Nunca me han olido bien la leyes ad hoc o su aplicación selectiva, en cualquier orden o tendencia. No me gustó la ley de partidos, ni ese lavado de cara ante la opinión pública que pareció la reciente enmienda que suponía el cumplimiento íntegro (bueno, 30 años) de las penas de los etarras. Pero yo sé más bien poco de leyes. José Manuel Castells, Itziar Eizaguirre y Francisco Letamendia argumentan en contra de esa interpretación del Tribunal Supremo, y las fechas en que lo hacen no creo yo que sean una coincidencia, todo hay que decirlo: “Del mismo modo, el valor superior de «igualdad» (artículo 1.1 de la Constitución) queda igualmente afectado por la mentada sentencia. Si, como se ha indicado de inmediato por la autoridad competente, judicial por supuesto, la intervención servirá sólo para excluir la excarcelación de presos de ETA, ¿qué decir respecto de auténticos asesinos en serie, usurpadores ilegales de fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que se hallan desde hace tiempo en libertad, publicando incluso &mdash,caso de Amedo— para mayor escarnio, una memoria de sus fechorías? El valor y principio de igualdad requiere, en estricta lógica, que crímenes similares reciban tratamientos penitenciarios parecidos, desde diversas instancias del poder judicial, comenzando por la Audiencia Nacional. Muchos nos tememos que esta nueva demostración del ‘Código Penal del enemigo’ en la interpretación de las normas prevalezca, distinguiendo el ‘eje del mal’ de los ‘modestos pecadores’ que además eran antiguos servidores del Estado.” La interpretación del Tribunal Supremo.