Ayer se aprobó la ley que impone un canon a todos aquellos productos susceptibles de ser utilizados para piratear productos culturales; hoy el asunto está prácticamente ausente de todos los periódicos nacionales, algo sumamente curioso pues se trata de una ley que atenta directamente no sólo contra los derechos civiles, sino contra la presunción de inocencia. Al parecer, nuestros políticos no se han atrevido a enfrentarse al poderoso lobby de la SGAE. El editorial del Diario Vasco, Impuesto digital, sin grandes alharacas, dice lo mínimo que se puede decir: “Aunque el difícil control de los intercambios de archivos digitales hacen necesaria alguna medida de protección, la aplicación de un canon digital para todos los consumidores no solo no garantiza la desaparición de la piratería, sino que además parece extender la responsabilidad de la misma de forma indiscriminada a cualquier persona y a cualquier producto susceptible de grabar archivos digitales. Este gravamen implicará una subida de los precios de todos esos productos, con lo cual se producirá un indeseado efecto sobre la llamada Sociedad de la Información.”
Jorge Cortell es bastante menos tímido en Aprobado el atraco legal llamado canon digital.