Marcos Taracido

Ignoro si ha cambiado en los últimos años, pero cuando yo era un niño las clases de religión eran una sencilla mezcla entre pasarse unos a otros el bote del Domund y memorizar sacramentos. Nada de inculcar valores ni de explicar doctrinas. En esa época ya se podía optar por no asistir a clases de religión, pero las infraestructuras no daban alternativa alguna —como todavía pasa en muchos colegios del rural—, de modo que yo estaba en clase, pero no estaba, como un espítitu. Esta cualidad etérea en mi relación con la docencia católica, quizás, me ha permitido mantenerme al margen, pero en contacto y creo que es este desapego inconcluso el que me hace no entender cómo veinte años después todo sigue igual. Resulta difícilmente explicable —sin recurrir a la fe o a las presiones políticas— que un estado democrático que se declara aconfesional dedique una parte importante de su programa docente a enseñar una religión. No se trata aquí de cuestionar los valores religiosos o el valor que para la sociedad tenga la religión: probablemente, y por lo que sabemos, una de las únicas cosas que nos separan del resto de las especies. Se trata simplemente de preguntarse cómo se justifica que en España la religión católica mantenga los acuerdos de 1979 con el Vaticano según los cuales el Estado incluye entre sus enseñanzas escolares la religión. Un Estado laico debe establecer las bases para que todos sus ciudadanos tengan acceso a la doctrina religiosa que deseen y, sobre todo, debe respetar profundamente esa elección e, incluso e igual que con cualquier otra asociación mayoritaria de gente en torno a una comunidad, facilitar mediante apoyo económico o de infraestructuras su desarrollo y crecimiento. Pero jamás en la escuela, jamás dentro de los planes de estudio, porque adoctrinarse en una determinada religión es una decisión personal y en la que el Estado no debe inmiscuírse para nada. Si alguien quiere participar de una religión, la católica en el caso que nos ocupa, puede acudir a las iglesias y los lugares y actos que para eso dispone su Iglesia. Diría bastante en favor del Vaticano que no trataran de infiltrarse tanto como pueden en los sistemas educativos: un niño no elige y por lo tanto será un creyente por inercia, no por decisión propia. Su familia sí puede elegir por él, claro, pero para ello ya tienen medios más que suficientes fuera de las aulas. Que a un alumno le cuente del mismo modo en su expediente académico sus conocimientos sobre la historia o la física o la literatura que sus creencias sobrenaturales es ya irrisorio. Recuerdo que todos los años el día del Santo local debíamos bajar los alumnos a la Iglesia del lugar y asistir a una misa. Lejos del regocijo general por saltarse algunas clases, para mí suponía una pesadilla: no sólo por lo tétrico y angosto del sitio y de la representación, sino porque no sabía seguir la ceremonia: debía mover los labios fingiendo que conocía la canción o el rezo y miraba angustiado a ambos lados para poder arrodillarme o sentarme o levantarme lo menos desacompasadamente posible respecto de los demás. Hoy en día esto es impensable en un colegio público y de hacerse con toda probabilidad la situación sería la inversa: la mayoría de los niños no sabrían seguir la ceremonia. Así pues, la sociedad está perfectamente preparada y madura para la separación. De hecho, las familias de creyentes practicantes mantienen la verdadera relación con su Iglesia fuera de los centros educativos. Para conseguir que el Estado aconfesional definido en la Constitución se plasme en una educación laica no hay que llegar a los excesos franceses —donde tras la prohibición de lucir simbolosos religiosos como el velo o la cruz ahora ya se plantea la posibilidad de prohibir también las barbas: y cada día surgirá uno nuevo—: se trata simplemente de eliminar del currículo la religión en todas sus manifestaciones y centrarse en ofrecer una enseñanza científica y humanística; se trata, en definitiva, de atreverse por fin a cortar el cada vez más débil hilo que une la sociedad pública con el poder eclesiástico. Ya lo cortó la Constitución de 1931 (art. 26), y lo ha vuelto a cortar, aunque más tímidamente, la del 78. Sólo queda que los Gobiernos cumplan lo escrito en la Carta Magna.