Ya saben que la Educación para la Ciudadanía no es santo de mi devoción, pero la campaña orquestada por el Partido Popular y ejecutada por la jerarquía católica ha sido una vergüenza, un boicot a la democracia. Por fin habló el Tribunal Supremo y José Antonio Marina, quizás con excesivo entusiasmo, lo celebra.

«El estudio obligatorio de los derechos humanos y de las normas básicas de convivencia no atenta contra la libertad de los padres. Son valores comunes que todos tenemos que respetar. Los padres olvidan que su derecho a educar, así como la libertad de conciencia y creencia, están protegidos por la Declaración de Derechos Humanos.Son derechos que proceden de una ética universal y laica, que las religiones han tardado en admitir. No hay peligro de adoctrinamiento en una sociedad democrática, porque ésta tiene sus mecanismos de defensa. Sí lo hay, en cambio, en gobiernos dictatoriales, como el franquista, donde, por cierto, se enseñó obligatoriamente la religión católica en todos los niveles de la enseñanza.»