Jesús Salamanca Alonso
Profesor y director de Centro de EPA

La Ley de Calidad de la Educación establecía un nuevo modelo de dirección de centros docentes, incluyendo un nuevo procedimiento de selección y nombramiento de los directores. Todas las comunidades autónomas han adaptado el contenido de la convocatoria del concurso de méritos a lo establecido en la LOCE y, si bien se han respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, ninguna comunidad ha llegado a sobrepasar el límite democrático como lo ha hecho la comunidad de Castilla y León.

Es precisamente en la composición de la comisión de selección donde la Administración educativa se ha reservado el derecho a nombrar tres de los cinco miembros. Con ello se garantiza el derecho de selección, exclusión y manipulación. Éste es el punto que más ha ofendido al profesorado, al soterrar un principio democrático hace tiempo consolidado. El hecho de mermar la participación de la comunidad educativa pone en entredicho algunos valores que, de un tiempo a esta parte, se empiezan a olvidar en esta comunidad por conveniencia, comodidad, dejadez, apoltronamiento y falta de control, además de desprecio hacia el ciudadano.

Esa merma de participación democrática ha sido uno de los puntos donde se han centrado las críticas de las organizaciones sindicales, asociaciones de padres y madres, profesorado y equipos directivos de los centros docentes públicos.

A todo ello hay que añadir las numerosas incoherencias en que se puede incurrir con una convocatoria como la de referencia. Pueden darse casos como que la comisión de selección rechace a uno o más candidatos del propio centro y, sin embargo, alguno de esos mismos candidatos sea nombrado con carácter extraordinario por el propio director o directora provincial de educación, e incluso que se nombre un “advenedizo” por simple interés, manipulación o tráfico de influencias. Incluso se da la circunstancia de obligar a un profesor a asumir la dirección de un centro sin que exista nombramiento de ningún tipo, cuando el curso ha finalizado; ello genera problemas de organización en el propio centro, dificultades en las relaciones interinstitucionales, imposibilidad de configurar un horario y falta de coordinación entre la Administración y los centros. Tales conductas delictivas de la Administración educativa ponen en entredicho la convocatoria a la que nos venimos refiriendo, el desconcierto y la desidia de la propia Administración convocante.

Y por si la incoherencia mencionada no era suficiente, existen decenas de centros educativos públicos en la Comunidad donde no se han presentado candidatos a la elección de directores. En estos casos, desde las Direcciones Provinciales de Educación de Castilla y León, siguiendo lo establecido en la normativa vigente, se ha propuesto como director o directora a candidatos con los que ni siquiera se ha contado y, por si no era suficiente, llegado el momento se les niega la formación, la información y el asesoramiento desde la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Ello es la prueba de cómo en pleno siglo XXI se sigue haciendo uso de un procedimiento dictatorial propio de otros tiempos, así como del desconocimiento más vulgar de la fluida comunicación con el administrado, a la que siempre aludía e insistía en su permanencia el anterior consejero de educación de Castilla y León.

Hoy las formas han cambiado tanto que los claustros de profesores han perdido la confianza en la Administración educativa autonómica y las asociaciones de padres y madres ven cómo desde la Consejería de Educación se merman sus derechos de participación democrática en los centros docentes públicos.

Ante la situación que se ha creado en Castilla y León, otras comunidades autónomas observan sorprendidas, abrumadas y —en muchos casos— con cierta lástima, al comprobar el peso que ha perdido la comunidad en todos los foros educativos. Un peso que con el que fuera consejero de educación, Tomás Villanueva, no dejó de crecer durante toda la legislatura anterior, hasta el punto de considerarse modélica su etapa en Educación y Cultura por la propia oposición. Si alguien pensó que los perfiles de los consejeros no cuentan, deberá aprender a reinterpretar las situaciones y en ello el presidente, Juan Vicente Herrera, tiene mucho que decir y decidir, sin retrasar más la solución ante la fuerte crisis que sufre el gobierno de la comunidad; una crisis que los últimos cambios no han subsanado, ya que se han remodelado instancias intranscendentes para el ciudadano, cuando la crisis aguda y real se encuentra en la Consejería de Educación y no en otras instancias inferiores.