La sanción al juez Rafael Tirado, magistrado del caso Mari Luz, ha levantado una polvareda importante y una oleada de críticas muy duras hacia el poder judicial. José Manuel García Sobrado trata de hacer un análisis desapasionado del caso en cuestión. Consideraciones sobre la sanción a un magistrado.

«La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 9, atribuye a jueces y tribunales la competencia para la ejecución de las sentencias. Y establece que el juez instructor, acompañado del ministerio fiscal, visitará una vez por semana, sin previo aviso, a sus presos y detenidos. La ley preveía la posibilidad de que el juez tuviese un conocimiento directo de sus asuntos. Sin embargo, la criatura fue creciendo hasta formar el monstruo actual, en el que los jueces, sin una oficina judicial dotada y adaptada a la realidad actual, difícilmente pueden ejercer la función jurisdiccional que les compete de forma adecuada.

Si a lo anterior añadimos que no se ha querido crear una auténtica policía judicial dependiente, orgánica y funcionalmente, de jueces y tribunales, manteniendo, por contra, la dependencia orgánica y por lo tanto el control político del Ministerio del Interior, resulta evidente que las cosas no pueden funcionar bien. Y yo no me olvidaría del ministerio fiscal; antes, no ahora recurriendo la resolución sancionadora.»