Rodrigo Uprimny pide que se aproveche la próxima campaña electoral en Colombia para exigir que el Gobierno preste atención a un problema inmenso y terrible: el de los miles de desaparecidos por los que apenas nadie más allá de los familiares afectados se preocupa en el país: Los desaparecidos y la campaña presidencial

«a dimensión de la desaparición forzada en Colombia es (o debería ser) un escándalo ético y político, que debería provocar la movilización de toda la sociedad para sancionar a los responsables y ayudar a los familiares en su búsqueda. Pero desafortunadamente no es así. Los familiares de los desaparecidos suelen enfrentar la indolencia de la mayor parte de las autoridades y de la sociedad, o incluso su abierta hostilidad.
Un ejemplo reciente: después de muchos esfuerzos, el Congreso aprobó una ley de homenaje a los desaparecidos y sus familias, la cual prevé instrumentos técnicos y jurídicos importantes, como la estructuración de un banco genético, que favorece las labores de identificación. El Presidente objetó esa ley, con el argumento de que implicaba gastos para el Estado. O sea que para el Gobierno no hay plata para buscar a los desaparecidos, pero en cambio se desperdician millonarios recursos con exenciones tributarias o subsidios indebidos, como los de “agroingreso seguro”. Afortunadamente la Corte Constitucional, en la sentencia C-238 de 2010, no aceptó la tesis gubernamental y le ordenó al Presidente sancionar la ley.»