Wifredo Espina

Nadie le pone remedio. Ya dura demasiado y se va repitiendo. ¿Cuántos asistentes había, por ejemplo, en esta o en la otra manifestación o concentración popular? Las cifras que se publican son escandalosamente contradictorias. Tanto las que se dan desde organizaciones privadas, como desde las públicas y gubernamentales. Y los medios de comunicación se hacen eco de ellas, muchas veces sin contrastarlas y menos verificarlas de alguna manera en fuentes imparciales expertas.

Cuando se dan —¡en tantas ocasiones!— cifras desorbitadas por una parte e ínfimas por otra, no cabe duda de que alguien o todos mienten. Las diferencias, que a veces sobrepasan el millón de manifestantes o concentrados,como acaba de ocurrir con las últimas celebradas en Madrid, no son un fallo de cálculo, un fallo técnico, ni una simple manipulación de mala fe, sino una auténtica mentira pública para engañar a la opinión.

Y esto no sólo es intolerable e inmoral, sino que, como denuncié y pedí tantas veces, en medios de comunicación —incluso con ocasión de manifestaciones a favor o en contra de la entrada a la OTAN, de la Constitución Europea, del Estatut de Cataluña, de la llegada de Tarradellas, a favor o en contra de Ibarretxe o de Jordi Pujol—, debería ser castigado, duramente penalizado.

Mentir tan descaradamente, tan maliciosamente, tan deshonestamente, quien sea el que lo haga, va contra la verdad, contra la buena fe de la gente, contra la salud de la opinión pública y contra las mismas organizaciones, partidos políticos, organismos públicos —municipales, autonómicos o estatales— que propagan estas mentiras.

No es lícito ni honrado decir que en una manifestación, como la última, como ejemplo más reciente, han asistido unas 182.000 personas, que un millón y medio. Aquí no hay excusas que valgan. Los métodos e instrumentos de cálculo pueden ser imperfectos y cometer errores, pero no decir mentiras de ese calibre, que se repiten con tanta frecuencia. Y hay organismos especializados en este tipo de cálculos.

Esto no debiera quedar impune. Los Consejos de la Informción, los medios de comunicación, los defensores del pueblo y las propias fiscalías debieran denunciarlo y tomar cartas en el asunto. No es lo mismo mentir privadamente que hacerlo públicamente para confundir y engañar a todo un país, con las repercusiones que ello puede tener en la formación del criterio de los ciudadanos ante unas elecciones.

No se puede instaurar la democracia de la mentira pública.

Wifredo Espina. Periodista y abogado.Profesor y Fundador del Centre d’Investigació de la Comunicació (Generalitat de Cataluña)