La sucesión de cambios tecnológicos que estamos viviendo, nos lleva a un cambio social, que exige cambios en la concepción de los derechos humanos. “De la sociedad opaca hemos pasado a la sociedad transparente. El derecho a la criptografía en una sociedad en la que bastaba cerrar las persianas para tener intimidad era obviamente un sinsentido, así que no es de extrañar que no esté recogido en ninguna declaración de derechos humanos o constitución. Pero la amenaza de la sociedad transparente hace obvia la necesidad de debatir sobre el derecho a cifrar”. David Casacuberta desarrolla la fundamentación y argumentos necesarios que hacen evidente la necesidad de incluir el derecho a cifrar como garante de nuestro derecho a la intimidad-privacidad, esto es como un instrumento básico, que obviamente puede ser utilizado con diferentes intencionalidades, lo que no debería hacerlo sospechoso en sí mismo como instrumento; y ahí reside uno de los principales escollos: “en el mundo de la vigilancia electrónica masiva, cualquiera es culpable hasta que se pueda demostrar que es inocente”.