Marcos Taracido

Tengo para mí que los más de los que escupen alaridos y enarbolan el recuerdo de Pandora ante la idea de reformar la Constitución española, intentan así evitar que cualquier posible cambio les haga alejarse más del anterior régimen de lo que ya se les alejó en diciembre de 1978. No hay que olvidar, y se viene olvidando sistemáticamente, que la Constitución española que instauró la democracia post-franquista fue un alarde de equilibrio y un necesario pacto entre extremos, pero también un claro retroceso respecto de la firmada en 1931, bastante más avanzada y, sobre todo, soberana que la que se apoyó en la imposición monárquica del dictador.

Una Constitución no es un texto sagrado ni inamovible y en su propia redacción se exponen los procedimientos a seguir para modificarla, procedimientos perfectamente democráticos y que, claro está, necesitan de una mayoría y un consenso amplio; el contexto, además, en el que fue construida era especialmente particular y singular, y muchos de sus preceptos respondían a la necesidad de facilitar la transición de un Estado autocrático a una democracia, necesidad que un cuarto de siglo después parece superada.

En cualquier caso, se habla de reformas desde diferentes ámbitos ideológicos, con diferentes contenidos y distintas intenciones y con mayor o menor insistencia o entusiasmo, pero nadie parece querer recordar que, independientemente de la necesidad de actualizarla, hay varios artículos de esa Constitución que no se cumplen o sobre los que no se trabaja lo suficiente: son premisas constitucionales necesarias para cualquier democracia cuya reivindicación, sin embargo, está ausente de cualquier debate público; se silencia, por ejemplo que no se cumple la exigencia de una estructura democrática interna para todos los partidos políticos (art. 6); se silencia el estancamiento de la premisa de facilitar y promover la participación activa y plena del ciudadano en la vida política (art. 9), participación molesta para todos los gobiernos más allá de la utilización de la urnas cada cuatro años. Se silencian artículos que expresan intenciones más generales, sí, pero igualmente exigibles y cuyo cumplimiento parece aceptarse como una utopía irrealizable o un derecho exclusivo de las mayorías: me refiero al derecho a una digna calidad de vida, el derecho a una vivienda digna o el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado. Se silencia que 26 años después de su instauración, el mismo fundamento de la democracia, la separación del poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo, es una quimera al punto de poder asistir públicamente a una batalla por el control del poder judicial de los dos principales partidos políticos sin rubor ni disfraz alguno.

Pero es que si se trata de cumplir primero los actuales preceptos de la Constitución para después reformarla, nos encontramos con una paradoja de imposible solución, porque nuestra Carta Magna nace de una contradicción que impide su realización fáctica: se trata del hecho de que su forma política sea una monarquía parlamentaria. «La soberanía Nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado», dice el artículo primero. Sin duda esta es una hermosa declaración de intenciones, pero nada más que eso, porque la más alta autoridad del Estado español es el Rey (art. 56), cargo hereditario (art. 57) y que, por lo tanto, ni es elegido democráticamente ni es soberano. Además, esto destruye automáticamente otra premisa fundamental en cualquier democracia: no todos los españoles somos iguales ante la ley («La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», art. 57.3) y sí prevalece discriminación por razón de nacimiento («La Corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad D. Juan Carlos I de Borbón», art. 57.1). El artículo 14 hecho trizas.

¿Qué se puede esperar de una Constitución que nace con la imposibilidad de cumplir sus propias leyes? Tuvo sentido, la Constitución de 1978 tuvo sentido; hubo muchos derrotados, desilusionados y olvidados: los que no vieron restaurada la última forma de Gobierno legítima en España. Pero es más que probable que la actual configuración del Estado haya sido la única forma posible de afrontar una transición pacífica; la figura del monarca, pues, ha jugado su papel. Pero si en España queremos construir una auténtica democracia cuyos pilares descansen sobre una Constitución justa, coherente y definitivamente alejada de tiempos premodernos la primera reforma vendrá con la modificación del artículo primero de la Constitución: derogar la Monarquía parlamentaria e instaurar la Tercera República.