Hace unos días la OEA decidió reintegrar a Honduras en el organismo tras el golpe de estado que envió a su presidente legítimo, Zelaya, al exilio. Patricio Zamorano reflexiona sobre la impunidad de aquel golpe: Honduras: el golpe perfecto (o lo que pasó este mes en la OEA).

«Un costo tremendo para una reintegración que debió haber sido una fiesta democrática, pues el Acuerdo de Cartagena, firmado por el propio Zelaya, no menciona ni una sola vez la palabra “juicio” aplicada a esas violaciones a los derechos humanos ni discute bajo ninguna forma la situación legal de quienes rompieron el orden constitucional. Tampoco menciona frases aconsejables que expresaran que quienes promovieron el golpe y quienes tomaron las armas del Estado para expulsar al Presidente legítimo y exiliarlo inconstitucionalmente (la Carta Magna prohíbe el exilio), deben ser expulsados a su vez del gobierno del Presidente Lobo, partiendo por el líder militar del golpe, el general Romeo Vásquez, quien fue incluso premiado al nombrarlo presidente de Hondutel, la empresa estatal de telecomunicaciones. Hay otros ex militares de alto rango también ocupando cargos en el gobierno, como por ejemplo en las áreas de aviación civil, aduanas y migración, marina mercante y en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola.

El Acuerdo de Cartagena también tuvo la omisión de no haber señalado que el ex Presidente Zelaya no volvería a Honduras si los golpistas estaban aún incrustados en el gobierno del Presidente Lobo. Nadie en la OEA ni entre quienes se apresuraron en gestionar la vuelta de Zelaya han notado que se produce una situación ad-hoc extraordinaria: mientras el Presidente constitucional pisa las calles de Tegucigalpa despojado del poder institucional que los votos le dieron, quienes lo expulsaron del poder ocupan cargos en el Ejecutivo…»