Con todas las reservas que requiere afrontar este tipo de noticias, Raúl Guillén nos cuenta como, a la chita callando, Francia ha creado dos bases de datos estatales donde se incluyen datos personales de menores de 13 años (sobre todo los referentes a su origen) y otra con un listado de personas (sindicalistas, líderes estudiantiles, asociaciones radicales) “susceptibles de alterar el orden público”. Como los gitanos en Italia, un listado de “por si acaso”. El control social llega a las aulas francesas.

«En primer lugar llamó la atención su amplio campo de aplicación, pues es susceptible de figurar en el toda persona física o jurídica que ejerza, vaya a ejercer o pueda ejercer un papel político, sindical, económico o religioso significativo, así como todos los grupos, organizaciones, personas jurídicas e individuos a partir de 13 años de edad “susceptibles de alterar el orden público”, sin más precisión.

En cuanto al tipo de informaciones recogidas, se trata de aplicar a los ficheros de información de la Policía los criterios de los servicios de contraespionaje, utilizados ya en el fichero Cristina (relativo al terrorismo y al espionaje y clasificado como “secreto de defensa”). Así el nuevo sistema recopilará datos personales, rasgos físicos, fotografías, documentos de identidad, posesiones, matrícula de los vehículos, antecedentes judiciales y, de forma “ocasional” origen étnico, opiniones políticas, filosóficas o religiosas, afiliación sindical, orientación sexual e informaciones relativas a la salud.»