Jesús Salamanca Alonso
Profesor y director de Centro EPA

El partido socialista tradicionalmente se ha cerrado al diálogo en temas de importancia calado, como la calidad de la educación. El profesorado no entiende la reiterada confrontación entre gobierno y oposición. Concebir la educación como un terreno de disputa entre partidos es un claro síntoma de irresponsabilidad, desidia y mal gusto.

La oposición no ha prestado demasiada atención al proyecto de ley orgánica de educación, ya que la financiación es uno de los compromisos que ha contraído el MEC; otra cosa bien distinta es el modo en que el Ministerio pretende llevarla a cabo. La financiación —bien como ley o simplemente como memoria económica— es un punto positivo, desde el momento que supone poder estudiar los objetivos prioritarios con todas las comunidades autónomas, fijar el coste, evaluar su financiación y, además, acordar una partida presupuestaria.

A pesar del aspecto positivo de la financiación, el profesorado considera que es una ley que llega a destiempo. Estamos ante una oportunidad perdida, ya que se aleja de la realidad de los centros, no resuelve problemas existentes, carece de consenso, no fomenta la escuela pública ni reconoce la función del profesorado. Nace en soledad, sin rumbo y, lo que es peor, nos arriesgamos a que sea modificada cuando una nueva organización política acceda al gobierno de la nación, salvo que se llegue al consenso, traducido en un Pacto por la educación. No es menos cierto que el PP no hizo ningún tipo de esfuerzo económico en educación, pero ello no implica que no deba ayudar al MEC a enfrentarse a la realidad.

No se puede tratar a la educación con frivolidad. La LOCE fue muy criticada, pero tenía cuestiones muy positivas como la desaparición de la promoción automática y el fomento de la cultura del esfuerzo. Sin duda, el regreso al espíritu de la LOGSE es volver a fomentar el falso igualitarismo y la innecesaria rebaja de contenidos. Tal vez lo más penoso de la confrontación política es que siguen sin ponerse de acuerdo en que los medios destinados a educación son una inversión y no un simple gasto social —algo que siempre tuvo muy claro el anterior consejero de educación de Castilla y León, Tomás Villanueva—; pero como en la cúpula actual del MEC no se entiende esta idea, resulta que los presupuestos se “disparan” innecesariamente y el déficit está a la vuelta de la esquina.

Las cifras de fracaso de algunas comunidades autónomas avalan la necesidad de adoptar medidas de reordenación del sistema y de calidad de la educación, a lo que se une la preocupación social por el hecho de que varias CC.AA. se nieguen a que la OCDE evalúe el sistema en comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, justamente las comunidades que más fracaso escolar presentan.

Las comunidades que cuentan con mayor índice de fracaso escolar entre sus alumnos son las que más trabas han puesto tradicionalmente al establecimiento de medidas que favorezcan la calidad. Actualmente el fracaso escolar ronda el treinta y dos por ciento y hay comunidades donde avanza a pasos agigantados. Castilla y León se libra de tales porcentajes y el fracaso se encuentra muy por debajo de la mayoría de las comunidades. Un dato de interés, en 2001 —hace tan solo cuatro años— España era el segundo país en fracaso escolar de la Unión Europea, según el estudio realizado por la oficina Estadística de la Unión Europea. Ante este dato, nos llama la atención que el proyecto de ley orgánica de educación pretenda conjugar equidad con calidad y nos sorprende más aún la posibilidad de casar la igualdad de oportunidades con la excelencia.

Lo que sí comparte el profesorado es que el proyecto de ley orgánica de educación es en términos generales decepcionante, mediocre y carente de medidas innovadoras; pero lo más triste es que nace sin un pacto social, además de no potenciar el esfuerzo.

Ante la realidad actual, llega un momento en que el profesorado se conforma con poder contar con los recursos que precisa para su quehacer diario, que no es poco, y la ministra de educación ha dado su palabra respecto a que la LOE tendrá los recursos que necesite. Suena a demagogia rancia, sobre todo sabiendo que se opusieron con todas sus fuerzas y argumentos a una ley de financiación para la LOGSE, pero si ello sirvió de aprendizaje, bienvenido sea.

Finalmente, incidir en que la LOGSE fue un brindis al sol y olvidó muchas de sus pretensiones iniciales. Se caracterizó por fomentar la mediocridad y centrarse en la teoría del “dejar hacer”. Estaremos ante un gran fracaso si la nueva ley que pretender aprobar el partido socialista (LOE) fomenta la promoción automática, elimina la pedagogía del esfuerzo, no concreta mejoras para los profesionales de la educación, aumenta las desigualdades territoriales, no aporta soluciones eficaces al sistema educativo y continúa sin potenciar la escuela pública.