Jesús Salamanca Alonso

La educación debe ser un asunto de Estado y no verse sometida a los vaivenes políticos. Toda reforma que se precie debe tener en cuenta la estabilidad del sistema educativo, sin utilizar la escuela como confrontación ideológica.

Las promesas electorales de Zapatero han quedado en entredicho durante la reunión con la plataforma contraria a la LOE. Nunca ha habido voluntad de negociar. Se ha perdido una nueva oportunidad y, lo que es más grave, siguen sin reformarse aspectos importantes del sistema educativo que también el Partido Popular dejó escapar en la LOCE.

La ministra San Segundo ha podido comprobar que la comunidad educativa le ha dado la espalda. El pacto social por la educación ya no es posible, por lo que estamos ante una ley que no garantiza la estabilidad del sistema educativo. La unilateralidad ha sido la fórmula elegida por el Gobierno. El engaño ha vuelto a ponerse de manifiesto y se parece que hemos regresado a los tiempos del ministro Maravall Herrero. Toda la calidad de la nueva ley parece ceñirse a la diversificación y a los desdobles.

La LOE es un documento conservador, autocomplaciente, decepcionante e intervencionista. No resuelve muchos de los problemas creados por la LOGSE; lo que quiere decir que el informe PISA volverá a vapulear el sistema educativo español. La última vez que se refirió al mismo, su informe fue contundente, al incidir en que la ley socialista de 1990 supuso una regresión, a la vez que llevó a nefastos resultados a nuestros estudiantes.

Venimos anunciando desde hace tiempo que el parcheo no conduce a ninguna parte. La LOE llega a destiempo respecto a lo que necesita nuestra sociedad. En lo que sí parece que estamos de acuerdo es en que la LOE es decepcionante por su mediocridad y por la falta de medidas innovadoras. Supone un llamativo cambio legislativo, pero el Gobierno socialista no ha sido capaz de plantear una alternativa moderna y eficaz. No aporta soluciones al sistema educativo, ni concreta mejoras para los profesionales de la educación. Estamos hablando de una ley regresiva e injusta con los más desfavorecidos. Nos aleja de Europa y aumenta las desigualdades territoriales. No potencia el esfuerzo y premia la dejadez al permitir la promoción con tantos suspensos.

Se ha podido comprobar que no existía una intención seria de dialogar; comprobamos que era una estrategia, una más, del escurridizo Rubalcaba para ganar tiempo y seguir en su línea de política cicatera y cuartelera. Nuestra sociedad cada vez tiene más claro que, con la izquierda en el poder, la enseñanza pública está condenada al fracaso. El discurso siempre suele ser el mismo. La prueba es que los indicadores reflejan muy malos resultados, malestar entre los docentes, aumento del nivel de violencia en los centros, pasotismo en buena parte del alumnado (objetores escolares), desidia de buena parte de la Administración educativa periférica y enfrentamiento entre administraciones. En algún sitio hemos leído que la LOGSE —obra exclusiva del socialismo refrendada por los sectores afines y puesta en marcha tras un falso debate— es la peor ley educativa que ha tenido Europa en el siglo XX y, al compararla con la LOE, comprobamos que ésta recupera el espíritu y la letra de la ley anterior.

Frente a lo que se viene repitiendo desde las filas socialistas, la LOCE ha sido la ley más apoyada por la sociedad desde la publicación de la LODE en 1985. Daba respuesta a muchos problemas; no obstante, tampoco hay que brindar por su calidad, pues a pesar de los aspectos positivos que tenía la Ley de Calidad de la Educación hemos de reconocer que había cuestiones plagiadas de la LOGSE, lo que convertía una parte de su articulado en un fraude social. No se entiende que el Gobierno y sus acólitos apoyen una ley denostada por la sociedad, por lo que comprobamos que —como decía don Emilio Castelar— “las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, pero son siempre impotentes para crear”.