“La historia comienza en 1965, durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Mientras las FARC, el ELN y el EPL dan sus primeros pasos, el Estado también se arma irregularmente. Crea los “grupos de autodefensa”, mediante el Decreto Legislativo 3398 de 1965, convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, que le permite al Gobierno utilizar hombres y mujeres para contribuir «al restablecimiento de la normalidad», amparándoles armas de uso privativo de las Fuerzas Militares como de propiedad particular.” Así comienza la historia del paramilitarismo en Colombia, una historia escalofriante que corre el riesgo de caer en la impunidad y en el olvido. Marsares recuerda que las ganas de pasar página por parte de un estado no significan nada para un tribunal penal internacional. La última sentencia condenatoria de la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos “relata los 18 años de casi total impunidad, enmarcados en los muchos avatares del proceso, el asesinato de testigos, la intimidación a las autoridades judiciales, la complicidad de la Justicia Penal Militar, el intento del Estado por calificar este genocidio como un caso aislado y el desamparo de los sobrevivientes. Y detrás de todo esto, la Corte resalta la creación de los grupos paramilitares como una política de Estado.” La matanza de La Rochela: ¿otra razón de Estado?.