conserven en el Diccionario su plaza fija, que no puedo decir “vitalicia” ya que esos términos han muerto, pues las palabras mueren como otras nacen. No son parte del castellano sino del castellano antiguo, una lengua que ya hoy nadie habla y solo unos pocos con la debida preparación pueden leer con dificultad.

Me sabe mal, sinceramente, argüir contra la presencia de estas reliquias en el Diccionario, pero creo que, además de ocupar un volumen harto e innecesario, la condición autoimpuesta de “normativo” al Diccionario de la Lengua Española debería ser argumento suficiente para reconsiderar su permanencia en dicho catálogo. Más todavía cuando prácticamente todas han fallecido al ser sustituidas por otras palabras con idéntico significado.

Recalco, por si cupiera duda, que no hablo de términos desfasados por causas diversas como cambios sociales o abandono de tecnologías, pero que permanecen en la literatura escrita en un español de aceptables semejanzas al actual y, por tanto, accesible a un lector que solo puntualmente puede necesitar de alguna consulta aclaratoria.

Evidentemente hay que trazar una línea en algún momento, una fórmula que permita asignar objetivamente la fecha de caducidad de un vocablo para, si a partir de ahí no ha sido documentada, certificar su defunción. Personalmente sugeriría, por puro valor simbólico, la de la publicación de la gramática de Nebrija (1492), pero se me ocurre otra idea:

Desde hace ya una década, la Academia, a través de la Fundación Lapesa, viene elaborando un anhelado Nuevo diccionario histórico de la lengua española, tarea titánica que ha de compilar estos y otros vocablos y usos más o menos arcaicos para proporcionar una herramienta que será sin duda de referencia para paleolingüistas e historiadores.

Me pregunto entonces si una vez ubicados en su nicho adecuado, causarán baja estos arcaísmos en el Diccionario Usual y ganará éste en la debida coherencia como documento normativo del léxico del castellano vivo y pimpante.

Parte III: Ni todas están como son o son como están

Obviamente, la misión de un diccionario no es únicamente recopilar los vocablos del idioma sino también proporcionar al consultante una idea lo más exacta posible de sus significados, usos precisos y valores gramaticales correctos.

Por tanto, en alguna medida, el reiterado carácter normativo del DRAE no únicamente implica la pertenencia de sus entradas al idioma español, sino que también dicta qué significan y cómo han de emplearse. Esto es útil en dudas frecuentes, algunas tan clásicas como que “detentar” no significa “poseer”, ni “adolecer” quiere decir “carecer”.

Sin embargo, observo que la capacidad “descriptiva” de los autores del Diccionario no siempre atina o se actualiza conforme a la evolución del idioma.

“Digital”, por ejemplo, en su valor hoy acuñado a lomos de las nuevas tecnologías, es adjetivo para designar los sistemas que utilizan valores discretos, no continuos (por oposición a “analógico” que trabaja con valores continuos). Pero la definición (revisada y actualizada) del DRAE solo llega a: Referente a los números dígitos y en particular a los instrumentos de medida que la expresan con ellos. Entiendo que excluye entonces a todo lo que no trabaje con números dígitos (de guarismo único) y se centra en “instrumentos de medida” capaces de “expresarla” en tal formato, y para remarcarlo añaden un ejemplo: “Reloj digital”. Luego una cámara fotográfica moderna, que no es estrictamente un instrumento de medida ni expresa a su dueño la información captada en guarismos dígitos, no está amparada bajo la definición anterior.

Aquí, entre ustedes y yo: ¿es esa definición la adecuada a estas alturas del milenio? Pues sepan que es la prevista para la próxima edición (2013 si Dios quiere) y por tanto con vigencia hasta la siguiente, allá por el 2026.

No es el único caso. El cargador, ese adminículo que odiamos pero que representa la vida para nuestro móvil, PDA, portátil, mp3 y otras zarandajas electrónicas, no viene registrado salvo por el adjetivo “que carga” (aclarando, gracias, que también puede usarse como sustantivo). Impresora es una “máquina que, conectada a un ordenador electrónico, imprime los resultados de las operaciones” (¿operaciones?, ¿qué operaciones? ¿las fotos de mi veraneo son resultado de operaciones? Puede que estrictamente hablando sí, pero me temo que esa definición está anclada en los tiempos del ENIAC). Soporte físico es “equipo”, es decir, conjunto de aparatos de una computadora y no cualquier otro elemento material capaz de contener información, y cooperante viene definido como “Persona que ayuda al desarrollo de un país necesitado de él social y económicamente”, definición que no implica altruismo, desplazamiento ni inclusión en organización alguna y excluye las ayudas en catástrofes o conflictos bélicos puntuales.

Este desacierto, que puedo comprender (no disculpar) ante la obviedad del enorme trabajo que recae sobre los lexicógrafos al servicio de la Real Academia Española, no se limita únicamente al contenido semántico. También en lo estrictamente gramatical me encuentro con aspectos cuando menos discutibles.

La actual revisión del Diccionario recoge las voces “jueza” y “fiscala”. Sin embargo, tales entradas no figuran como el fememino de “juez” ni “fiscal” respectivamente. ¿Por qué no y qué quiere decir eso? Intentaré explicarme.

Si usted busca (en la versión en línea) médica, profesora, bombera o alguacila, se le remitirá a una entrada compuesta por las dos formas del género: médico, ca; profesor, ra; bombero, ra y alguacil, la; siendo así que ambas son la misma cosa, expresando el género según el sexo de quien desempeña la labor o profesión citada.

Pero jueza, fiscala o presidenta no son, según el Diccionario, la flexión al femenino de juez, fiscal o presidente, respectivamente, sino que vienen aparte. Es decir, que para la Academia, juez y jueza son vocablos distintos que no guardan más relación que barco y barca o farol y farola (y eso ciñéndonos a lo conceptual, pues gramaticalmente supone equipararlo a parejas como bombo/bomba o rumba/rumbo). Figuran claramente como sustantivos separados y el DPD aclara en todos los casos que se tratan de “femeninos específicos”.

Ideológicamente no tengo ni idea de cómo se tomará esto el colectivo de mujeres en general y el de las profesionales afectadas en particular (y si la tuviera, me la callo aquí porque no va esta columna de eso).

Pero desde el punto de vista lexicográfico, que es a lo que vamos, me parece un dislate. Jueza es el femenino de juez, así lo entiende el hablante que lo emplea y así lo reflejan otros diccionarios.

Entiendo que todo el problema proviene de que juez, fiscal y presidente se consideran en el lexicón institucional sustantivos comunes, y, por tanto, carentes de forma femenina o masculina específica. Pero esto, que pudo ser cierto en el castellano de un momento histórico, no se corresponde con el empleo general actual ni desde luego con la percepción de un hablante culto al que podríamos preguntar capciosamente: ¿cuál es el masculino de presidenta? En todo caso, y en aras de salvar la taxonomía gramatical anterior, baste añadir un artefacto del tipo “úsase también el masculino como sustantivo común” y santas pascuas.

El colmo de esta situación, se produce cuando se constata que “pincha”, “f. Mujer que presta servicios auxiliares en la cocina”, aparece como femenino de “pincho” y no de “pinche”, pues este, como era de esperar, figura como “nombre común”. Lo hago notar porque espero que si la Real Academia Española recapacita y enmienda, lo haga como Don Juan Tenorio: desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca.

N. del A.: La información citada se ha obtenido de la versión en línea del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y, en todos los casos en que se ha podido, consultando la versión prevista para la 23ª edición como “artículo enmendado”.