Jesús Salamanca Alonso

La sociedad actual está inmersa en un cambio acelerado de conocimientos y de procesos culturales y productivos. Eso hace que se requiera una formación más prolongada y más versátil, de forma que la persona sea capaz de adaptarse a las exigencias de cada momento y a nuevas situaciones. Hoy la educación permanente, a través de la educación de personas adultas, se ha convertido en una exigencia, en un reto y en una necesidad.

Nadie puede negar el principio transformador que se otorga a la educación. Quien piense que ese principio es cuestionable, no hay duda que está alejado de la realidad; máxime, si somos conscientes de que la educación es el principal camino para eliminar los desequilibrios y las desigualdades sociales.

Durante muchos años hemos planteado otro principio evidente, aunque no han faltado detractores, y es que en el ámbito de la educación de personas adultas se manifiesta de forma continua el principio de reciprocidad: si bien es receptora de las posibles necesidades socioculturales a las que ha de dar respuesta, también debe fomentar, generar y desarrollar proyectos orientados a la participación y dinamización de la colectividad o del grupo al que va destinada.

No es ningún secreto constatar aquí que la formación de las personas adultas es clave, y no menos decisiva, ya que se orienta a la consecución de la autonomía personal, a potenciar la autoestima, a propiciar la participación social, política, cultural y económica. Igualmente, dicha formación es clave en el plano laboral, desde el momento en que muchas de las ofertas formativas se encaminan a la creación de ocupación.

Hay comunidades autónomas que han tardado en reaccionar y evolucionar varios años hacia una realidad evidente, como es la modalidad de oferta parcial en determinados ciclos formativos de formación profesional específica, orientados al alumnado mayor de dieciocho años; es decir, al alumnado propio de los centros de EPA. No podemos olvidar cómo desde algunas direcciones generales de Formación Profesional no se admitía en su correspondiente Ley de Educación de Personas Adultas la expresión “educación a lo largo de la vida”, cuando era un término que en Europa se mantenía en toda la documentación referida a la educación continua. Hubo que esperar varios años para que ‘cayeran del burro’ algunos políticos de segunda fila; precisamente quienes hoy admiten ese término en documentos donde ni siquiera encaja en muchas ocasiones. Cada vez es más frecuente comprobar cómo se confunde lo que está de moda con lo que se califica como hortera.

Lo más triste es comprobar que desde la titularidad de algunas direcciones generales de formación profesional se reacciona tarde y una vez que se han visto los resultados en otras comunidades autónomas. Y si esa postura es apoyada desde las propias consejerías, estamos ante una pérdida injustificada de tiempo y ante una incompetencia reprochable. Con frecuencia comprobamos que muchos incompetentes dirigen estamentos de la educación que más que estamentos parecen estafermos. Y es que hay excesivos departamentos ‘bandurria’ en algunas consejerías de educación.

Esa formación a lo largo de la vida, a la que venimos aludiendo, debe avanzar en paralelo con los cambios generados en la sociedad. De ahí que la colaboración entre las instituciones públicas y privadas sea imprescindible. Y no sólo entre las citadas instituciones, sino también con las entidades sociales que tengan iniciativas y responsabilidades en la formación de personas adultas.