Raimundo Ortega aboga por una liberalización de las tarifas eléctricas, manteniendo una especie de tarifa social que asegure un precio bajo a los menos pudientes: “En primer lugar, tiene un importante efecto distorsionador en los mercados energéticos que dificulta su liberalización. Como es sabido, desde enero de 2003 en España el consumidor puede elegir entre ser suministrado por un distribuidor a tarifa o por un comercializador al precio que libremente las partes pacten. Esta medida, que responde a la necesidad de liberalizar el mercado facilitando la entrada de nuevos competidores, pierde sentido si la existencia de la tarifa garantiza al consumidor el suministro de energía a un coste inferior al que cualquier comercializador le podría ofrecer. El lector puede preguntarse, acertadamente, que si tanto el distribuidor como el comercializador deben adquirir la energía eléctrica en el mercado mayorista, el coste será similar para ambos, por lo que las pérdidas debieran afectar tanto a distribuidores como comercializadores.” De la tarifa energética universal a la tarifa social.