¿Quién se acuerda de la propuesta de reparto del trabajo? Ahora que empieza el debate cruzado entre las necesidades de reforma del sistema de protección social (pensiones, prestaciones, cotizaciones sociales e impuestos) debería volver a estar sobre la mesa de juego.

Lo primero a tener en cuenta es que trabajo no es empleo, sino mucho más. No todo el trabajo se realiza en el mercado oficialmente regulado, ni se realiza a cambio de una renta, ni en condiciones pactadas socialmente como aceptables. Este trabajo no – empleo, contribuye al bienestar social (el trabajo doméstico, la organización de los cuidados en el entorno familiar, el trabajo comunitario, de solidaridad, etc.) y está fuera fuera sistemáticamente de la mayoría de propuestas de reparto del trabajo, salvo para la consideración de quienes lo realizan (mayoritariamente mujeres) como potenciales beneficiarios/as de subsidios sociales, prestaciones no contributivas o ‘derechos derivados’.

Existe una “lógica perversa” en cómo se dan las relaciones entre el no empleo y el empleo y la base de todo es la división sexual del trabajo y atrapa a las mujeres en el no empleo y en el empleo subsidiario (precario, temporal, con menor remuneración o incluso a tiempo parcial) y a los hombres en la exigencia de mantener su empleo. Esta clave ayuda a entender las orientaciones de las medidas anti – crisis y también ayuda a identificar en qué medida las políticas públicas están contribuyendo al apalancamiento en un diseño de modelo de sociedad ineficiente , tanto social como económicamente; por mucho que pretendan convencernos de lo contrario.

Lo siguiente que conviene recordar es que lo que escasea no es el trabajo, sino el empleo; y sólo a esta realidad parcial se refieren las propuestas que ya han empezado a circular y que necesariamente se interpretan desde la lógica del status quo de este sistema patriarcal.

La alarma la hace saltar la proyección demográfica sobre el envejecimiento de la población española, que según el INE se traduce en que dentro de 40 años la población mayor de 64 años será el doble de la de ahora y representará el 30% de la población total. Esta estimación se calcula teniendo en cuenta la creciente esperanza de vida al nacimiento y los bajos índices de fecundidad en España que traen como consecuencia un índice de dependencia (proporción entre población jubilada y población activa) creciente.
Parece haber ganado la interpretación catastrofista auspiciada desde la lógica liberal, que lleva unos cuantos intentos de demonizar el sistema público de pensiones, y la reorientación hacia un sistema de capitalización privada (la mayor parte de los estudios que avalan este giro han sido financiados por grandes bancos, ¿porqué será?). Sin embargo, no todas las voces apuntan al mismo mal; Viçenc Navarro ofrece algunas propuestas de posibles reformas para que las pensiones sean viables que tienen como punto de partida algo compartido desde la plataforma feminismo ante la crisis:

“si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social”.

Es decir, si el problema de urgente resolución es realmente la sostenibilidad del sistema público de pensiones, el elemento clave de referencia no ha de ser el número de jóvenes y personas adultas por persona anciana, sino el número de personas cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario/a. Es decir, lo que necesitamos es incorporar al empleo a las mujeres (19,19% de tasa de desempleo) y a la juventud, ampliamente cualificada para el necesario cambio de modelo productivo , en vez de obligar a mantener más años de actividad laboral a quienes ya llevan prácticamente toda la vida en el mercado de trabajo. La propuesta de ampliar la edad de jubilación a los 67 años va en esa segunda línea.

La propuesta de revisión del Pacto de Toledo realizada por el gobierno de España, encaja en lo que la investigadora María Pazos precisamente denuncia en su artículo la aplastante lógica del sistema de pensiones : “la aparente lógica del sistema encierra, pues, una contradicción: mientras se incentivan las carreras de contribución ininterrumpidas en general, éstas se desincentivan en particular para el caso de las mujeres en situación de potenciales cuidadoras”.

El círculo vicioso se cierra con la ausencia de propuestas efectivas para mejorar la natalidad y que podrían facilitar la aproximación a la llamada ‘tasa de reemplazo’. Y aquí entra la consideracion del cuidado como necesidad social. Si no hay un intento serio de ofrecer alternativas desde los servicios públicos para que el cuidado de las personas no sea algo que compete a las familias (a las mujeres, en el reparto tradicional) y sino hay una articulación para la organización social y económica del mismo, seguiremos con el lastre de las ineficiencias e inequidades de este sistema. Para invertir esta situación necesitamos una red de servicios públicos para el cuidado, al estilo de la que existe en Suecia, que genere empleo y posibilidades de reparto de los tiempos de trabajo entre mujeres y hombres, ellas y ellos en el empleo de calidad, cotizando a la seguridad social y contribuyendo al sostenimiento del sistema público de pensiones. También necesitamos modificar la configuración del derecho para que deje de enviar mensajes que refuerzan el reparto tradicional de roles de género, por ejemplo, la equiparación de los permisos dirigidos al cuidado, como los de nacimiento (maternidad y paternidad) y la eliminación de ‘derechos relacionados con el parentesco’ (como la pensión de viudedad) por derechos basados en la ciudadanía y en la igualdad de oportunidades contribuirían a otro modelo de reparto de trabajo.

Claro que para ello necesitamos que la clase política estudie y analice los resultados conseguidos en otros países, desde objetivos como la igualdad efectiva, que hoy en día ya no pueden ser olvidados, y la necesaria interrelacion de variables en una sociedad compleja. ¿Por qué mirar a Holanda como ejemplo de reparto del trabajo si más del 75% de las mujeres empleadas lo están a tiemo parcial mientras que los hombres lo están a tiempo completo? ¿Es ese el reparto de trabajo que queremos: hombres empleados a tiempo completo y mujeres asumiendo empleo a tiempo parcial y el trabajo de cuidados en su resto del tiempo no comprometido laboralmente? Esto es la nueva división sexual del trabajo, una de las actuales ‘trampas del patriarcado’ disfrazada de ‘progresismo y buen rollo’ ¿Por qué no empezamos a desmontarla?