Esta semana se ha rechazado en el Congreso de los Diputados una ley impulsada por ERC e IU para la implantación del software libre en la Administración del Estado. Pueden ustedes leer el debate entero, que no es muy largo y sí muy significativo de la sociedad que habitamos. Ni una sola razón de peso para echar abajo la Ley, salvo algunos tímidos apuntes sobre las verdaderas razones comerciales que encubre el rechazo; y extremadamente significativa la respuesta del diputado del PP, que demuestra que los cursillos intensivos que les han impartido de utilización de figuras retóricas —sorites, desinformación y hasta jitanjáforas... lo del PSOE es más la glosolalia — han dado sus frutos: “Por este motivo sin duda obligan a la Administración a contratar únicamente software libre en sistemas operativos y en sistemas aplicativos, es decir, cercenan en las cuatro líneas de esta iniciativa política y de un plumazo la libertad y la neutralidad a la hora de elegir entre los distintos modelos de software, apostando de nuevo por un sistema planificador, regulador, limitador, discriminador y encorsetante, que sin duda es lugar común en su forma de entender la sociedad.”