Ramón Buenaventura apoya al juez Garzón en toda esta historia judicial que le está tocando vivir. Pero matiza: las manifestaciones no deben mover ni un milímetro las acciones de los tribunales. Guerracivilismo bis.

«No creo en las dictaduras benéficas, ni en los regímenes que se apalancan en el populismo de las manifestaciones multitudinarias. El tan repetido millón de manifestantes en la plaza de Oriente jamás legitimó el ejercicio del poder por Franco. Catorce millones de ciudadanos del mundo entero gritando a favor del juez Garzón tampoco demostrarían su inocencia (ni su culpabilidad). El PP tiene razón cuando afirma que si el Tribunal Supremo desistiera de sus intenciones contra el juez, tras las manifestaciones, nos hallaríamos ante un fracaso de la democracia. La cuestión no tiene vuelta de hoja. La democracia no se cultiva en las calles, sino en las urnas y en los parlamentos; y en los juzgados, mientras demos por buena la separación de poderes y sigamos considerando que los jueces deben ser independientes de los legisladores y del gobierno (idea que convendría revisar, en vista de lo que está ocurriendo en la realidad: los jueces son tan políticos y partidistas como cualquier otro ciudadano y solo se diferencian de los legisladores y los gobernantes en que no tienen por qué rendir cuentas ante nadie, ni les afecta lo opinión pública). Está bien, a mi entender, criticar a los jueces, denunciar sus desvaríos, explicar a los votantes en qué consisten sus jugarretas gremiales (modificar en el parlamento las reglas de sus conductas); no es de recibo, en cambio, pretender que el sistema judicial pueda verse afectado por una o veinte manifestaciones callejeras. (Tampoco el gobierno, claro: cuando varias decenas de millones de españoles benditos se manifestaron contra el aborto —petando casi la plaza de Colón—, el PP quiso aportarlos como prueba de que toda España estaba en contra de la nueva, o reformada, ley. El delirio va por bandos.)»