Alfredo Iglesias Diéguez

Entre el 20 de noviembre de 1975, día en el que moría el general que gobernara dictatorialmente el Estado Español durante los anos que transcurrieron desde el inicio de la guerra civil que puso fin al gobierno republicano legalmente constituido en 1936, y el 6 de diciembre de 1978, fecha en la que los españoles acudieron a las urnas a refrendar la Constitución, transcurrieron los años de la Transición, un intenso período histórico en el que se transitó de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria.

No obstante, el desequilibrio existente entre las fuerzas protagonistas de ese proceso fue notorio y siempre en beneficio de las clases dominantes. En ese sentido, es preciso recordar que según la Ley para la Reforma Política del 18 de noviembre de 1976, que abrió el proceso de transición política al devolverle la soberanía al pueblo español, que era convocado a elegir unas Cortes a las que se autorizaba a elaborar una Constitución que para los del búnker no tenía que ser otra cosa que un retoque de las Leyes Fundamentales, los límites de la reforma quedaban circunscritos a la aceptación de la monarquía parlamentaria. Así, a pesar de que tras la muerte del dictador todavía estaba legalmente constituida la II República, pues la Declaración de la Presidencia y del Gobierno de la República española en el exilio, por la que se ponía fin a la misión histórica que se impusieran las instituciones republicanas, está fechada en el día 21 de junio de 1977, la opción republicana era eliminada del guión escrito por las clases dominantes, un guión en el que la legalización del PCE iba a ser determinante.

Efectivamente, con la legalización del PCE, acordada el 9 de abril de 1977, se logró neutralizar su fuerza en la calle debido a que desde ese momento el PCE estaba obligado a demostrar su fuerza con resultados electorales, que como se demostró en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 no se correspondían con su capacidad de movilización. En seguida, inmediatamente después de ese éxito inicial de las clases dominantes, vinieron otros: en primer lugar, la aprobación de la ley de amnistía del 15 de octubre de 1977, que hizo posible un ominoso silencio sobre el franquismo que equivalía a un perdón para los verdugos, y en segundo lugar, para conseguir que todo quedase atado y bien atado, la firma, el 25 de octubre de 1977, de los Pactos de la Moncloa, unos pactos para garantizar la estabilidad económica en el que todas las fuerzas parlamentarias aceptaban el capitalismo como modelo económico.

Hoy, treinta años después, las consecuencias de la renuncia a una ruptura democrática y de la aceptación de los intereses de las clases dominantes son evidentes: pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora frente al constante incremento de beneficios del gran capital, precarización laboral, dificultad para acceder a una vivienda, siniestrabilidad laboral, privatización de numerosos servicios sociales y públicos… He ahí la razón por la que se debe poner fin a esta interinidad política, como señalaba el coronel Martínez Inglés en su libro _23-F: el golpe que nunca existió_ (Foca, 2001), y abrir un novo proceso, radicalmente democrático por republicano, laico, federal y progresista.

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Artículo publicado originalmente en gallego en el periódico Galicia Hoxe. Traducción del autor.