Es bastante impresionante la ola de apoyos que está recibiendo el juez Garzón en el ámbito internacional, y consecuentemente el ataque a nuestro sistema judicial, que se está viendo como un reducto de las restos del franquismo. Vicente Romero vuelve sobre el tema y cuestiona la legitimidad del Tribunal Supremo y la vigencia de la Ley de Amnistía: Caso Garzón: proceso al Tribunal Supremo.

«Así, ya desde los planteamientos iniciales del caso Garzón, queda planteada la cuestión de si figuras tan reaccionarias como la de Varela, la de su colega Adolfo Prego (ponente del auto) o la del propio Juan Saavedra, Presidente de la Sala Penal, responden al modo de ser y pensar de la actual sociedad española y pueden ser consideradas por la ciudadanía como los jueces más idóneos para el Tribunal Supremo. La polémica, que se anuncia áspera y amarga, implica un alto riesgo de descrédito para una institución imprescindible.
Finalmente Garzón está procesado por una diferencia de interpretación jurídica. La cuestión que lo lleva al banquillo es que Varela considera que la Ley de Amnistía de 1977 imposibilita la investigación judicial de los crímenes del franquismo, mientras que la jurisprudencia internacional establece que los crímenes contra la Humanidad no pueden ser amnistiados. Aquella amnistía tendría que ser interpretada —e incluso revisada y parcialmente anulada— para que no obstaculice los derechos más elementales de víctimas de crímenes de lesa humanidad.»