Primo González: “Hay un importante porcentaje de viviendas cuya puesta en el mercado está frenada por el excesivo proteccionismo que la legislación y las tentencias conceden al inquilino, lo que ha facilitado abusos incontables. Las leyes de arrendamiento siempre han protegido al inquilino frente al casero en la convicción de que el primero es la parte débil del contrato, cuando esto es así sólo en algunas ocasiones. En la práctica, este hecho ha permitido la proliferación de abusos cuya práctica es bien conocida por muchos de los millones de españoles que tienen un piso como inversión, piso que estarían dispuestos a alquilar para obtener unas rentas mientras esperan la ocasión para venderlo con la consiguiente plusvalía. No lo hacen porque en la sociedad ha calado profundamente ese estado de desconfianza frente a algunas prácticas de los inquilinos (no sólo el impago, sino el destrozo de los bienes y otras prácticas incluso delictivas), bastante frecuentes en los últimos años, ante las cuales los propietarios están totalmente desprotegidos.” Un Ministerio para la vivienda.