Marcos Taracido

La presunción de inocencia es una quimera que, cada vez más, es monstruo inasible cuyo fuego vomitado quema su propio cuerpo. En un Estado que crecientemente basa su bienestar en una concepción represiva y no educativa de la sociedad el juicio y el castigo vienen dados por los Medios de Comunicación primero, y por la ciudadanía después: linchamiento y jucio sumarísimo.

Si tradicionalmente es el pueblo el que hace propia cualquier acusación para condenar al afectado a cadena perpetua —«cuando el río suena…»— y hace de la murmuración y el boicot social una cárcel muchas veces difícil de soportar, ahora es desde el Estado que se promueve al delator, el incriminador, el inculpador, es ahora el Estado el que pone en el dedo índice de cada ciudadano un arma poderosa e intimidatoria. Las nuevas leyes vienen a castigar la presunción de inocencia de un modo gravísimo, y ante cualquier denuncia se procede primero a la detención y después a la investigación.

Estos días veíamos a dos cocineros de renombre tener que pedir respeto en una rueda de prensa multitudinaria. Todos los periódicos nacionales habían resaltado en sus portadas que un presunto integrante de ETA les acusaba de haber pagado el impuesto revolucionario, consistente, no lo olvidemos, en obligar a pagar a la banda terrorista una cantidad de dinero bajo pena de muerte si no se cede al chantaje. La primera pregunta es por qué, por qué se filtra ese dato que está bajo secreto de sumario, por qué no se sabe quién es el responsable de la filtración, pero sobre todo, por qué los directores de los periódicos ceden sus espacios de portada a una información que saben manchará de por vida el nombre de los implicados: porque en el consciente popular quedará para siempre que esos concineros colaboraron con ETA. Sólo se me ocurren dos respuestas, y ambas son perversas y despreciables: que haya detrás de esos Medios intereses ocultos de carácter político, o que el amarillismo y el espectáculo hayan aparcado sus coches definitivamente entre las redacciones del Cuarto Poder.

Las presuntas víctimas de un chantaje pasan a ser por obra y gracia de la maledicencia institucionalizada culpables condenados. De nada valdrá ya que se archive el caso o que vayan a juicio y se les declare inocentes: la duda, en el mejor de los casos, se habrá instalado ya entre todos nosotros y reaparecerá cada vez que oigamos sus nombres. El ejemplo más vil y chabacano a un tiempo de este creciente estado delator lo dan las televisiones con sus programas del corazón, que se asemejan a las antiguas plazas de ejecución, donde la gente se agolpaba para ver en directo la quema o decapitación de los convictos mientras, ignorantes de qué había hecho para merecer eso, le insultaban y humillaban en sus últimos momentos. Son, a la vez, escuelas de ciudadanía donde se enseña cómo participar de ese acusa y vencerás. Cualquiera puede utilizar la posición de visibilidad publica de un nombre para acusarlo de cualquier cosa, que inmediatamente tendrá los amplificadores a su disposición para expandir su mierda por toda la nación. Hace unos años estas prácticas estaban restringidas a pequeñas publicaciones muy orientadas y mucho más respetuosas, pero ahora simplemente participan del nuevo estado policial cogiendo el trozo más grande y visible de la tarta: pero la base del pastel está en la legislación, y los ingredientes principales en los Medios. Porque el problema son los Medios, convertidos en empresas que, por un lado, utilizan su poder divulgador para enriquecerse y ganar posiciones de mercado, y por otro, se han convertido en portavoces y defensores parciales de uno u otro partido político. No hay ningún Medio que defienda al ciudadano, ninguno que haya convertido los derechos civiles en su enseña editorial, ninguno verdaderamente independiente, ninguno que se eche a un lado y nade paralelo a la poderosa corriente que persigue un estado policial latente, una fuerza silenciosa que poco a poco suprime derechos y borra o entumece la memoria y la libertad.