Jorge G. Castañeda escribe la Crónica de una demanda, referida a los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos a los que se les negaba el derecho de asistencia consular, crónica que pudiera ser parcial e interesada al ser él parte interviniente en el caso: “Más adelante, una corte de distrito resolvería en definitiva condenando a Valdez a cadena perpetua. No obstante este logro, era claro que el Departamento de Estado no estaba dispuesto a intervenir más allá de los mecanismos de clemencia, para obtener la revisión de los casos. Y, en efecto, en agosto de 2002, fue ejecutado en Texas Javier Suárez Medina a pesar de los múltiples intentos nuestros por conseguir por lo menos una prórroga a su ejecución y que hubiera así tiempo de que se considerasen las violaciones al mencionado artículo de la Convención de Viena. Si no se acudió a la Corte de La Haya, fue porque en el caso LaGrand, la CIJ había dejado en claro que no podía seguir admitiendo casos faltando horas o días para la ejecución como ocurrió con los hermanos LaGrand.”