En editorial, el ABC da la bienvenida efusivamente a las modificaciones educativas que pasan a dar mayor importancia académica a la asignatura de religión, haciendo que compute las califcaciones para la nota media, y ataca duramente a los opositores a la medida: “Desde la perspectiva pedagógica, la idea de una asignatura no evaluable es una contradicción en los términos. Carecía de sentido la idea de una asignatura no evaluable y vinculada a alternativas como el recreo o los juegos. Por lo demás, lo evaluable no es, como se ha pretendido desde las filas socialistas, la fe del alumno, sino sus conocimientos en materia religiosa.” Nada que reprochar al argumento. Lo que hay que plantearse no es eso, sino cómo a estas alturas hay clase de religión católica en un estado aconfesional. La Iglesia tiene una infraestructura más que suficiente para adoctrinar y ofrecer los servicios cristianos en sus dependencias: y el que quiera que sus hijos practiquen o conozcan esa religión lo tiene muy fácil: no es labor del estado facilitar con medios públicos algo tan absolutamente privado como es la confesión religiosa. La clase de religión.
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Por no hablar de la gestión educativa del asunto: ¿cómo es posible que un funcionario del estado deba aprobar una oposición para acceder a la docencia y poder impartir, digamos, lengua española, y alguien que quiera impartir, en el mismo instituto y en las mismas condiciones educativas, la asignatura de religión católica sea elgido a dedo por una entidad privada?