La soberanía de las mujeres (o más bien la falta de ella) ha estado, y sigue estando, a merced del monopolio de poder masculino y del pacto sexual de control y dominio sobre el cuerpo de las mujeres; hemos sido vistas históricamente como meros instrumentos, ya fuese para el placer masculino, para la reproducción demográfica o para disponer de fuerza de trabajo barata. Pues bien, en pleno siglo XXI, asistimos atónitas a la renovación de ese pacto sexual.

La consideración simbólica de las mujeres como ‘úteros con patas’ y ‘contenedores de vida’ ha nutrido el imaginario obsesivo de las religiones monoteistas empeñadas en controlar la capacidad reproductiva como instrumento clave de sumisión. De ahí viene la negativa continua a reconocer la identidad política de las mujeres y, por lo tanto, su capacidad de decisión plena; y de ahí viene también también el absurdo de reclamar derechos a un embrión de vida mientras niegan los derechos básicos a quien tiene capacidad de gestarlo.

Cuando creíamos haber superado algunos de los episodios oscurantistas más aberrantes de la historia surge esta nueva ‘caza de brujas’ del ultracatolicismo orquestada por la misoginia profunda de los grupos ‘antiabortistas’ que nos hará retroceder 30 años de golpe.

Esta ofensiva patriarcal nos pilla algo cansadas, lo sé; y aún está por ver si – además del movimiento feminista – hay quien defienda la soberanía de las mujeres como proyecto político para una sociedad nueva.

Practicamente todos los grupos de acción política y social que dicen estar posicionados ideológicamente en el amplio abanico de las izquierdas defienden los derechos básicos de ciudadanía, sin embargo, ¿quiénes se sentirán llamadxs ante la alerta feminista por la contrarreforma de la ley del aborto? ¿Quiénes asumirán que no es posible construir otro modelo de sociedad manteniendo el pacto sexual de opresión de género? Es más … ¿Puede algún proyecto que se dice de emancipación social o política justificar su inacción ante el expolio de derechos que afecta a más de la mitad de la población?

Si entre quienes defienden un cambio de modelo de sociedad, desde las libertades y derechos fundamentales de las personas, aún hay alguien que crea que la defensa del derecho a decidir de las mujeres no es un objetivo específico de su ‘programa’, si no una reivindicación sectorial feminista, que se haga mirar este ramalazo antidemocrático y la misoginia visceral implícita en su posicionamiento político.

Esta involución social merece una respuesta feminista contundente; desde mi limitado margen de actuación tengo claro que no regalaré mi voto a quien se muestre indiferente ante la pérdida de soberanía de las mujeres.
Y tú, ¿qué vas a hacer, te limitarás a decir adiós?

La muerte de RTVV en directo , a las 12.19 del 29 de Noviembre, pone fin a 24 años de funcionamiento. La excusa utilizada por el gobierno para justificar este abuso de poder es la de ‘considerar insostenible financieramente RTVV’ después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anulase el ERE con el que pretendían liquidar a parte de la plantilla.
Si algo bueno tiene la eliminación de este canal público es que ha propiciado el despertar de la conciencia crítica de quienes allí trabajaban, de manera servilista a la imposición ideológica del gobierno. Era un secreto a voces que la supuesta independencia de canal 9 brillaba por su ausencia, con manipulaciones informativas tan vergonzosas que, en el último momento, justo antes de su cierre, parte de lxs trabajadores han intentado subsanar .

En mi opinión, lo realmente preocupante es que esta medida impuesta es una pieza más del nuevo escenario anti-democrático que s edesvela al contextualizar el absolutismo de este fundido a negro de RTVV con otras medidas impuestas desde el gobierno central.

Los gobiernos del partido popular están usando su ‘mayoría legal’ para imponer medidas absolutamente ilegítimas, contrarias a los valores democráticos y desposeedoras de los derechos básicos fundamentales que un Estado de derecho otorga a la ciudadanía.

En estos últimos años hemos denunciado la utilización de la crisis-estafa financiera como excusa para el expolio gradual de los derechos sociales, laborales, educativos y de bienestar. El desmantelamiento del Estado de Bienestar que se ha estado acometiendo en estos últimos dos años ha provocado el deterioro de las condiciones de vida, la depauperización de la población, la expulsión de gran parte de la población de los estándares de bienestar y el agravamiento de la violencia institucional, económica y cultural contra las mujeres .
La nueva fase de la ofensiva fascista y patriarcal ya no se anda con sutilezas y ataca directamente la consideración de la ciudadanía como sujeto político.

La anunciada reforma de la Ley orgánica de derechos sexuales y reproductivos , que amenaza con volver a prohibir el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, legisla contra las mujeres , expropiándolas del la consideración básica en un Estado de derecho: la capacidad y el derecho a decidir, algo imprescindible para construirse como sujeto político. Por otra parte, el anteproyecto de ‘Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana’, Ley Mordaza elimina de un plumazo los derechos fundamentales de un Estado de derecho, que se dice democrático: el derecho a opinar, a disentir, a la integridad física, a la dignidad humana, a agruparse y asociarse colectivamente para defender intereses comunes, a exigir transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas, … El revival que hace el gobierno del partido popular de la ley de vagos y maleantes utilizada por el régimen fascista es un intento de imponer un ‘estado de sitio’ suspendiendo todas las garantías constitucionales.

Esto es un golpe de Estado perpetrado desde la oligarquía financiera y la cúpula directiva del partido en el gobierno del estado que se está ejecutando con el apoyo de la infraestructura represora del Estado. Así pues, con este fundido a negro de la democracia ha vuelto el estado fascista, y solo hay una posible salida para recuperar la dignidad ciudadana: #Hayqueecharles.

¿Vamos a esperar a que nos invada algún país para ‘restaurar la democracia’ o reaccionamos de una vez, colectivamente, para recuperar lo que nos pertenece? #Yaestamostardando

Y es que, la contextualización de la crisis económica tiene que ver con una profunda crisis de la democracia, algo que va mucho más allá del modelo económico.

El diagnóstico de cómo hemos llegado a la situación actual es algo ampliamente compartido y sobre lo que ya he escrito en otras ocasiones : “la voracidad depredadora capitalista y la especulación de los mercados financieros son el factor causal que explica la crisis de este sistema que ya había manifestado síntomas evidentes de su insostenibilidad (las crisis de cuidados y crisis ecológica son previas). Los errores y la orientación neoliberal de las políticas de ajuste, desde 2007, han agudizado la exclusión social, la desigualdad de rentas y la desigualdad de género, a través del desmantelamiento de los servicios públicos de bienestar (educación, salud y servicios dirigidos a las necesidades de cuidados), el empobrecimiento de la ciudadanía y la fuerte involución social de los derechos sociales en general y de los derechos de las mujeres en particular”.

Las situaciones de emergencia social y de género aumentan de manera alarmante y requieren de reformas urgentes de políticas públicas para la transformación social hacia otro modelo de sociedad, pero no hacia el que el neoliberalismo pretende llevarnos.

Una de las constataciones en los debates del congreso de economía feminista es que la respuesta necesaria para salir de la crisis es un cambio político; y no me refiero a un ‘quítate tú que ahora me toca a mí’ característico de la alternancia bipartidista, no; me refiero a un cambio profundo en la definición y reorganización de valores, de tiempos, de trabajos y estrategias para la provisión de bienes y servicios necesarios para la vida; es decir, un cambio profundo para redefinir otro sistema, desde el reconocimiento de las interdependencias, la solidaridad y responsabilidad social, la colectivización y cuidado de los recursos naturales, como el agua, la redistribución equitativa de los recursos y la igualdad de género como motor del cambio. No se trata solo de cambiar el modelo económico (que también) sino de crear un sistema realmente democrático, basado en los derechos plenos de ciudadanía y en la necesaria despatriarcalización de la sociedad
Sí, lo sé: esto no tiene nada que ver con las respuestas institucionales que vienen, de la Unión Europea / monetaria, ni del FMI ni del gobierno del Estado, quienes pretenden instaurar un nuevo orden redistributivo y de género marcado por la desigualdad, la desaparición de cualquier vestigio democrático y la reprivatización de los cuidados en los hogares, cada vez más expoliados y empobrecidos.

Así que, sí, urge ya un cambio político.

Y sí, claro, también necesitaremos repensar el modelo económico, desde una mayor aproximación a la ecología y a la sostenibilidad de la vida; sin que ello quiera decir necesariamente apostar por un modelo absolutamente decrecionista, porque, como dice Susan George “hay producciones en las que necesitamos crecer, como el conocimiento, la ciencia, la democracia en la economía, etc”. Se trata pues de valorar qué producciones son necesarias, cómo se van a realizar y distribuir, quién va a intervenir y en calidad de qué. También tendremos que replantearnos alternativas a la estructura y sistemas de propiedad actual, y fundamentalmente desde la consideración de que todo está interconectado y afecta a la vida cotidiana de las personas, de las mujeres y de los hombres. Una de las premisas básicas de la economía feminista es la necesidad de acabar con la esquizofrenia patriarcal de mantener en ámbitos separados la producción y la reproducción; esta es una de las claves para redefinir una democracia económica real, en la que tengan cabida circuitos económicos alternativos a los que funcionan hoy en día en ‘el mercado’.

De todo esto hablamos en el congreso de Carmona; y para ello, tuvimos sesiones plenarias y sesiones paralelas en las que se realizaron presentaciones de investigaciones, talleres formativos y debate sobre algunas experiencias prácticas y acción política .

En el plenario abordamos el ‘Buen Vivir’, que como marco teórico nos convence a la mayoría, aunque hay un amplio consenso en la necesidad de debatir más sobre cómo se concreta y se mejora para hacer efectiva la despatriarcalización de la sociedad. También planteamos la necesidad de la colectivización y gestión pública del Agua, desde el reconocimiento a las mujeres de Carmona que en 1974 se negaron a seguir acarreándola y fueron apoyadas por todo el pueblo, y la aproximación a la economía de los comunes alentada por Elinor Ostrom. La sesión sobre la crisis, la trampa de la deuda y las respuestas desde los feminismos europeos propició una fuerte convergencia hacia la necesidad de renovar alianzas y pactos entre feministas y en confluencia con los movimientos sociales, ecologistas y altermundistas; además de un amplio consenso respecto a la reflexión abierta por Lina Gálvez: “la financiarizacion induce el endeudamiento de las personas y de los Estados, hipoteca nuestras vidas cargándolas con unos intereses que nos impiden desarrollar nuestros proyectos personales y colectivos, en beneficio exclusivo de una mínima élite y política”.

Cada dimensión del congreso está elaborando una síntesis de las conclusiones; como adelanto a las mismas, recupero los siguiente ejes propositivos y reivindicativos sobre los que conseguimos consenso:

• Confluencia del movimiento feminista con otros movimientos sociales y políticos y de alternativas económicas al sistema capitalista heteropatriarcal.
  
• Reformas urgentes de politicas públicas que den respuesta a situaciones de emergencia social y de género y también permitan crear las condiciones para construir igualdad y orientarnos hacia otro modelo de sociedad.
  
• Servicios públicos de calidad para cubrir necesidades de cuidado, con especial atención a la inversión en los servicios públicos de educación infantil.
  
• Permisos por nacimiento iguales, intransferibles y pagados al 100%.
  
• Reducción de la jornada laboral máxima, lo que permitirá repartir el trabajo remunerado de manera equitativa y quitarle la centralidad que tiene hoy en nuestras vidas.
  
• Eliminación de todos los incentivos a la dependencia económica de las mujeres.
  
• Medidas efectivas para incidan en la implicación de los hombres en los cuidados.
  

En mi opinión, una de las consecuencias de las propuestas acordadas en el congreso es la necesidad de reivindicar, en el corto plazo, la restitución del papel del Estado de Bienestar en la redistribución de los recursos y la riqueza. Y no, no se trata de pretender recuperar una situación pasada, sino de reconceptualizar y superar los límites, deficiencias y sesgos de género identificados en el modelo social europeo, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y los derechos de las mujeres como ciudadanas; y desde ahí diseñar trayectorias vivibles para construir otro modelo de sociedad , con igualdad de género.

En esta revolución estamos implicadas unas cuantas [bastantes y cada vez más] personas: ¿a qué esperamos?

Sin que sirva de precedente, publico hoy día 1 de Mayo, (en vez de ayer, 30 de Abril) este artículo escrito como colaboración especial para El Diario

El reparto del trabajo representa, hoy por hoy, una alternativa necesaria para la redistribución de los recursos y la riqueza desde otro paradigma, basado en la equidad de género y la solidaridad intergeneracional.

Es puro sentido de común y por ello, precisamente, resulta fácilmente entendible. Si el trabajo remunerado no alcanza para todas las personas que están disponibles para el empleo, por qué no modificar el criterio de reparto del mismo, reduciendo la parte del tiempo que comprometemos laboralmente en nuestras vidas. Según los datos de la última EPA , de los 22,8 millones de población activa que hay en el Estado Español, 6,2 no consiguen empleo. ¿Qué impide pasar de la jornada laboral máxima de 40 horas a otra de 25 o 30 horas máximas a la semana? Francamente, creo que nos iría mejor si pensásemos en clave de inversión, en qué capacidades y perspectivas estamos sembrando para el futuro; en cuál es la herencia social, económica y medioambiental que estamos traspasando.

Hay quien dice que una propuesta como esta no cuajaría porque parte de la ‘clase trabajadora’ se resiste a reducir su nivel de ingresos. En mi opinión, esta es una más de las muchas falacias con las que el sistema capitalista pretende mantener su propio ‘estatus quo’. Es la estrategia del ‘divide y vencerás’ de toda la vida: fomentar la rivalidad y división de intereses, entre quienes precisan de una renta del trabajo para subsistir; asentando, al mismo tiempo, la tradicional división sexual del trabajo.

El desigual impacto de la crisis sobre las mujeres pone en evidencia la persistencia de brechas de género en el empleo (trabajo remunerado) y en el trabajo no remunerado; algo que al sistema heteropatriarcal, que sostiene a este capitalismo depredador, le va muy bien y que delimita las posibilidades reales de las mujeres de desarrollar sus proyectos de vida, cercenando sus oportunidades de acceder a una renta de trabajo.

Mientras las políticas neoliberales continúan con el expolio de derechos y recursos, la división sexual del trabajo se intensifica y precariza aún más. El desmantelamiento de servicios públicos destinados al cuidado de personas dependientes, menores y personas adultas deriva la responsabilidad de los cuidados en la reconcentración familiar y esto, en la práctica, quiere decir que son las mujeres quienes vuelven a asumir este mayor trabajo – no remunerado -.

De cómo las manipulaciones de economistas ultraortodoxos no tienen límite…

Recientemente se ha desmontado una de las grandes estafas ideológicas que ha sustentado el austericidio ejecutado por la troika europea.

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La idea básica con la que he participado en el foro de debate sobre Economía consiste en ofrecer tres alternativas básicas para el reparto del trabajo que orienten la prioridad de la actividad económica en la satisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo humano y la equidad redistributiva.

La clave de esta propuesta radica en dos aspectos fundamentales con alto potencial multiplicativo: por una parte las eliminación de la división sexual del trabajo como criterio estándar de reparto; y por otra parte, la orientación del modelo de desarrollo a un nuevo cometido: la consideración de los ‘cuidados’ como una necesidad social y el establecimiento del equilibrio en las relaciones desde la equivalencia humana.

Sobre la necesidad de otro reparto del trabajo

Existe una relación directa entre la persistencia de la brecha de género en el trabajo no remunerado y la persistencia de las brechas de género en el empleo (trabajo remunerado), de manera que la primera delimita las posibilidades reales de las mujeres en el acceso al trabao remunerado, así como, en gran medida, las condiciones laborales a las que pueden optar. Esta perversa relación se intensifica aún más ante la ausencia de servicios públicos destinados al cuidado de personas dependientes, menores y personas adultas.

Cabría esperar que ante la mayor disponibilidad de tiempo de los hombres, como efecto de la destrucción de empleo masculino, hubiese una mayor dedicación de ellos al trabajo de cuidados familiares, máxime en estos años de recortes en los servicios públicos destinados al cuidado infantil y a la atención a la dependencia. Sin embargo esto no es lo que muestran las estadísticas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística , las mujeres dedican 4:04 horas a tareas domésticas y familiares (mantenimiento del hogar, compras, cuidado de hijos/as y personas ascendientes) en un día promedio, lo que representa 2:15 horas más de lo que dedican los hombres al mismo trabajo (cuya dedicación solo ha aumentado 45 minutos en los últimos siete años).

La brecha de género persiste y además se ensancha cuando hay hijos/as.

En todos los países de la Unión Europea el tiempo de trabajo remunerado de las mujeres disminuye durante los periodos de maternidad mientras aumenta significativamente la brecha en los tiempos de trabajo de hombres y de mujeres. Este es el periodo en el que se da el establecimiento de los roles de género y la hiperespecialización de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados familiares; una tendencia preocupante ante los burdos intentos de los gobiernos de volver a exaltar el valor de la abnegación maternal en el ideal del ‘papel de las mujeres’.

Otra de las brechas de género persistentes se da en el tiempo de trabajo remunerado, que alcanza las 5 horas semanales (el promedio jornada laboral semanal es de 40,2 horas para los hombres frente a las 35 horas de las mujeres). Lo que muestran estos datos es la incidencia del empleo a tiempo parcial como ‘nicho’ de la inserción laboral de las mujeres. Existe una relación inversa entre la duración semanal del tiempo de trabajo remunerado de las mujeres con las tasas de empleo femeninas; y esto se traduce en que, en la mayor parte de los países europeos, cuanto mayor es la tasa de empleo de las mujeres menor es su jornada de trabajo remunerada.

El resultado de todo ello es que subsisten las brechas de género también en el empleo (trabajo remunerado) y que, aunque se acortan distancias por la destrucción de empleo masculino en estos últimos años, no se puede concluir que ello signifique una mejora en la situación de la población femenina; más bien ocurre todo lo contrario.

Como decía en este otro artículo “La corresponsabilidad vuelve a conceptualizarse casi como una utopía altermundista” mientras los derechos de la ciudadanía están en serio peligro de extinción.

Una propuesta para orientar en igualdad el reparto del trabajo

La cuestión clave a resolver es, en mi opinión, si se puede cambiar la consideración social del trabajo de cuidados, así como las condiciones de vida de las personas que lo realizan, mientras lo mantengamos reducido al ámbito familiar y mientras sea patrimonio exclusivamente de las mujeres.

Pasar de considerar ‘los cuidados’ como una responsabilidad que se resuelve en los entornos familiares a considerar que es una responsabilidad social, colectiva, común y pública, significa ubicarse en otra lógica, no mercantilizada, de la vida; en la que las cuestiones relativas a la subsistencia, la solidaridad, el altruismo, la reciprocidad, los afectos y la sostenibilidad de la vida no estén supeditadas a la acumulación de capital, sino al bienestar global. Para ello, sería imprescindible, por una parte, desmontar la desvalorización de todo lo que tiene que ver con la reproducción social y las asimetrías construídas en torno a la división sexual del trabajo. Y por otra parte, considerar que tanto los procesos de producción como los de reproducción social son indisociables y que es precisamente su interacción lo que genera valor social y, por lo tanto, también riqueza.

Hay propuestas que nos podrían facilitar la incorporación del cuidado como necesidad social en la agenda politica y económica, con un valor estratégico y un alcance multiplicativo. A continuación se comentan tres posibilidades que influirían en la reorganización social de los tiempos y en la redistribución equitativa del trabajo.

A) Reducción del tiempo de trabajo remunerado, con carácter general, para todas las personas permitiría repartir el recurso – escaso – del empleo, de manera que hombres y mujeres accediesen en condiciones de igualdad al desarrollo profesional y a la generación de ingresos con los que gestionar sus proyectos de vida. También permitiría realizar un reparto más equitativo de los tiempos de vida, dedicando cada quien, por ejemplo 5 o 6 horas diarias máximas al trabajo remunerado, y disponiendo de tiempo de calidad para atender otros campos de interés sociopersonal (relaciones sociales y de afectividad, crecimiento personal, políticas y actividades comunitarias, etc.)

Esta reforma permitiría eliminar el doble mecanismo de inserción laboral actual, por el que se facilita a quienes no pueden dedicarse plenamente al trabajo productivo, la vía de ‘poder’ incorporarse a tiempo parcial para ‘complementar’ los ingresos conseguidos por otros integrantes de la unidad de la unidad familiar.

Hay un par de experiencias a considerar para orientar el proceso de este tipo de reforma. Por una parte está el aprendizaje de la reducción de la jornada semanal a 35 horas de Francia; y por otra parte, las lecciones extraidas de Finlandia y la reducción a 6 horas máximas diarias.

Cualquiera de las dos opciones, con sus luces y sombras, enviaría un mensaje más coherente con la sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones; eliminando la centralidad del trabajo mercantilizado en la vida de las personas, mujeres y hombres por igual. Y generando, además, un cambio en el planteamiento del sistema de protección social y en la definición de estándares mínimos de calidad de vida como parte de los derechos básicos de ciudadanía.

B) Reforma del sistema de permisos por nacimiento (iguales, intransferibles y remunerados al 100% de la base salarial). Es importante mencionar que existe ya una propuesta de reforma legislativa y que las evidencias empíricas4 sugieren que podría tener un efecto favorable sobre la fecundidad, el bienestar, el desarrollo cognitivo de las niñas y niños y la corresponsabilidad.

La introducción de un sistema de permisos por nacimiento iguales, intransferibles y bien pagados pone el centro de atención (en un primer momento) en la necesidad de equiparar el permiso que tienen los padres al que ya existe para las madres (En España, supondría aumentar las 2 semanas del permiso de paternidad a las 16 semanas de maternidad). El análisis comparado a nivel europeo facilita el conocimiento de cómo debería ser la configuración del sistema de permisos por nacimiento para incidir y modificar de manera efectiva la ‘norma social’ que define la pauta de comportamiento masculina: intransferibles (es decir, que si el titular del derecho no lo utiliza, nadie más puede hacerlo) y remunerados al 100% de la base salarial (en España es el criterio de remuneración existente para el actual permiso de paternidad y también para el permiso de maternidad).

Se trata de una reforma estratégica para la corresponsabilida; sin embargo, las políticas de ajuste emprendidas están renunciado completamente a ella (con la excepción de Islandia, que acaba de aprobar la ampliación a 5 meses de permiso intransferibles y bien remunerados para cada progenitor/a, y otros 2 meses transferibles). En España se ha aplazado por tercer año consecutivo la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad y también el debate político sobre la proposición de ley para la equiparación de los permisos por nacimiento, a pesar del escaso presupuesto que supondría dicha reforma.

Que los hombres se ausenten de su puesto de trabajo, igual que las mujeres, cuando son padres, para cuidar a su criatura, tiene múltiples efectos beneficiosos: por una parte facilita establecer lazos afectivos con sus hijos/as desde el principio, desarrollando el potencial cuidador afectivo y la generación de otros modelos de paternidad y masculinidad diferentes al estándar patriarcal y también estableciendo un reparto igualitario de tiempos y funciones en el ámbito familiar. Por otra parte, contribuirá a eliminar la percepción de riesgo de contratación de mujeres, minorando la penalizacion que la maternidad sigue teniendo sobre el empleo femenino y sus respectivos salarios.

C) Servicios públicos de cuidado externos al ámbito familiar. Esta propuesta además de incidir en la reorganización social de los tiempos de vida, es una propuesta básica de derecho de ciudadanía, muy importante, sobre todo, para la universalización de los derechos de infancia.

Frente a las críticas que hablan del riesgo de ‘mercantilizar’ la provisión de los cuidados cuando se realizan fuera de las familias, convendría recordar que es en los países en los que el cuidado para satisfacer las necesidades básicas se ha sacado del hogar a través del sector público, donde hay una proporción mayor de personas que se ocupan de sus familiares, (Islandia, Suecia, o Noruega), respecto a los países de modelos ‘familiaristas’ como España. La diferencia es el tiempo de calidad prestado.

El debate está abierto. Ahora bien, sabemos que existe una relación directa entre la igualdad, el desarrollo y la sostenibilidad de la vida. ¿Por qué seguir relegando la igualdad de género como algo subsidiario a otro tipo de objetivos sociales o económicos, en vez de integrarla como el principio ético y político que garantice el necesario cambio de modelo de desarrollo económico y social?

Se veía venir, aunque no por ello resulta menos doloroso. La situación de las mujeres empeora a pesar de la menor brecha de género en el empleo. La precariedad laboral se ha extendido pero les sigue afectando a ellas en mayor medida.

Hay suficientes evidencias históricas que muestran cómo la población femenina ha resultado ser las más afectada por la creciente inseguridad y precariedad del trabajo en los contextos de las crisis económicas pasadas. Sin excepción, hasta ahora, todas las fases de depresión y recesión económica conocidas se han cebado con especial virulencia en las mujeres solas, familias monomarentales y mujeres migrantes. Y lo mismo ha estado ocurriendo en los últimos 6 años de esta ‘gran estafa’; aunque no aparezca en los principales titulares mediáticos, el hecho es que ocurre, y de manera global.

El último informe de la EPA en España para 2012 resulta demoledor. Cerca de 6 millones de personas desempleadas (el 26.02% de la población activa), 1.833.700 hogares con todas sus personas integrantes en desempleo y una tasa de desemplo juvenil del 55,1%. Dicho así, en grandes epígrafes ya es grave por sí mismo; pero, si además observamos cómo han evolucionado las tasas de desempleo en los últimos años, podemos caer en la cuenta de algunas obviedades: 1) fuerte crecimiento del desempleo masculino en los primeros años 2) mayor incidencia del desempleo femenino durante todo el tiempo, 3) acortamiento de la brecha de género, aunque ello no necesariamente implica que la situación de las mujeres haya mejorado, 4) ineficacia total de las reformas laborales de los últimos años fruto de la irresponsabilidad y negligencia de los gobiernos que las emprendieron.

Hay que decir que, en general, los aumentos en el desempleo tienen fuertes impactos negativos sobre la participación del trabajo en la distribución de la renta nacional, lo que abona el terreno para la devaluación interna vía reducción de salarios (algo que ya estamos experimentando en Grecia, Portugal y España).

En este contexto, la preeminecia del desempleo femenino que refleja la gráfica (26,55% respecto al 25,58% masculino en 2012), refuerza otra peligrosa tendencia: la persistencia de la brecha salarial de género.

La mayor inseguridad económica, el desempleo creciente, la caída de los salarios reales y los recortes continuos en los servicios públicos y de atención a las necesidades de cuidado, tienen un efecto multiplicador perverso.

Ya no hay politicas de igualdad ni intención de resolver las desigualdades entre hombres y mujeres, ni siquiera de querer aparentarlo. La corresponsabilidad vuelve a conceptualizarse casi como una utopía altermundista y los derechos de la ciudadanía están en serio peligro de extinción. Todo ello está significando una vuelta al esquema tradicional de papeles, a situaciones de dependencia económica y de creciente frustración por no poder cubrir las necesidades básicas, de alimentación, vivienda, educación y salud de las personas que forman parte del núcleo de convivencia familiar.

Cada vez se hace más evidente que no se trata de un hecho casual, sino que es el resultado de una serie de reformas que vienen respondiendo a la tendencia mundial de precariedad laboral y de bajos salarios, que se reflejaba en el informe de salarios de la OIT en 2010 . En ese informe ya se apuntaba a una creciente feminización del fenómeno ‘empleos de bajos salarios’ en los países de la OCDE; y también se reconocía que “desde el decenio de 1980, la mayoría de los países han experimentado una tendencia a la baja de la participación de los ingresos del trabajo, lo que significa que se ha destinado una proporción menor de la renta anual a la remuneración de la mano de obra y una proporción mayor a las rentas procedentes del capital”. Revelador, ¿verdad?

A medida que avanza la tendencia de ‘bajos salarios’ en el empleo remunerado ‘formal’, ocurre que, por una parte, se refuerza el funcionamiento del llamado empleo ‘informal’ al que se acude para completar ingresos, o incluso como ‘la’ fuente de ingresos con la que garantizar la sostenibillidad económica de las personas y familias; y por otra parte, se agudiza la polarización de las rentas. El 43% de las personas que trabajaban en España de manera remunerada en 2010 recibieron sólo el 13% de todo el dinero que se gastó en salarios, mientras que el 7% percibía el 25%. Cabe recordar que las mujeres se concentran en los tramos de rentas más bajos.

Sobran las palabras, es tiempo de acción.

¿Cómo sostener sino que mientras los gobiernos y la troika despilfarran el dinero público en tapar los agujeros, provocados por el vampirismo financiero, se escamoteen recursos económicos para la sanidad o pensiones públicas, para atajar la pobreza infantil y la falta de nutrición de la infancia y de cada vez más sectores poblacionales?

¿No les parece que se está convirtiendo el sur de Europa en otra región ‘low – cost’/‘low – rights’ para uso y abuso del vampirismo del gran capital?

‘Las cosas son imposibles mientras lo parecen’ (Concepción Arenal)

Sería conveniente ‘limpiar y dar esplendor’ al concepto de economía, recuperando el sentido que debería tener la misma y articular respuestas que aporten valor a la construcción de otro modelo de sociedad, basado en la igualdad.

Por Amartya Sen hemos aprendido que no hay justicia social sin justicia económica; también que es preciso entender el desarrollo como un proceso facilitador de la ampliación de libertades, de manera igualitaria, que posibilite a todas las personas la adquisición y realización plena de sus capacidades. Pues bien, a través de una gran diversidad de investigaciones y experiencias sabemos que, pese a las resistencias de invertir en igualdad, en el largo plazo, hay una relación directa entre la igualdad, el desarrollo y la sostenibilidad de la vida. Y es por ello que la igualdad no debería ser relegada ni considerada como algo subsidiario a otro tipo de objetivos sociales o económicos, sino encumbrada como el principio ético-político que podría garantizar que el necesario cambio de modelo de desarrollo económico y social responda al principio horizontal de equidad.

Desde esta premisa, surgen multitud de factores y matices transformadores de la realidad actual.

¿Qué valor tendría que aportar la economía? Fundamentalmente el de facilitar la gestión de la vida, distribuyendo la riqueza y administrado los recursos existentes, siempre escasos, para satisfacer las necesidades de las personas. Es decir, debería ser la disciplina de conocimiento que estableciese que la sostenibilidad de la vida se ha de ubicar en el centro de la organización socioeconómica y por tanto en el corazón de la agenda politica.

En una primera aproximación a la economía de la igualdad, ésta sería aquella orientada a proporcionar la efectiva igualdad de oportunidades a todas las personas, hombres y mujeres, de manera sostenible, a través de la generación equilibrada de ingresos y gastos y de la distribución equitativa de los recursos existentes. Y esto, en términos prácticos, significa integrar una triple dimensión: la de la economía feminista, la economía ecologista y la economía solidaria. Es decir, la economía de la igualdad se orienta hacia el ‘bien común’ o el ‘procomún’, esto es, hacia el logro colectivo de una vida plena, en la que las desigualdades estructurales actuales, entre ellas la desigualdad de género, no tienen cabida.

Impulsando cambios transformacionales

Empieza a atisbarse que esta propuesta se mueve hacia otro paradigma, y que precisará de algunos cambios estrateǵicos, tanto en los valores sociales, como en los planteamientos y prácticas a realizar. En un primer nivel se encuentra el cambio en el cometido del modelo de desarrollo; la orientación hacia el crecimiento económico – monetarizado – ‘per se’, se sustituye por un objetivo tripe: a) la consideración de los ‘cuidados’ como una necesidad social; b) el establecimiento del equilibrio en las relaciones desde la equivalencia humana; y c) en una reducción de la huella ecológica. Estos cambios también afectarían a la lógica de producción, que ya no respondería al objetivo de maximizar los beneficios económicos (monetarios) sino más bien al de maximizar la sostenibilidad, la diversidad y la democracia económica en equidad.

Y todo ello sustentado en una nueva escala de valores: la autonomía personal y comunitaria, el reconocimiento, la interdependencia, la reciprocidad, la soberanía, la solidaridad y la cooperación son el paquete básico de principios que fundamentan la alternativa de una economía de la igualdad.

Otro nivel de cambios a impulsar se ubica en la revisión y cuestionamiento de criterios y procesos, como las prioridades en la organización socioeconómica de la vida, de la organización de los tiempos de trabajo, y de las prácticas de democracia; requiere también el cuestionamiento de las formas de propiedad y producción; y requiere de la realización efectiva de un reparto del trabajo – remunerado y no remunerado – en condiciones de equidad, así como de una apuesta clara por la investigación, el desarrollo, la innovación y la igualdad de género (I+D+I+I*)

El ‘cuidado’ como necesidad social

El ‘cuidado’ se refiere a la producción de aquellos bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un entorno adecuado. Tanto el cuidado material que implica un trabajo, como el cuidado económico que implica un costo y también el cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo son dimensiones del cuidado necesarias en la reproducción social. Es importante tener en cuenta que el cuidado se refiere tanto a la atención de las necesidades de autonomía personal como a a cuestiones afectivas.

Para llegar a considerar el ‘ciudado’ como necesidad social es necesario situarse en una lógica no mercantilizada de la vida, en la que las cuestiones relativas a la subsistencia, la solidaridad, el altruismo, la reciprocidad, los afectos y la sostenibilidad de la vida no estén supeditadas a la acumulación de capital, sino al bienestar global. Para ello, será imprescindible, por una parte, desmontar la desvalorización de todo lo que tiene que ver con la reproducción social y las asimetrías construídas en torno a la división sexual del trabajo. Y por otra parte, considerar que tanto los procesos de producción como de reproducción social son indisociables en la economía de la igualdad, y que es precisamente su interacción lo que genera valor social y por lo tanto también riqueza.

Habría que hacer emerger el cuidado como un derecho social dirigido a la satisfacción de las necesidades sociopersonales. Esto quiere decir, por una parte, reconocer el derecho individual a dar y recibir cuidados, pero también el derecho a negarse a darlos o recibirlos, así como el derecho al cuidado comunitario y el cuidado del entorno.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el trabajo de cuidados, doméstico y no remunerado, se refiere a una serie de actividades que dependen de las relaciones interpersonales: 1) relaciones de cuidado de personas que podrían por sus medios proveerse de los servicios de cuidado, pero que los exigen de otras personas por cuestiones sociales, culturales y hasta económicas; 2) relaciones de cuidado motivadas porque la persona cuidada no puede proveerse autónomamente de los servicios de cuidado por ser demasiado joven, demasiado mayor, por estar enferma o con alguna discapacidad; 3) relaciones de cuidado recíproco, donde los servicios de cuidado se ofrecen espontáneamente, y donde no existe necesariamente un patrón de continuidad. Pues bien, esta realización del cuidado no remunerado también se encuentra condicionada por la existencia o no de servicios prestados desde fuera de los entornos de convivencia, ya sean por las administraciones públicas, el sector privado o a través de redes sociocomunitarias. De ahí que sea importante considerar que el concepto de ‘cuidados’ contempla no sólo el trabajo no remunerado sino también el de los servicios públicos, privados y sociales.

La consideración del cuidado como necesidad social tendría que traducirse en algunos cambios estratégicos en torno a la redistribución equitativa del trabajo remunerado (como la reducción de la jornada laboral máxima de trabajo) y no remunerado (como la reforma del sistema de permisos por nacimiento y adopción para que sean iguales, intransferibles y bien remunerados, de manera que faciliten y promuevan el avance en corresponsabilidad) y también respecto a la existencia de servicios de cuidado externos del núcleo de convivencia. Estos cambios alcanzan un valor especial en el contexto actual.

La reducción del tiempo de trabajo remunerado permitiría repartir el recurso – escaso – del empleo, de manera que hombres y mujeres accediesen en condiciones de igualdad al desarrollo profesional y a la generación de ingresos con los que gestionar sus proyectos de vida; permitiría también realizar un reparto más equitativo de los tiempos de vida, dedicando cada quien, por ejemplo 5 o 6 horas diarias al trabajo remunerado, y disponiendo de tiempo de calidad para atender otros campos de interés sociopersonal (relaciones sociales y de afectividad, crecimiento personal, políticas y actividades comunitarias, etc.). Esto transmitiría un mensaje más coherente con la sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones, al eliminar la centralidad del trabajo mercantilizado en la vida de las personas, mujeres y hombres por igual.

Sobre la reforma del sistema de permisos por nacimiento (iguales, intransferibles y remunerados al 100%) algunas evidencias empíricas (Castro, C. y Pazos, M. 2012, 2008) sugieren que podría tener un efecto favorable sobre la fecundidad, el bienestar y desarrollo cognitivo de las niñas y niños y la corresponsabilidad; lo que contribuiría a diluir el lastre de la división sexual del trabajo y tendría un efecto multiplicador de avance en igualdad.

La necesidad de un cambio de escala

Es evidente que el tiempo de producción a gran escala a través de corporaciones y multinacionales ha sido fagocitado en estos años de expolio social y económico provocado por la crisis global; también parece evidente que ello ha sido consecuencia directa de las malas prácticas económico-financieras y de la voracidad del propio sistema.

La economía de la igualdad requiere ya de otro tiempo; el tiempo del emprendurismo social y autónomo, de la producción colectiva que genere valor y de formas de economía social, cooperativa y solidaria que contribuyan a vertebrar la comunidad en equidad, a través de la partipación equitativa de mujeres y hombres generando otros modelos de convivencia para la sostenibilidad de la vida.
Así pues, el reto y el estímulo de la reinvención es la necesidad de una ‘vuelta al origen’ ; de repensar lo que se ha de producir y a qué escala para atender a la satisfacción de las necesidades de las personas. La lógica de producción ya no responde a la acumulación capitalista sino a la sostenibilidad de la vida; y al tener una mayor aproximación a la realidad sugiere que la escala de producción óptima debería ser local o incluso de autoproducción. Se trata pues del eslabón económico más próximo al desarrollo humano, local y regional que incorpora los principio de soberanía y seguridad alimentaria.

Esto abre multitud de posibilidades para iniciativas económicas a nivel local o regional, a la recuperación y actualización tecnológica de usos productivos y conocimiento tradicional autóctono; y también a formas de moneda social que recuperen el valor de intercambio y no de acumulación de la moneda.

El cambio de escala no se refiere sólo a la producción sino también a la decisión. Es urgente la necesidad de articular procesos y mecanismos que garanticen la partipación directa e igualitaria, mujeres y hombres, en la toma de decisiones que afectan a sus condiciones de vida. La capacidad de la ciudadanía se construye a través de procesos de empoderamiento personal y colectivo, de la autodeterminación como comunidad socioeconómica que se provee de sus mecanismos de autogobierno y rendición de cuentas como garantía de transparencia política.

Imaginen que es posible, porque sí, se puede; y esa una buena noticia.
El debate sobre cómo orientar el cambio de modelo está abierto.

En el próximo artículo intentaré desarrollar tres enfoques estratégicos que se podrían abordar y que adelanto ya: 1) el del empoderamiento (personal, politico y económico), 2) el de la orientación de las políticas públicas y la igualdad de género y 3) el de la corresponsabilidad con la sostenibilidad de la vida. Cualquiera de ellos incluido en esta breve enumeración de diez ejes de cambio social sobre los que pivotar el debate.

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Artículo que forma parte del contenido de la revista Trasversales 27 (en imprenta)
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Había una vez un presidente que se comunicaba con su pueblo a golpe de comunicado de prensa desde el exterior de su país; ni siquiera cuando cumplió los primeros 100 días en el gobierno rindió cuentas. Su llegada al poder de gobierno había estado encumbrada por sus mentiras programáticas y una intensa actividad populista. Y a medida que la ciudadanía iba despertando de su ensoñación, se encontraba con más anuncios de represión social. ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas!! esta parecía ser la respuesta del ‘líder ausente’ y cada viernes por ‘orden ministerial’ se ofrecía una pildorita informativa con los nuevos recortes y retrocesos en sus derechos; y mientras la pobreza seguía creciendo, los grandes banqueros y fortunas seguían acumulando riquezas.

Cual relato de ficción se va desarrollando toda el entramado y parafernalia política cuyo objeto es distraer la atención del cambio de modelo de sociedad que traen las políticas económicas neoliberales: inexistente rol público del Estado, absoluta libertad de movimiento para las empresas, un gasto social prácticamente nulo y el resurgir de la represión del estado para mantener su orden público .

Este es el trasfondo de la ‘reformas estructurales’ que, proclaman las oligarquías financieras. Y en base a éstas se ha escrito un guión, previo al cambio de gobierno del 20N en España, por el que se aprueban en primer lugar acciones de privatización , desregulación gubernamental y fuertes recortes en el gasto social (sanidad, educación, servicios sociales fundamentalmente); con ello se pretendería crear un clima de shock tal que los recortes en derechos básicos y en derechos políticos sean aceptados como ‘mal menor’. La criminalización de la respuesta social es la punta de lanza que ya da cobertura al revival de la práctica de tener presxs políticxs , un indicador del grave deterioro democrático que vive este país.

Pero ¿cómo es posible que una cuidadanía educada, orgullosa de sus avances sociales en derechos y libertades básicas pueda aceptar este giro político que pone en quiebra su estado de bienestar y el modelo social europeo? La respuesta viene de la lección aprendida con la política intimidatoria de EEUU de azuzar la amenaza del terrorismo global a partir del atentado del 11 – S. La estrategia del miedo y la aplicación de lo que Naomi Klein ha conceptualizado como doctrina del shock son los facilitadores de todos estos cambios que estamos viviendo; la manipulación politica y la complicidad de los medios de comunicación convencionales son las herramientas básicas utilizadas para propagar la nueva doctrina y crear un ambiente propicio que justifique el papel del Estado en el manteniemiento del orden público .

Los gobiernos han dejado de responder al ‘bien común’ y sin ningún tipo de pudor, se orientan ya cual empresa a la consecución de beneficios, instaurando para ello el nuevo fundamentalismo nacido de la crisis de la deuda pública: el ‘déficit cero’ impuesto por Alemania. Aquí entra en juego lo que Paul Krugman define como el Gran Engaño europeo “la creencia de que la crisis europea se debe ante todo a la irresponsabilidad fiscal. Los países incurren en déficits presupuestarios excesivos —nos dice el cuento— y se endeudan en exceso, por lo que ahora lo importante es establecer unas normas que impidan que la historia se vuelva a repetir”.

Así están las cosas . Y a pesar de mi propio error inicial de atribuir a la improvisación la definición de las polìticas de ajuste he de decir abiertamente que no creo que haya tal improvisación; las políticas de ajuste responden a un posicionamiento ideológico, económico y social, basado en la preeminencia del sector financiero, en la acumulación capitalista, en la polarización social, tanto de rentas como de clases y en la versión actualizada del voraz sistema de dominación heteropatriarcal. A esto responde la nueva marca España . Y es desde este lugar ya explicitado que podremos interpretar la obsesión que les ha dado por las políticas de austeridad a pesar de estar fuera del sentido común del 99%.

¿Cómo no vamos a reaccionar ante este intento de destrucción masiva?

Fuimos muchas voces gritando alerta! que la austeridad sólo traería destrucción de empleo y empobrecimiento, y que concretamente en España, los tijeretazos y la deriva económica no permitirían reactivar la actividad económica. Hoy la OIT rechaza rotundamente la austeridad e incluso el propio FMI y algunos países de la Eurozona empiezan a poner en duda la efectividad de su propia medicina.

El derecho a la salud no admite recortes porque forma parte de los derechos humanos. El derecho a la educación pública, de calidad, es garantía de una sociedad futura mejor. Los recortes en Políticas de Igualdad son un atentado a la vida de las mujeres, y en este sentido, los recortes previstos en los PGE de 2012ya denunciados por grupos feministas representan un riesgo extremo, entre otros muchos, de reproducción de las desigualdades y de la violencia hacia las mujeres.

Hay que salir de este bloqueo, imaginarse que otro mundo es posible y vivir desde este nuevo lugar, una vida que merezca ser vivida. ¿Empezamos por despejar el bosque? Tomemos la calle, tomemos las plazas, tomemos las instituciones, pero sobre todo … tomemos la vida, nuestra vida!!! en un ejercicio de autosoberanía y empoderamiento, individual y colectivo. Está todo por ganar …

“¡Mariano, Mariano, que no llegas al verano!”

Se equivocarán los sindicatos de clase, si piensan que el 29M es un acto simbólico que les dará fuerza para negociar matices de la reforma laboral. Es mucho más que eso; y en una perspectiva de futuro a largo plazo representa el inicio de algo que ya no va a parar. El plante ciudadano es contra la desfachatez de los gobiernos y el apriete de tuercas con el que intentan seguir vendiéndonos el mismo modelo de desarrollo y crecimiento a pesar de ser bien conocidos los desequilibrios que provoca; es contra la politica neoliberal y el intento descarado de desmantelar el embrión de estado de bienestar; es contra la lógica de acumulación capitalista y, en definitiva, contra el sistema heteropatriarcal; porque, como denuncia Amaia Pérez Orzoco, esta reforma no es sólo un ataque al trabajo, es un ataque a la vida

Que la reforma laboral aprobada continúa el ataque frontal a los derechos laborales es una evidencia fácilmente contrastable: sueldos inferiores a 500 euros para jóvenes menores de 33 años, flexibilidad ampliada hasta la posibilidad de despedir a personas empleadas por ausencias justificadas por enfermedad, legalización de horas extras incluso en contratos a tiempo parcial, retroceso en medidas de conciliación, privatización de los servicios de empleo … Y la amenaza velada de hacer desaparecer el derecho a la huelga. Igualmente verificable es el hecho que sus efectos serán especialmente duros sobre las condiciones de vida de las mujeres , quienes, vapuleadas ya por la crisis sistémica y patriarcal, se ven afectadas en mayor medida por el desempleo con una tasa del 23.32%, respecto al 22.46% de desempleo masculino (según datos de la EPA para 2011) y también son las más afectadas por los recortes del gasto público social y las sostenedoras principales del iceberg social y productivo que nutre el trabajo invisible también llamado a una Huelga de Cuidados

Madres, hijas y abuelas, paradas, precarias, funcionarias, políticas, empresarias, amas de casa, trabajadoras del hogar, limpiadoras, camareras, periodistas, abogadas, prostitutas, astronautas, profesoras, psicólogas, bailarinas, cantantes, escritoras, jardineras, bomberas, cirujanas, traumatólogas, ginecólogas, cocineras, científicas… ¿qué pasaría si todas estas mujeres y millones más en todo el mundo se pusieran en huelga de cuidados? ¿Qué pasaría con la base del iceberg económico que sustentan? ¿qué pasaría cuando lo que siempre ha sido invisible dejara de funcionar?

La hora de la igualdad de derechos a la que se refiere María Pazos Morán es YA y esto acaba de empezar; las primaveras florecen y con ellas también la conciencia social.

La investidura del nuevo gobierno en España representó la constatación de algunas de sus marcas ideológicas. La primera fue el desprecio total a la paridad política y a la Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 que en su artículo 16 dice que “los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. La segunda fue el regodeo en una de las perversiones del sistema: el lobby financiero se instaló en el gobierno con el nombramiento del actual Ministro de Economía, completando la reapropiación de la esfera política. Luis de Guindos, junto con Monti, Papademos y Darghi, anteriores representantes de Lehman Brothers y Goldman Sachs (entidades financieras causantes de la crisis) tienen ya entre sus competencias actuales las decisiones económicas que gobierna las vidas de la ciudadanía en Europa. Y la tercera fue el secreto anunciado de que la política económica del nuevo gobierno (del PP) sería aún más agresiva que la iniciada en mayo del 2010 por el anterior gobierno (del PSOE).

Quien comió las uvas en el cambio de año, lo hizo con el sabor amargo de un tijeretazo histórico, el del 30 de diciembre, anunciado como “el inicio del inicio”; la intención, dicen que, es contener el déficit público que se ha disparado de las previsiones. Para ello se pretende reducir el gasto público en 8.900 millones y aumentar en 6.275 millones de euros los ingresos a través de una subida de impuestos. No dicen, aunque sí sabemos, que en esta desviación del déficit público ha influido la integración de las cuentas de las comunidades autónomas, en gran parte deficitarias y con situaciones escandalosas como la de la Comunidad Valenciana (que ya ha necesitado la ‘garantía de rescate’ desde el Tesoro público ante su falta de liquidez). Y para la noche de reyes nos obsequiaron con un plan de propuestas que se supone complementarán las medidas de ajuste iniciado.

En España parece haber calado el discurso neoliberal sobre la austeridad fiscal, a pesar de que la desregulación y ‘libre mercado’ que propone es lo mismo que ha provocado la crisis.
La evidencia en Europa contradice las supuestas benvolencias de este discurso y dan la razón a los avisos del riesgo de recesión económica al que nos llevan las políticas de austeridad y de recortes de gasto público. Pues bien, a pesar de ello, el primer paquete de medidas aprobado por el nuevo gobierno sigue el guión de la austeridad, lo que dificultará la salida de la crisis y nos trasladará a otro escenario: el de mayor pobreza que definen Stiglitz, Krugman y Sampedro.

De seguir insistiendo en los recortes de renta sobre la población habrá menor consumo, y ya se sabe que ante menos demanda se contrae la oferta, lo que impepinablemente provocará más despidos, más paro y menor recaudación, con un consiguiente aumento del déficit y vuelta a empezar.

Porque por mucho que digan lo contrario, es evidente que las medidas propuestas no se dirigen a crear empleo ni a reactivar la actividad económica, sino que provocarán una merma de derechos sociales y laborales así como una reducción de la capacidad adquisitiva de las personas asalariadas y pensionistas sin tocar ni un hilo de la cartera de los especuladores y grandes riquezas.

Veamos algunos aspectos de estas medidas.

Hay quien reprocha al gobierno que haya subido los impuestos, y que lo tacha de haber mentido durante la campaña cuando juraba y perjuraba que no lo haría . Efectivamente, la hemeroteca destapa las mentiras y cualquiera puede comprobarlo; ahora bien, ¿realmente se la creyeron?.

En mi opinión, el problema no es la subida de impuestos, sino la estructura y composición de dicha subida; es decir, sobre quién va a recaer y en qué medida afectará al papel del Estado en la redistribución de la riqueza. Pueden hacerse una idea perfectamente porque, lamentablemente, el guión de las políticas neoliberales no es nuevo.

Las rentas de trabajo financian una parte importante de los ajustes acordados y experimentarán una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva, tanto por la congelación de salarios públicos como por la subida del IRPF (el 85% de las rentas declaradas en este impuesto son procedentes del trabajo). Los datos que ofrece GESTHA son demoledores: 2.065 millones de euros anuales aportarán quienes perciben menos ingresos, hasta 33.000 euros, siendo el grueso inferior a 17.700 euros anuales. Y al mismo tiempo quienes perciben más de 300.000 euros anuales aportarán en conjunto apenas unos 465 millones de euros. El desequilibrio es evidente. Y aún más teniendo en cuenta que las mujeres asalariadas se encuentran en mayor medida en los tramos inferiores de renta; es decir, que esta subida del IRPF tiene un sesgo de género pronunciado y aumentará la brecha ya existente. Ya que le han metido mano al IRPF, podrían haber optado por algo que está previsto en la exposición de motivos de la ley: eliminar la tributación conjunta y con ella la desgravación por cónyuge a cargo; de haberlo hecho, además de incidir de manera favorable en el objetivo de igualdad de género, se podrían recaudar los más de 2.000 millones de euros que el Estado deja de ingresar por ese concepto. ¿Será que tampoco este gobierno se ha leido la ley?

Así pues, lo realmente cuestionable de la subida de impuestos aprobada es que se olvida, una vez más, de que hay otros posibles sujetos contribuyentes además de quienes todavía conservan su empleo con una nómina. Por ejemplo, las grandes empresas, a las que se les podría haber aplicado una subida del Impuesto de sociedades, por ejemplo del 30% al 35%, sobre los beneficios superiores a una determinada cantidad, por ejemplo un millón de euros anuales; esto podría generar unos ingresos de más de 13.000 millones de euros, según las estimaciones realizadas por técnicxs de hacienda. También se podría haber creado un impuesto sobre la riqueza, que es la que en este país se ha escaqueado tradicionalmente de contribuir al sostenimiento del estado de bienestar embrionario que hemos tenido y que ha utilizado refugios como las SICAV, que sólo tributan al 1% o directamente la evasión a paraísos fiscales. Y por supuestísimo, se podría haber creado un impuesto sobre las transacciones finacieras (como propone ATTAC), otro sobre los beneficios de la banca y otro más sobre los ‘bonus’ que siguen cobrando los directivos de las entidades financieras. Es decir, hay alternativas suficientes para conseguir una mayor recaudación vía impuestos de una manera más eficiente y equitativa. ¿Por qué se renuncia a este incremento de ingresos?

En el segundo paquete de medidas intencionales aprobado el 5 de enero, el gobierno se compromete a intensificar un plan de lucha contra el fraude fiscal, un cometido muy necesario de abordar, y que según el personal de hacienda se podría cuantificar en un cuarto de billón de euros (es decir, 250.000 millones de euros) lo que podría ‘emerger’ hacia las arcas del Estado. Sin embargo, lo aprobado parece ser más un guiño de ‘como si’ en vez de una apuesta real para hacer efectiva esta vía de recaudación fiscal. De hecho la propuesta de un nuevo Plan Nacional contra el fraude pretende recaudar aún menos de lo que actualmente se está consiguiendo (previsión de 8.100 millones frente a los casi 10.400 millones obtenidos en el 2011). En mi opinión, si se aprueba este nuevo Plan en las condiciones anunciadas será un acto de negligencia claramente denunciable.

Entiendo que todas estas posibilidades – y muchas otras – deberían formar parte de una propuesta de política fiscal progresiva – y progresista – basada en el principio horizontal de equidad. ¿Es creible pensar que el gobierno actual vaya a ponerlas en marcha cuando el gobierno socialdemócrata anterior no lo hizo? Se trata de una duda razonable, sin embargo, ni siquiera la existencia de esta duda sería motivo suficiente para dejar de exigir una política fiscal progresiva en estos momentos. Hace falta, más que nunca, coordinar el criterio de equidad con el de eficiencia económica y exigir que la salida a la crisis no la paguen exclusivamente quienes perciben un recibo salarial.

Otra de las medidas aprobadas ha sido la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012, en los actuales 641,40 euros mensuales que vulnera la normativa existente con premeditación y alevosía y crea un referente peligroso en la tendencia a la precariedad laboral, afectando a quienes tienen peores empleos. Desde el Ministerio de Trabajo se ha intentado minimizar su alcance diciendo que sólo va a afectar a unas 134.000 personas. Habría que preguntarle al gobierno qué sentido tiene pues su aprobación. La primera entidad que ha corregido al ministerio ha sido la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia recordando que “según los datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 hay en la población activa 686.100 personas dedicadas al empleo doméstico, de las cuales 618.300 son mujeres a quienes la normativa lo único que les garantiza por una jornada completa es la cuantía anual del salario mínimo interprofesional”. Otro sesgo de género claramente pronunciado en la primera tanda de ajustes aprobados.

La moratoria hasta el 2013 tanto de la Ley de dependencia como de la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad (que ya había sido aplazado por el gobierno anterior hasta el 2012) constituye uno de los ejemplos más representativos del recorte de derechos que conllevan el tijeretazo de este nuevo gobierno. Es más que evidente que tendrán un efecto pernicioso sobre las condiciones de vida de mujeres y hombres y seguirán actuando como lastre al avance en igualdad. El supuesto ahorro de ambas moratorias es, en total, de 250 millones, por lo que su aprobación obedece más a razones ideológicas y posiciones politicas que a cuestiones de índole económico.

A las mismas razones responde el adelgazamiento del sector público, otra de las marcas ideológicas de ‘la casa’. La decisión de congelar el empleo público, de establecer la tasa de reposición cero de las plantillas o la de eliminar gran parte de las empresas públicas existentes (aunque aún no se conozca cuáles) obedece más al interés de minimizar el papel del Estado que al de eliminar duplicidades en el gasto público. Porque si al gobierno le interesase ahorrar gastos innecesarios podría redimensionar las diputaciones provinciales e incluso optar por plantrear al parlamento la supresión del senado. Tras la cumbre europea del 9 de diciembre, conocimiento de manera velada el anuncio de lo que será la eliminación del ‘estado-nación’, su sustitución por la tendencia al federalismo europeo y la toma del poder político de los lobbys financieros y empresariales; cabría esperar pues un reajuste de las cámaras de representación política vacías de contenido, salvo que haya un plan para dotarlar de cometido hoy en día.

En definitiva, el inicio del nuevo gobierno no augura un devenir favorable para la economia española, más bien lo contrario y tampoco un planteamiento coherente con el cambio de modelo productivo que es obvio que necesitamos.

Entre las medidas del 30 de diciembre, se ha decidido prorrogar el tratamiento fiscal favorable de la compra de vivienda (ya no sólo la habitual), y con ello se ha reactivado el fantasma de la vuelta al ladrillo y la posibilidad de alimentar a medio plazo una nueva burbuja inmobiliaria. Paradojas del capitalismo: la ‘mano invisible’ del sector financiero ha clamado por la intervención del Estado para contener la caída en el mercado del precio de sus inmuebles y evitar un fuerte descalabro en sus balances. Y al mismo tiempo que se decide acudir a resolver las necesidades de los lobbys inmobiliarios y financieros se decide también echar el freno a la inversión pública en la sociedad del conocimiento con un nuevo recorte de 600 millones de euros en I+D+I. ¿Es este el modelo de desarrollo con el que España pretende salir de la crisis?

Simultáneamente a todos estos ajustes, para la contención del déficit público, llaman la atención dos movimientos respecto al gasto aprobado: por una parte el mantenimiento de la financiación pública que recibe la iglesia católica (cerca de 10.000 millones de euros) y por otra parte, la inversión de un millón de euros por el Ministerio del Interior para comprar ‘artificios lacrimógenos’ a la guardia civil; algo que sería anecdótico si no fuese por el deterioro de la democracia y la merma de derechos a la que asistimos hoy en día.

Estos ajustes y aparentes contradicciones responden al modelo de Estado y al modelo de sociedad que representa el gobierno. Y con el tiempo la gente ilusa descubrirá que el ‘milagro’ anunciado no ocurre y que aunque la oligarquía financiera lo proclame en polifonía, cada vez más personas saben que hay alternativas al modelo neoliberal. Todo ello augura que el 2012 será un año de movimientos, de reacción ciudadana y también de articulación de redes de solidaridad fuera de la economía de mercado.

El ‘valor de cambio’ que transmiten los partidos politicos

En estas elecciones parece que la idea de ‘marca’ es lo que se manifiesta con más fuerza; hasta el punto de que la elección de algunos eslóganes pretende responder a la intención real que tienen los respectivos programas. Una amplia mayoría coinciden en hacer un llamamiento explícito a la acción individual, alentando una actitud proactiva. Tiene sentido, ya que el voto es un derecho individual e intransferible.

• Desobedece y Rebélate llaman a la movilización contra el ‘status quo’ en diferentes grados; Reinicia es una invitación a replantearse el sistema. Los tres eslóganes se contagian un poco del movimiento de participación ciudadana y también de la filosofía de que ‘lo personal es político’. Estoy de acuerdo con que cambio de actitud vital tiene un efecto contagio en tu entorno inmediato. En la práctica son los tres ejemplos que, con sus diferencias, mejor representan el amplio descontento ciudadano surgido como reacción a la gestión de la crisis económica.

• Pelea por lo que quieres es un lema de acción defensiva que aunque podría haber dado algo más de sí, en la práctica parece convertirse más en un canto a la resistencia a mantener la situación y configuración actual básica de derechos.

• Súmate al cambio invita a formar parte del grupo de lxs iluminadxs, a no quedarse al margen de algo que se está gestando. En la práctica, el cambio fundamental se refiere a la alternancia en el gobierno, hecho que se refuerza con el recuerdo de las elecciones de Octubre de 1982; desde entonces han pasado muchas cosas, entre ellas, la alternancia politica en el gobierno de los partidos mayoritarios; el eslogan que utiliza el grupo popular en estas elecciones es muy parecido al que llevó al poder al grupo socialista en el 82.

• Cada voto vale se sitúa en la ambigüedad entre la ensoñación y la realidad; se trata de un mensaje incompleto, ya que, sí, cada voto vale, pero no igual. Y es precisamente la reforma del sistema electoral uno de los puntos de su programa (que también se da en otros grupos politicos).
  
  

El compromiso con la igualdad de género en los programas electorales

En este artículo expliqué por qué la igualdad se convierte en motor del cambio de modelo de desarrollo. Los mismo ejes mencionados siguen siendo relevantes en este nuevo análisis; de ahí que me parezca importante saber cómo se retratan los partidos respecto a lo que entienden por orientación de las políticas públicas hacia la ‘igualdad’: equiparación de derechos, paridad en la representación política, reparto del empleo y qué dicen respecto a la división sexual del trabajo y a la corresponsabilidad.

Lo primero que llama la atención es la nebulosa existente en torno a la idea de la igualdad. Todos los partidos politicos la incluyen en su discurso, incluso alentando la corresponsabilidad, lo que ya de por sí supone un posicionamiento significativo. Ahora bien, pocos de ellos detallan propuestas concretas para hacerla efectiva y alguno, como el PP, no plantea alternativas a los recursos de inconstitucionalidad que tiene presentados respecto a tres leyes claves; la de igualdad, la del matrimonio de personas del mismo sexo y la del aborto.

De entre las propuestas que sí se mencionan, destacan:

En la equiparación de derechos, el tratamiento de los derechos LGTB y los derechos al cuidado, específicamente los permisos por nacimiento o adopción, son los que permiten un retrato más relevante.

• La inclusión LGTB es un fundamento básico para la igualdad; de los programas consultados, sólo el del PP no hace mención alguna al tema LGTB. Del resto, que sí lo incluyen, destaca el amplio detalle de propuestas que presenta IU en su programa; aunque , en general, existe una amplia coincidencia en dar mayor atención a la prevención de la LGTBfobia y a la despatologización de la transexualidad y el travestismo.

• Los permisos por nacimiento y adopción son la pieza angular del esquema de división sexual del trabajo. La actual desigualdad existente entre los permisos de las madres y de los padres pone en evidencia un modelo de sociedad basado en los estereotipos de género. Sólo IU, UPyD y Anticapitalistas plantean la necesidad de igualar estos permisos; IU y Anticapitalistas recogen practicamente la propuesta de reforma legislativa de la PPiiNA y UPyD se aproxima al proponer ampliar el permiso de paternidad en la tendencia de igualarlo con el de maternidad; curiosamente, esta era la formulación que había realizado el PSOE en su conferencia polìtica, aunque en el programa electoral ya no aparece dicha propuesta. El PP plantea la mejora del permiso de paternidad, a través de su ampliación y la obligatoriedad del mismo, aunque no establece el objetivo de la equiparación.

• Otros derechos de cuidado, como la custodia compartida o los derivados del desarrollo de la Ley de Dependencia son también elementos diferenciadores en los programas electorales. UPyD y EQUO son los únicos partidos que apuestan por la Custodia compartida como norma (UPyD propone la aprobación de una Ley Nacional); aunque el resto se van pronunciando a considerarla como opción deseable, establecen cautelas sobre todo para evitar la imposición judicial cuando no hay acuerdo de ambas partes o ante situaciones de violencia sexual o abuso detectadas. Respecto al desarrollo de la Ley de dependencia son PSOE e IU los que mayor desarrollo de propuestas establecen, ambos partidos consideran el tema de la dependencia como un pilar básico del estado de Bienestar.

Otro aspecto interesante a observar es cómo se articulan en los programas las propuestas de reparto del empleo y de la promoción del empleo femenino; lo que subyace en este tipo de propuestas es la mayor o menor importancia que se concede a la capacidad de desarrollar vidas desde la autonomía y autosuficiencia económica; así como su estrecha relación con la división sexual del trabajo, según cual sea el planteamiento respecto a la conciliación o corresponsabilidad. Es muy significativo que aquellos partidos que incluyen en sus programas la propuesta de redución de la jornada laboral, (IU, EQUO y Anticapitalistas) vinculen la misma con el pleno empleo y la posibilidad de hacerlo compatible con las diferentes responsabilidades de la vida. Otros partidos, como el PSOE, PP y UPyD, optan por promover activamente la contratación a tiempo parcial, lo que significa perpetuar un doble mecanismo de inserción laboral (uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial) que ya sabemos, por las evidencias estadísticas, que se convierte en una trampa para la precarización del empleo de las mujeres ( que se mantienen en los tramos inferiores de renta y con derechos de protección social también a tiempo parcial) y para la perpetuación de la división sexual del trabajo.

La paridad en la participación y representación política es uno de los aspectos que el PP tiene recurrido ante el tribunal constitucional, por lo que no es de extrañar que sea este uno de los temas completamente ausente en su programa. En contraste, tanto el PSOE como IU conceden máxima atención a este objetivo mencionando explícitamente la necesidad de alcanzar la paridad real en las estructuras organizativas e institucionales. El PSOE propone modelos de toma de decisiones paritarios, participativos, horizontales y en red tanto en las organizaciones políticas como en las empresariales; esto representa un salto cualitativo respecto a la recomendación incluida en la Ley de Igualdad de 2007 para la promoción de mujeres en los consejos de administración de las empresas y que, según las evidencias estadísticas, no ha dado resultado. IU propone convertir en obligatorio el cumplimiento de la paridad institucional y en los órganos y consejos de participación ciudadana, con una perspectiva más amplia al ámbito institucional. El resto de los partidos no explicitan la paridad como objetivo, aunque sí dicen promover la participación equilibrada.

Hay algunos análisis interesantes sobre diferentes aspectos de la igualdad que se han incorporado en el 20N, como el de Charo Nogueira en el País ; María Barrachina en Movimientos de Género ; Píkara Magazine o el análisis de Ángeles Briones en la PPiiNA

Modelo productivo y sostenibilidad medioambiental

Con lo que se habló el año pasado de la necesidad de cambio de modelo en España, sería de esperar que los programas electorales de los partidos que concurren a las elecciones generales estuvieran llenos de propuestas concretas sobre cómo orientar dicho cambio. Y hete ahí que nos encontramos en primer lugar con el problema de las expectativas acompañadas de la mayor o menor coherencia de los grupos políticos entre lo que dicen y lo que hacen.

Como ya he argumentado en otros artículos, las perspectivas para el empleo femenino en sectores productivos como el de las energías limpias, I+D, agroalimentario o sector social, son altamente favorables; lo que además de facilitar el cambio hacia un modelo más sostenible medioambientalmente, podría contribuir a reducir las brechas de género en el empleo.
Practicamente todos los partidos hablan de la necesidad de reactivar la economía, sin embargo sólo Equo, IU y Anticapitalistas contemplan como eje estratégico para este cambio a la ‘economía y los empleos verdes’. El programa de Equo propone “desarrollo de alternativas transformadoras del empleo existente, hacia un escenario socialmente inclusivo que tome como punto de partida la fuerza laboral en activo y la implique en un gran giro hacia una economía más ecológica y solidaria. Para ello apuestan por un fuerte apoyo a I+D+I” y manifiestan también propuesta de politica energética acordes con esto (no energía nuclear, sí energías limpias). IU y Anticapitalistas incluyen también el emplo en el sector social; IU, por ejemplo, da un paso más al considerar la necesidad de un “plan de choque por el empleo que conste de un programa de “empleos verdes” (reforestación, mantenimiento de superficies forestales), un programa de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales y un plan de empleos sociales para asegurar el pleno desarrollo de la ley de dependencia”. El PSOE, por su parte, propone “planes de empleo en sectores de futuro y tradicionales, impulsando sectores estratégicos como las energías renovables, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Biotecnología, Eco – industrias, Agroalimentación o las Industrias culturales”. Mientras el PP se queda con la propuesta de “potenciar la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico”.

Todos los programas analizados incluyen las propuestas de políticas activas de empleo y el fomento de la economía social. Sin embargo, hay diferencias respecto a los derechos de protecció social asociados al empleo; por ejemplo, IU y Anticapitalistas proponen subir el Salario Mínimo Interprofesional por encima de 1.000 euros, y EQUO propone nuevos derechos de participación de los trabajadores en la vida de las empresas.
El PP por su parte propone bonificaciones en las cotizaciones sociales de la seguiridad social y facilidades para la creación de empresas.

La Organización de los Tiempos de Trabajo (OTT) es otro aspecto crucial en el cambio de modelo productivo, por su alta incidencia en la cultura organizacional y en el uso de los tiempos de vida. UPyD, PP y PSOE hablan de flexibilizar los tiempos de trabajo (‘flexiseguridad’ propone el PSOE), modificando horarios, facilitando reducciones de jornadas laborales e incorporando eld esarrollo tecnológico y formas de teletrabajo. IU, EQUO y Anticapitalistas se refieren a la reducción general de la jornada laboral máxima y a un reparto más sostenible del empleo remunerado.

Modelo de Estado y refuerzo democrático

Es importante identificar en base a qué se reordenan distribuyen los recursos; ya que esto influirá en cómo se desarrolla el principio de ciudadanía universal y en las prioridades definidas por el propio sistema.

Si bien todos los grupos políticos apuestan por marcos de convivencia pacífica, y en muchos de ellos se recoge explícitmente el respeto a los Derechos Humanos como garantías básicas de todo estado democrático, lo cierto es que la lacra social del terrorismo machista está ausente de los programas electorales. Como mucho se contempla la necesidad de refuerzo en los recursos aplicables para eliminar la violencia de género (PSOE e IU fundamentalmente). EQUO plantea la reforma de la ley integral contra la violencia de género mientras UPyD propone una nueva nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista en sustitución de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que elimine la aplicación de ‘discrimanción positiva’ en el tratamiento de los delitos y de sus condenas.

La proclamación del Laicismo como uno de las características básicas del Estado está presente en los programas de Anticapitalistas, Equo, Izquierda Unida y UPyD; el resto de partidos fluctúan entre la ambigüedad del PSOE, que se decanta más por la libertad de confesiones religiosas y la negativa del PP a manifestarse de manera explícita al respecto.

La configuración de España como un Estado plural, multicultural, multiligüístico y con gobiernos autonómicos, hace que sean precisamente las propuestas sobre dónde poner el acento en la coordinación institucional otro de los grandes distintivos. UPyD y PP apuestan por una mayor centralización de los recursos que se administran desde la política. Por el contrario, PSOE e IU son partidarios de un mayor desarrollo de las competencias autonómicas, esto es, una mayor descentralización territorial, administrativa y política. Tanto IU como EQUO y Anticapitalistas apuestan por un Estado confederal y también republicano; en esto último se diferencian del PSOE, que sigue estableciendo la monarquía parlamentaria como marco de representación del Estado.

Cuanto mayor es la importancia que en los programas se le concede a la descentralización territorial, administrativa y política, más propuestas existen para garantizar los criterios de proporcionalidad, equidad en el valor de los votos así como en la intención de establecer mecanismos que posibiliten la rendición de cuentas ante la ciudadanía y el fortalecimiento de la participación democrática. En este sentido, destaca la propuesta de reforma de la Iniciativa Popular Legislativa (IU), las propuestas de reforma de la Ley electoral (IU, UPyD, Equo, Anticapitalistas), así como las propuestas de Ley de Transparencia que presentan practicamente todos los partidos.

¿Aún no sabes qué vas a votar? Desde algunos sitios incluso hilan más fino para ayudarte a pensar tu elección:

• En esta web han construido una herramienta que te indica qué opción se aproxima más a tus valores y preferencias.
• En esta web proponen un juego de aritmética para romper el bipartidismo.
• En “esta web”: http://programas20n.org/ han diseccionado los programas por contenidos temáticos.

La estabilidad presupuestaria ya es uno de los principios de buen gobierno incluidos en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, sólo había que cumplirlo. Así que, si este no era el verdadero objetivo de la reforma, habrá que preguntarse de qué se trataba realmente. La explicación la aporta el propio texto del nuevo artículo 135 al establecer la prioridad absoluta del pago de los intereses y la devolución de la deuda (a inversores y especuladores del mercado). Es decir, que si en algún momento el déficit (diferencia entre gastos e ingresos) se evidencia de manera que el Estado no dispone de ingresos suficientes para hacer frente a todos sus compromisos de pago (servicios públicos de sanidad, educación, dependencia, prestaciones económicas por pensiones, por desempleo, por maternidad/paternidad, transferencias a las CCAA, devolución de la deuda pública, etc.) la prioridad sería el pago de los intereses y la devolución de la deuda antes que los servicios básicos que garantizan los derechos de la ciudadanía. Es patético que en aras de intentar tranquilizar a ‘la voracidaad de los mercados’ se haya optado deprisa y corriendo por constitucionalizar el abandono del Estado de Bienestar sin permitir a la ciudadanía opinar al respecto de una decisión que tendrá consecuencias sobre las condiciones de vida de esta y próximas generaciones. Esta reforma significa: reforzar el gesto político iniciado hace ya más de un año , consolidar el desarrollo de las políticas neoliberales, a través de su imposición constitucional, y por supuesto alejar la posibilidad de que España pueda llegar a actuar como Islandia o como en su momento hizo Argentina negándose a pagar la deuda ante una situación de máxima gravedad económica.

Pero la ciudadanía social ha ido despertando su hambre de democracia económica , el 15M está siendo un convulsivo social importante y como tal está reaccionando ante esta democracia secuestrada . Cada vez son más las voces críticas que aportan argumentos políticos y económicos contra esta reforma que representa la culminación de un giro en la politica económica hacia planteamientos neoliberales. El profesor Vicenç Navarro , impulsor de la campaña de recogida de firmas exigiendo la celebración de un referendum para ratificar la constitución , habla de un suicidio económico y francamente, creo que no está exagerando. Esta reforma dejará al Estado sin política fiscal y, “al establecer un límite de gasto público, condenará a España a permanecer a la cola del gasto público social de la UE”, lo que, “además de debilitar en gran medida el Estado del Bienestar español, elimina de facto una herramienta del Estado para estimular la economía que requiere un crecimiento muy notable del gasto público”.

Han sido muchas las voces críticas partidarias de políticas fiscales contracícilicas, es decir, que en situación de caída de la actividad económica la expansión del gasto público, bien orientado, puede actuar como factor multiplicativo de la economía facilitando la creación de empleo, la inversión y el consumo; y el aumento de impuestos, contribuye a financiar el mayor gasto realizado. Sin embargo, salvo el rescate de la banca para evitar el ‘colapso financiero’ (Jean Clude-Trichet reconoce que los gobiernos, en Europa y Estados Unidos, habían movilizado el 27 % del PIB para este cometido) y una primera fase precipitada de políticas de gasto, la mayor parte de las políticas de ajuste se han realizado sobre la reducción del gasto público, un error recurrente y denunciado ampliamente por economistas nobeles como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, reconocidos altereconomistas como Juan Torres y economistas feministas como Lourdes Benería, Carmen Sarasúa , Lina Gálvez , María Pazos , Bibiana Medialdea y yo misma , en mis propuestas de andar por casa . Era de esperar que las políticas de ajuste realizadas no permitirían la salida de la crisis. Para que esto hubiera sido posible habría sido necesario, por una parte, facilitar la creación de empleo y el cambio de modelo productivo desde las políticas de gasto y, por otra, mejorar la recaudación de ingresos tributarios del Estado, a través por ejemplo de mayores impuestos para las rentas más altas y el capital, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, la eliminación de los paraísos fiscales y la economía sumergida, la articulación de una nueva tasa sobre las transacciones financieras o la regulación de las operaciones especulativas en los mercados financieros, por citar algunas de las propuestas.
Y así estamos, como se dice, ‘de esos barros, estos lodos’. Que no nos extrañe pues que los datos de evolución del crecimiento económico del segundo trimestre del año muestren el estancamiento de la economía. Es la consecuencia lógica de las decisiones de politica económica adoptadas. En la Eurozona del 0,3 % de crecimiento del PIB durante el primer trimestre se ha pasado a un 0,2% en el segundo trimestre, anunciando una tendencia preocupante que se refleja en gran parte de los países incluyendo Alemania, que ha pasado del 1,1% al 0,1% e incluso Francia que ha pasado del 0,9% al 0,0%. En España el PIB ha pasado de crecer el 0,4% al 0,2% intertrimestral.

La perspectiva económica es preocupante, y más aún porque la reforma constitucional anunciada nos empujará a una dinámica perversa de recesión económica, mayor fractura democrática y fuerte conflictividad social.

En cambio, Islandia, que estuvo en bancarrota, decidió el impago de la deuda y estableció controles al capital está experimentando ya los resultados exitosos de su política de ajuste realizada al margen de las recomendaciones del FMI . El factor distintivo entre este y los países mencionados antes es que en Islandia se mantuvieron las bases de su estado de bienestar y la ciudadanía tomó el control de la situación incluso en la redacción de una nueva constitución.

¿Quieren que les diga más? #yoquierovotar ¿Y ustedes?

Desde la Economía Feminista se argumenta que el objetivo prioritario de la actividad económica debería ser la satisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo humano. Siendo conscientes de que este planteamiento ha estado en conflicto con el orden de prioridades de la economía neoliberal, es ahora, más que nunca, cuando la igualdad de género debería formar parte de la agenda económica, justo cuando los gobiernos han sucumbido a la lógica del mercado que defiende la acumulación de riqueza y el crecimiento económico per se.

Sin embargo, en algunos países el contexto actual de crisis económica de estos últimos años ha servido de excusa para diluir e incluso abandonar el compromiso politico con la igualdad. De hecho, el mensaje de quienes se han encargado de diseñar las políticas de ajuste económico ha ido ganando en contundencia: ya no es tiempo de ‘concesiones’ y ‘buen rollismo’; en estos tiempos difíciles hay que volver a las ‘cosas realmente importantes’ y a la perspectiva economicista, a la contención el déficit y a restablecer el estatus quo.
El resultado ha sido que la orientación de gran parte de los planes de ajuste ha profundizado la división sexual del trabajo, dando lugar a “una falta de transparencia y coherencia en todo lo que se relaciona con el avance en igualdad” (UNIFEM, 2010). Con todo ello, se mantiene el mismo sistema de desigualdad que ya tenemos y que sabemos que es ineficiente, genera inequedades y esquilma los recursos existentes, en vez de provocar de manera efectiva el cambio de modelo de sociedad.

Así pues, cabe preguntarse ¿qué podríamos hacer desde las políticas públicas para el cambio a un modelo de sociedad basado en la igualdad? A este cometido intentan dar respuesta las siguientes páginas.

La igualdad como motor del desarrollo económico

La OCDE vaticina que en la fase de recuperación de las economías occidentales la tasa de crecimiento del PIB será lenta y discreta; este fenómeno viene motivado, en parte, por la intensa contracción de la inversión y el aumento de las tasas de desempleo provocado por el fin de las políticas contracíclicas y por otra parte por la reducción de la productividad total de los factores. Este esquema de funcionamiento viene aportado por el enfoque actual de las políticas de ajuste, basadas en la redución del gasto público en plena época de recesión económica, en vez de en políticas keynesianas de estimulación de la actividad económica a través precisamente del gasto público. Aún cuando fuese necesario una reorientación del mismo hacia una mayor eficiencia. Y es más que previsible que ocasione una menor inversión en actividades de investigación y desarrollo, algo que ya se se ha iniciado en el sector público en 2009 y 2010, y que sigue la misma tendencia en el sector privado; este retroceso respecto a los años previos a la crisis podría frenar la estrategia de cambio del modelo productivo.

Sin embargo, existen evidencias empíricas suficientes que avalan el hecho de que la Igualdad de Género contribuiría al reordenamiento del equilibrio económico, desde la equidad en la distribución de los recursos a la sostenibilidad del desarrollo humano, y económico.

En Octubre de 2009, bajo la Presidencia Sueca de la UE, se celebró en Estocolmo una conferencia sobre las implicaciones de la igualdad de género para el crecimiento económico y el empleo . Uno de los resultados más impactantes aportados en esta conferencia fue el arrojado por la estimación económica de cómo variaría el PIB si la igualdad entre hombres y mujeres estuviese plenamente integrada en el funcionamiento del mercado de trabajo. Åsa Löfström constataba que el promedio de crecimiento para el conjunto de la UE sería próximo a un 30%; y para España el crecimiento podría alcanzar hasta el 32%. En el caso de España, hay incluso otros estudios que cuantifican que el PIB podría crecer hasta un 44%, en un escenario caracterizado por la equiparación de tasas de empleo y por la eliminación de la brecha salarial (Reyes Maroto et al. 2011)
Pues bien, en este panorama cabría esperar al menos que los datos ofrecidos desde estas investigaciones fueran suficientes para atraer la atención de dirigentes políticos y responsables del diseño de la política económica, ya que aportan una guía clara de hacia dónde orientar las políticas para conseguir una evolución favorable del PIB. Para ello, habría que incidir en lo que hasta el momento se consideran los factores más influyentes: la necesaria equiparación de la tasa de empleo femenina a niveles similares a la masculina, la eliminación de la segregación laboral y la desaparición de la brecha salarial. Respecto al primero, si bien la Estrategia de Lisboa (2000) estableció como objetivo a alcanzar en 2010 una tasa de empleo femenino del 60%, con el estallido de la crisis y la reorientación posterior de las prioridades políticas parece haberse abandonado este compromiso todavía por alcanzar en 12 países de la UE; ello viene agravado por la brecha de género existente entre las tasas de empleo masculino y femenino, de un 12,1%, en 2009.

Otra de las preocupaciones que se ha trasladado en estos últimos años es la de la sostenibilidad demográfica y su repercusión en la sostenibilidad económica de los estados de bienestar que se han ido desarrollando en la UE.
En España, la alarma sobre la proyección del envejecimiento demográfico la hizo saltar el INE al estimar que dentro de 40 años la población mayor de 64 años será el doble que la de ahora y representará el 30% de la población total (INE, 2010); lo que, teniendo en cuenta la creciente esperanza de vida al nacimiento y los bajos índices de fecundidad arrojan un índice de dependencia (proporción entre población jubilada y población activa) creciente alcanzaría el 89,6% en 2050. Estas estimaciones han servido de excusa para acelerar algunos ajustes y reformas, sobre todo en el sistema público de pensiones, como el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y el alargamiento del periodo de cotización necesario a 37 años y medio. Sin embargo, algunas voces desde la economía crítica han insistido en que para hacer viable y sostenible económicamente el sistema público de pensiones, el elemento clave de referencia no ha de ser el número de jóvenes y personas adultas por personas ancianas, sino el número de personas cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario/a. Es decir, el foco de atención ha de estar puesto más en incorporar al empleo a las mujeres y a la juventud, ampliamente cualificada, en vez de obligar a mantener más años de actividad laboral a quienes ya llevan prácticamente toda la vida en el mercado de trabajo. En este sentido, “Viçenc Navarro recuerda“http://www.vnavarro.org/?p=3839: que “si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social”.

El creciente envejecimiento de la población despierta la preocupación política por la reactivación de las tasas de fecundidad, aunque las medidas adoptadas para ello erran sistemáticamente en su cometido, porque no tienen en cuenta las evidencias existentes que confirman que cuando se invierte en igualdad, a través de una mayor concienciación social (Mörtvik y Spant), de una mayor corresponsabilidad y a través de servicios públicos suficientes para satisfacer las necesidades del cuidado de las personas, las tasas de fecundidad mejoran. La percepción social todavía existente en muchos países de que la responsabilidad del cuidado ante un nacimiento corresponde a las mujeres explica la mayor penalización de la maternidad sobre el empleo femenino que se reduce como promedio en un 12% mientras que la paternidad provoca un aumento promedio del 7 % sobre el empleo de los hombres. La configuración desigual del derecho a que mujeres y hombres participen en el cuidado infantil refleja la persistencia del modelo de familia tradicional y la concepción generificada de la sociedad, ambos factores claves de la desigualdad de género que frena la evolución de las tasas de fecundidad.

Si los gobiernos de la UE hubieran destinado algo de tiempo a leer y a aprender de algunas de estas evidencias y proyecciones económicas, otras posibilidades se podrían haber abierto en los planes de ajuste.

Cabe señalar, ademas, que todas estas estimaciones y previsiones sobre una evolución favorable del crecimiento económico no son suficientes. Crecimiento económico no es sinónimo necesariamente de cohesión social, y por ello es imprescindible complementar el análisis centrado en la evolución del PIB (cuánto se crece) con la información cualitativa que aportan los componentes del crecimiento, es decir, cómo se crece, hacia dónde y a costa de qué.

Los Indicadores que elabora Naciones Unidas anualmente sobre Desarrollo Humano, y más específicamente sobre el Desarrollo Humano relativo al género, son un necesario complemento a las estimaciones basadas exclusivamente en el crecimiento de la economía monetarizada. De hecho, existe una correlación positiva entre el crecimiento del PIB y el Índice de Desarrollo relativo al Género de Naciones Unidas, lo que, por una parte, confirma el acierto de pensar en la igualdad de género como la inversión estratégica para el desarrollo y el cambio de modelo productivo; y por otra parte, aporta un criterio relevante a la hora de seleccionar qué países utilizar como modelo o referencia, teniendo en cuenta los resultados que han conseguido con la orientación de sus políticas públicas. En este sentido, resultaría una mejor opción utilizar como ejemplo la experiencia y resultado de países como Suecia (de los mejores en materia de igualdad y con menores brechas de género, de los mejor posicionados en el ranking de competividad mundial, y en desarrollo sostenible, en vez de otros países como Alemania que muestran una mayor fragmentación del mercado laboral y mayores brechas de género. (Castro García, C. 2009).

Desde esta mayor amplitud de perspectiva, la lucha contra la pobreza se ha de incluir necesariamente en la misma estrategia de desarrollo. El Informe Brundtland (ONU, 1987) define por primera vez el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones; esto implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sostenibilidad o sustentabilidad que pone énfasis también en el contexto económico y social del desarrollo. En este sentido, la reducción de la pobreza hoy se considera imprenscindible para construir un futuro viable en solidaridad con las futuras generaciones. Y además, debería tener en cuenta que la discriminación de género es una importante causa de la pobreza que afecta mayormente a las mujeres.

¿Está la igualdad en el corazón de las decisiones económicas en Europa?

Es necesario preguntarse quién toma las decisiones de las políticas económicas y en qué medida se garantiza que el objetivo de igualdad se incluya como salvaguarda de las mismas.

La Base de datos de la Comisión Europea sobre participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones revela el ‘fiasco’ con el que convivimos. Menos de un 20% es el promedio de participación de mujeres en la alta dirección de los Bancos centrales, tan sólo en Suecia este porcentaje alcanza el 40%. Los datos de participación en los Consejos de Administración de las grandes empresas son aún más desalentadores: el promedio de participación de mujeres, en los países de la UE, es tan sólo de un 10% (aprox.) Teniendo en cuenta que son las grandes empresas las que son consultadas por los gobiernos para debatir los enfoques de las posibles reformas económicas, el déficit democrático en la presencia y en la representación de intereses, perspectivas y necesidades es intolerable en el contexto actual. La escasa presencia de mujeres en estos ámbitos limita la capacidad de generar alternativas diferentes al modelo que ha estado des-funcionando hasta ahora.

La única excepción la representa Noruega, en donde las mujeres superan el 40% de representación en los Consejos de Administración. Los datos de Noruega no son fruto de la casualidad, sino que son el resultado de la aplicación de la Ley de cuotas de género que existe desde 2003. Esta Ley estableció un plazo de tres años a las empresas públicas y dos años más al resto de las grandes empresas que contizan en bolsa para cumplir al menos con un 40% de presencia femenina en sus respectivos Consejos de Administración, estableciendo fuertes sanciones en caso de incumplimiento. El argumento que ha sostenido esta imposición legal es incuestionable, en palabras del artífice de la misma, Ansgar Gabrielsen: “Se trata sobre todo de un asunto financiero. Las mujeres son, al menos, el 50% de los licenciados universitarios. No hay motivo para desperdiciar su talento, su formación, en la que además invertimos, y que luego no estén en los Consejos de Administración. Es de lógica, no tiene nada que ver con la ideología política”. Sin embargo, a pesar del evidente razonamiento esgrimido por el ministro de industria noruego que impulsó dicha legislación, lo cierto es que Noruega sigue siendo una excepción, ya que la mayor parte de los países europeos se resisten a forzar esta promoción de mujeres a los puestos de mayor decisión en el ámbito de las finanzas.

En España, la aprobación de la Ley de Igualdad aprobada en 2007 creó expectativas de mejora significativa, ya que en esta ley se incluye como objetivo el de elevar el número de mujeres en los Consejos de Administración hasta el 40%. Sin embargo, como hasta el 2015 las empresas no están obligadas a cumplir con este porcentaje, de momento se trata de una mera recomendación, y como tal resulta poco efectiva, ya que apenas se llega actualmente al 11% de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas que cotizan en el IBEX.

Una comparativa entre la situación de los países de la UE, y la excepcionalidad de Noruega, pone de manifiesto dos hechos; por una parte, que la ‘autorregulación’ de las empresas para ir incorporando el principio de igualdad en la representación directiva en el ámbito de las finanzas no funciona, ya que los criterios del corporativismo masculino y la inercia en algunas prácticas, como la que lleva a los directivos a seleccionar a otros directivos, son algunos de los mecanismos que actúan como resistencias. Y por otra parte, revela que si realmente se quiere conseguir un resultado más igualitario hacen falta más medidas que fuercen el cambio en un corto plazo, en vez de meras recomendaciones. Es importante acabar con el cliché tradicional del poder y voz de mando como privilegio masculino; y también con los estereotipos que empujan a las mujeres a papeles tradicionales a través de mecanismos que las impulsan desde la carrera profesional a la carrera familiar exclusivamente. Hasta ahora, las experiencias que existen avalan que la aplicación de una ley de cuota mínima de presencia y participación femenina facilita la aproximación a los criterios de paridad y aporta mayor diversidad a las perspectivas e intereses representados.

¿Qué orientación define las políticas de ajuste realizadas?

Gran parte de Europa se encuentra ahora empeñada en que para resolver la crisis es necesaria una rápida reducción del déficit público. El objetivo parece ser la estabilidad presupuestaria que se pretende conseguir con el llamado Pacto del Euro (incluso incluyendo un techo para el déficit público en la Constitución) y casi exclusivamente vía reducción del gasto público, (una vez realizado el desembolso monetario que han supuesto los ‘rescates a la banca’). No aparece entre los acuerdos de estabilidad presupuestaria mención a posibles mejoras de la recaudación; ni se contempla la creación del impuesto sobre transacciones financieras (algo imprescindible para la reforma del sistema financiero), ni mucho menos se plantea una posición común respecto a los paraísos fiscales, dos vías de recaudación hasta ahora inexploradas que siguen ausentes del interés de la política fiscal común europea. Tampoco se han puesto de acuerdo los países en un criterio común a cerca del impuesto sobre el patrimonio (eliminado en España) o sobre el impuesto de sociedades. De hecho, las políticas de ajustes recaen exclusivamente en una reducción del gasto público, con fuerte incidencia del recorte en las políticas sociales y sin considerar que este tipo de ajustes tendrá efectos perversos sobre la población y también sobre la futura generación de ingresos públicos. Como dice Amartya Sen, “si las exigencias de adecuación financiera se vinculan demasiado mecánicamente a los recortes inmediatos, el resultado podría consistir en matar a la gallina que pone los huevos de oro del crecimiento económico”. Y es que es bastante cuestionable la efectividad de las medidas de ajuste aprobadas en la creación de empleo y en el crecimiento económico, y mucho más que sirvan para establecer las bases de otro modelo de desarrollo. Basta con reflexionar desde una lógica no androcéntrica a quién afecta el recorte del gasto para entender que estamos asistiendo a la ‘gran contrarreacción europea’ al utilizar sus políticas públicas para el recorte de derechos sociales, el adelgazamiento del Estado de Bienestar y la vuelta al status quo patriarcal. En primer lugar, porque los Estados parecen haber olvidado que la insuficiencia de los servicios públicos que mejoran la vida cotidiana, el cuidado de las personas, constituye un problema público cuya resolución depende de la propia madurez democrática. En segundo lugar, porque la vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar a la población, muy especialmente a los sectores poblacionales de menores niveles de renta, entre quienes son mayoría las mujeres. (Benería, L. y Sarasúa, C. 2010)

Hay que tener en cuenta que las politicas de ajuste realizadas afectarán pues sólo a una parte del sistema de impuestos y prestaciones económicas ya existente, a la parte del gasto. En el caso de España, el sistema de impuestos y prestaciones está caracterizado por un fuerte sesgo de género, que retroalimenta la división sexual del trabajo y los diferentes enfoques de la atención a los cuidados: desde las políticas de atención y educación infantil a las políticas de atención a la dependencia, regulaciones del tiempo de trabajo, etc. provocan un efecto diferenciado sobre la situación desigual de mujeres y hombres en el mercado de trabajo. (Castro, C. y Medialdea, B. 2010)

Tal y como se deduce de lo explicado previamente en este mismo artículo, es evidente que facilitar el acceso al trabajo remunerado permitiría a las mujeres contribuir al sostenimiento del sistema económico; ahora bien, esto por sí sólo no garantiza que se diluya la división sexual del trabajo que está sosteniendo las desigualdades estructurales. Por este motivo, casi igualmente importantes serían las condiciones del empleo y muy especialmente el efecto que puedan tener sobre la capacidad de autonomía de las mujeres; es decir, si realmente facilitan que ellas puedan ser autosuficientes para decidir sobre sus vidas, sin verse coaccionadas ni abocadas a entrar en relaciones de dependencia, económica y/o emocional, que con frecuencia son la antesala de otros problemas como el de la violencia machista. Y por supuesto también es importante que las condiciones del empleo faciliten el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, ya que este reparto es la manifestación más palplable de la existencia o no de la división sexual del trabajo.
Según los datos que facilita el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, el 31% de las mujeres empleadas en la UE trabajaban a tiempo parcial en 2009, respecto al escaso 7,4% de los hombres empleados. En algunos países, como en Holanda, los datos muestran la crudeza de cómo el modelo de sociedad refuerza la división sexual del trabajo, a través de diferentes mecanismos de inserción laboral que colocan a mujeres y hombres en posiciones de desigualdad: el 75% de las mujeres holandesas empleadas lo están a tiempo parcial y con un promedio de menos de 19 horas semanales. Este reparto desigual del empleo remunerado coexiste con la ficción de ausencia de conflictos de conciliación entre la vida familiar, personal y laboral ya que su menor dedicación al trabajo remunerado les deja tiempo disponible para asumir otras responsabilidades.
La fuerte brecha de género en el empleo a tiempo completo equivalente, cuantificada por EUROSTAT en 2008 en 24,1 puntos, revela la mayor incidencia que tiene el trabajo a tiempo parcial sobre el empleo de las mujeres. Es más que previsible que esta incidencia se incremente como efecto directo de algunas de las medidas incluidas en los ‘planes de ajuste’ aprobados, sobre todo en lo referente al fomento del trabajo a tiempo parcial y a las facilidades ofertadas para que las personas con responsabilidades familiares puedan reducir su jornada laboral. Estas tendencias apuntan a la imitación del modelo de Holanda, que hoy en día representa el ejemplo más palpable de lo que se denomina ‘nueva división sexual del trabajo’, que caracteriza a los modelos de sociedad que han evolucionado del tradicional ‘sustentador económico masculino’ al de ‘sustentador económico y medio’, manteniendo las responsabilidades familiares a cargo de las mujeres. Aunque la situación extrema se presenta en los países en los que se alienta el modelo de familia tradicional, ya que las mujeres siguen enfrentándose a la situación binaria de tener que decidir entre ejercer su maternidad o desarrollar su carrera profesional. La experiencia nos demuestra que es la combinación de al menos 3 factores lo que permite salir de la trampa de las actitudes paternalistas y condescendientes que tantas ineficiencias genera a la sociedad: la universalización de la educación infantil dentro del sistema público, la existencia de permisos por nacimiento y adopción iguales, intransferibles y bien remunerados (Castro, C. y Pazos, M. 2007) y por último la aplicación del principio de equidad, como justicia redistributiva en el diseño de políticas de apoyo a las familias.
Otro de los ‘efectos colaterales’ que también nos ha traído la crisis y que las políticas de ajuste global retroalimentan es la mayor precarización laboral; ésta se manifiesta, en la tendencia mundial a la proliferación de empleos de bajos salarios. En esta tendencia las mujeres se llevan la palma. La participación femenina en empleos de bajos salarios es de más del 65% en España y del 69% o incluso más en Bélgica, Finlandia e Israel, según los datos que facilita la OIT en su Informe mundial sobre salarios 2010/2011.

En definitiva, el tiempo parcial como factor eminentemente femenino, la segregación laboral (tanto horizontal como vertical) y la discriminación salarial de las mujeres están relacionados entre sí a través de la persistencia de la división sexual del trabajo y son los causantes de una parte importante de las ineficiencias de la economía. La infrautilización del talento, capacidades y potencialidades disponibles de las mujeres en el ámbito productivo y de los hombres en el ámbito de los cuidados, es el síntoma más evidente de una sociedad que no sabe aprovechar las posibilidades de todos los recursos con los que cuenta. Paradójicamente los tres factores mencionados son de los que saldrán más reforzados tras las políticas de ajustes realizadas.

Hacia otro modelo: la igualdad en el cambio productivo y social

Sabemos que el pretendido ahorro presupuestario que dice haber conseguido el gobierno de España con algunos de los recortes de gasto público realizados difícilmente se sostiene ante un análisis comparativo sobre otros tipos de recortes posibles, ni mucho menos ante la constatación de que no se trata de gastar menos sino de hacerlo mejor, de una manera más coherente y corresponsable con el cambio de modelo de sociedad. Y aunque es evidente que las políticas de igualdad deberían considerarse como parte de la solución a la actual crisis y como una inversión a largo plazo facilitadora del cambio de modelo productivo y social, sin embargo siguen estando fuera de la agenda política de reformas.

Las mujeres están preparadas para incorporarse al mercado de trabajo y el cambio productivo es una buena oportunidad para ello: ecoindustria, energías renovables, aplicaciones tecnológicas a la calidad de vida, biotecnología, tecnologías de la información y comunicación, infraestructuras sociales, cultura, servicios sociales, industria aeroespacial … hacia ahí deberían apuntar las prioridades para la estimulación económica en vez de seguir bonificando a las empresas de sectores de la economía tradicional para que realicen nuevas contrataciones desde la precariedad laboral. Todos estos sectores configuran lo que se denomina ‘nueva economía’ o ‘economía sostenible’, con un alto componente tecnológico y social, que requiere de mayor nivel de formación e innovación. Pues bien, las mujeres ya están participando activamente en estos sectores. De hecho, en 2010 representaban el 46,6% del total de empleo en dichos sectores y si se decidiese apostar claramente por la economía sostenible el empleo femenino en los nuevos sectores podría alcanzar la cuota del 60% en 2025. (Maroto, R. et al. 2011)
Las anteriores son buenas noticias, qué duda cabe. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el cambio de actividades y de sectores productivos por sí solo no es suficiente. Haría falta un cambio de mentalidad sobre las relaciones humanas en general y las económicas en particular para que el cambio hacia la Economía Sostenible permita articular la base estructural de un nuevo modelo de sociedad en España, en el que la responsabilidad social y medioambiental no esté supeditada a la responsabilidad económica, sino a la inversa.

Para el cambio a un modelo productivo que no reproduzca las ineficiencias del actual, es necesario abandonar la visión cortoplacista de los ajustes y reformas económicas y los sesgos de género que impregnan la vida cotidiana y el diseño de las políticas públicas, incluyendo la política económica.
La clave está en orientar las políticas públicas hacia una futura sociedad de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad, abandonando definitivamente las inercias de mecanismos y reformas que nos atrapan en el modelo tradicional de ‘sustentador económico masculino’ e incluso en el del ‘sustentador económico y medio’. Y uno de los aspectos fundamentales para ello es hacer emerger el cuidado como un derecho social dirigido a la satisfacción de las necesidades socio-personales; lo que necesariamente se ha de traducir en tres cambios estratégicos:

• Redistribución equitativa del trabajo (remunerado y no remunerado) entre mujeres y hombres; para lo cual es imprescindible acabar con el tiempo parcial como mecanisno de inserción laboral de las mujeres. Al menos dos estrategias resultarían efectivas: 1) la reducción del tiempo de trabajo remunerado para todas las personas y 2) la reforma del sistema de permisos por nacimiento y adopción para que sean iguales, intransferibles y bien remunerados (al 100% del salario) de manera que faciliten y promuevan el avance en corresponsabilidad.

• Equiparación de las tasas de empleo femenino y masculino; para lo cual será preciso eliminar los desincentivos al empleo femenino (como la declaración conjunta del IRPF (Medialdea, B. y Pazos, M. 2011) y las ayudas monetarias para el trabajo doméstico o de cuidados en casa).

• Red de servicios públicos suficientes para garantizar el derecho al cuidado de la infancia y personas dependientes.

La reducción del tiempo de trabajo remunerado, como criterio general, es un cambio estratégico que puede impulsar, por una parte, una mayor flexibilidad en la reorganización de los tiempos de vida. También puede mejorar la competitividad empresarial y la productividad. Y, por otra parte, puede alentar la creación de empleo, sobre todo si las reformas necesarias se coordinan para atender a este cometido avanzando en el escenario de economía sostenible. Este es un objetivo que, tras las experiencias de Francia y Finlandia de la década de los 90, se ha relegado ante otras propuestas de flexibilidad laboral y conciliación, en la desigualdad, de la vida personal, laboral y familiar (Miguélez, F. y Torns, T. 2005). Sin embargo, el contexto de crisis, desigualdades estructurales y elevado desempleo pone en evidencia el desastre ocasionado por las politicas neoliberales y la necesidad de priorizar las politicas de bienestar y calidad de vida en términos de equidad. Ante esta situación, convendría actualizar el objetivo de reducir el tiempo de trabajo remunerado, superando las carencias que dichas experiencias han tenido y potenciando los aspectos que ya sabemos que dan buenos resultados. Sería necesario coordinar, por ejemplo, la regulación de las cotizaciones sociales asociadas a las contrataciones con la extensión de la jornada productiva, de manera que las empresas de la nueva economía (no intensivas en mano de obra tradicional) pudieran reorganizar los mayores tiempos productivos a través de nuevas contrataciones; y por ejemplo, en una jornada productiva de 12 o 14 horas diarias, poder establecer turnos de puestos de trabajo de 6 o 7 horas cada uno; en el caso que la jornada laboral se redujese por ley hasta las 30 o 35 horas semanales.

Otra reforma necesaria para hacer efectiva la redistribución equitativa del trabajo en clave de igualdad es la de los permisos por nacimiento y adopción (maternidad, paternidad y parentales). Su configuración actual incumple el principio de igualdad de trato y refleja la tradicional división sexual del trabajo, enviando a la sociedad dos tipos de mensajes que refuerzan la desigualdad: por una parte que son las mujeres quienes han de asumir la responsabilidad del cuidado infantil y por otra parte que la participación de los hombres se limita en la mayoría de los países a un complemento o ayuda familiar. Es evidente que la desigualdad en este tipo de permisos es un grave impedimento al empleo de las mujeres, ya que genera la percepción de mayor riesgo a la hora de contratarlas; y también es un grave impedimento al avance en corresponsabilidad, ya que al frenar la participación de los hombres en el cuidado ante un nacimiento o adopción se asientan las bases para seguir reproduciendo los roles de género.
Las evidencias contrastadas en algunos estudios avalan la orientación de esta reforma hacia su configuración como iguales, instransferibles y remunerados al 100% del salario. (Castro, C y Pazos, M. 2007). Los resultados conseguidos en Islandia y Suecia, por ejemplo, en donde existe un mayor equilibrio en la participación de mujeres y hombres en la vida política, económica y social y se da una mayor participación de los hombres en el cuidado (cerca del 90% de los hombres que son padres en Islandia se ausentan al menos 3 meses de su puesto de trabajo para cuidar de su nueva criatura), son reforzadas por la experiencia española tras la creación del permiso de paternidad intransferible en 2007, que están utilizando cada año más del 80% de los padres.

Obviamente estas propuestas de reforma se quedarían en papel mojado si no hay un intento serio de ofrecer alternativas desde los servicios públicos para que el cuidado de las personas no sea algo que compita exclusivamente a las familias (a las mujeres, en el reparto tradicional). Si no hay una articulación para la organización social y económica del mismo, seguiremos con el lastre de las ineficiencias e inequidades de este sistema. Para invertir esta situación necesitamos una red de servicios públicos para el cuidado, al estilo de la que existe en países como Suecia, que genere empleo y posibilidades de reparto de los tiempos de trabajo entre mujeres y hombres, ellas y ellos en el empleo de calidad, cotizando a la seguridad social y contribuyendo al sostenimiento del sistema público de pensiones y a la recaudación que alimenta parte de las políticas fiscales.

Para que este cambio de orientación del modelo de sociedad sea creíble es imprescindible lo primero de todo que todas las politicas y el presupuesto público se orienten al objetivo de la igualdad (Pazos, M. 2010); y consecuentemente con ello, que se elaboren indicadores cualitativos que permitan verificar los efectos sobre las condiciones de vida corrigiendo las posibles desviaciones de su cometido.

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Este artículo es la síntesis de la conferencia impartida en Donostia, en el Congreso GUNE 2011.

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REFERENCIAS

• BENERÍA, L. Y SARASÚA, C. (2010) ¿A quién afecta el recorte del gasto?
• CASTRO GARCÍA, C. (2010) Reconciliation Policies and Gender Regimes . Presented at IAFFE, Conference on Feminist Economics (Buenos Aires- Argentina)
  bq. (2009):
  – Economía Sostenible: no sin igualdad de género. En revista Emakunde nº 77
  – Towards a new Gender Contract: the role of public policy on labour market and care work. Presented at IAFFE, Conference on Feminist Economics (Boston – USA)
  – Relación entre Políticas públicas, mercado de trabajo y cuidados familiares desde la perspectiva de género . Presented at III Conference on Feminist Economics (Baeza – Spain)

• CASTRO GARCÍA, C Y MEDIALDEA GARCIA, B. (2010) ‘La (des)igualdad de género del sistema de impuestos y prestaciones de España’. En Pazos-Morán, M. (dir) Fiscalidad y equidad de género . Fundación Carolina, Instituto de Estudios Fiscales y UNIFEM.
• CASTRO GARCIA, C. y PAZOS MORÁN, M. (2007) ‘Los permisos parentales: una crítica feminista de las tendencias actuales en Europa’ en Pazos-Morán, M. (ed) Economía e Igualdad de Género: retos para la Hacienda Pública en el siglo XXI .
• COMISIÓN EUROPEA (2010) More women in senior positions. Key to economic stability and growth.
• INE (2010) Proyección de la población española a largo plazo, 2009-2049.
• LÖFSTRÖM, ÄSSA (2009) Gender Equality, economic growth and employment . Swedish Ministry of Integration and Gender Equality.
• MAROTO, R.; CANDELA, A. y MULAS-GRANADOS, C. (2011) Mujer y economía sostenible: balance y perspectivas. Documentos de trabajo 01/2011. Fundación Ideas.
• MEDIALDEA GARCÍA, B. y PAZOS MORÁN, M. (2011): ¿Afectan los impuestos a la (des)igualdad de género? El caso del IRPF español . En Presupuesto y Gasto Público 64/2011.
• MIGUÉLEZ, F. Y TORNS, T. (2005) El tiempo de trabajo, ¿la última forntera?. En Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo nº 6.
• NAVARRO, V. (2009) Las pensiones son viables . En revista ‘El Viejo Topo’.
• OIT (2010) Informe mundial de salarios 2010/2011. Políticas salariales en tiempo de crisis.
• ONU (1987) Informe Brundtland ‘Nuestro futuro común’ .
• PAZOS MORÁN, M. (2009) “Impacto de género de las políticas públicas“http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2009_23.pdf :. Documentos de trabajo nº 23/09. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Economía y Hacienda.
• UNIFEM (2010) Informe ¿Quién responde a las mujeres?. El progreso de las mujeres en el mundo 2008/2009 .

El movimiento 15M, que aglutina una diversidad de plataformas ciudadanas, entre ellas la de democracia real ya , salió a las calles, tomó las plazas, y poco a poco, tras el desconcierto y la sorpresa por su capacidad de autoorganización, el debate político fue llenando el vacío existente en las ciudades y las plazas se ocuparon de acampadas diversas, incluso más allá del territorio español.

Hay quien quiso ver en este fenómeno el germen de un espíritu revolucionario; sin embargo, tras dos semanas observando, participando en algunas asambleas, en la producción de algún que otro documento y leyendo algunas de las sesudas reflexiones que se han ido publicando, tengo que decir que no coincido con esta percepción.

Creo que es un movimiento estimulante del pensamiento crítico (y ¡bienvenido sea!) que ha ido consensuando propuestas de reforma bastante coherentes, en mi opinión. Ahora bien, estas reformas se refieren más a un mejor funcionamiento de los mecanismos del propio sistema, que a cuestionarlo: reforma de la ley electoral, transparencia política, incompatibilidades y mecanismos de verificación que eviten las corruptelas, etc. todo ello es muy necesario y en este sentido me he ido manifestando en diferentes artículos, pero por sí mismas estas propuestas de reforma no garantizan un cambio de modelo social.

Estoy de acuerdo con que la gestión de esta crisis tiró por tierra una parte importante del ‘idealismo’ progresista; en estos tres años nos ha dado tiempo a interiorizar algunas lecciones como la de que el sector financiero nunca ha pagado el daño que provoca o que la opinión ciudadana dejó de tenerse en cuenta ante los grupos de presión económicos y financieros. Cuando la política pierde el idealismo, ¿a qué se reduce? pues como dice Tony Judt a una mera forma de contabilidad social que gestiona cotidianamente personas y recursos y así, por contagio social, nos convertimos en gestores/as de las necesidades, de la utilidad, del bienestar o de las emociones.

Es en el debate de las ideas, de los principios y de los valores en el que está el meollo del asunto.

Hay que atreverse a imaginar otras formas de producción y de propiedad y también otro sistema de relaciones sociales, económicas y personales, no ya desde situaciones desiguales de poder, sino desde la equidad, para alimentar realmente un espíritu revolucionario. Hay que decidirse a cuestionar lo aprendido y a resignificar las palabras, los procesos y sus protagonistas para asignar nuevos criterios de valoración y reconocimiento. Hay que integrar la dimensión de la igualdad en el debate de los pilares de la democracia. Hay que saber aceptar que las ramificaciones del patriarcado persisten incluso entre quienes dicen actuar desde un espíritu crítico, inconformista y revolucionario. Hay que querer nombrar de otra manera, inclusiva y plural, para proyectar cómo queremos estar en la sociedad. Y esto es precisamente lo que no observo en el entorno del movimiento ‘15M’, a pesar de que las plazas de las ciudades se llenaron también de indignadas.

La historia está llena de ejemplos de cómo las revoluciones sociales han ido aplazando sistemáticamente la revolución de las mujeres y en esta ocasión también la respuesta ha sido el ‘ahora no toca’, ‘ahora lo que toca es lo global’, ‘las reivindicaciones feministas son algo sectorial’ . Es el cuento de nunca acabar y ya no cuela tener que seguir esperando a que le llegue el turno a la igualdad. No hay democracia sin igualdad efectiva y por eso la igualdad de mujeres y hombres ha de estar inmersa entre los valores y criterios del nuevo modelo de organización socioeconómica, si no es así, seguiremos sustentando un sistema basado en la inequidad de la mitad de la población.

En algunas asambleas territoriales, se han ido creando comisiones feministas, como en Madrid, Barcelona , Valencia, etc. con la intención de sumar esta perspectiva a los debates y propuestas; la actitud generalizada como respuesta ha evidenciado las resistencias que todavía existen ante los fantasmas que provoca el concepto de feminismo. Es patético que aún estemos así.

¿Cómo vamos a plantear una democracia real sin las mujeres, que son más de la mitad de la población y/o sin integrar el principio de igualdad en su más amplia dimensión?

¿Cómo vamos a proyectar otro modelo de sociedad si seguimos invisibilizando, excluyendo y minusvalorando a la mitad de la población?

¿Cómo vamos a articular propuestas para otro modelo económico sin considerar a la economía feminista como fuente para otro modelo de desarrollo sostenible, humano, económico y medioambiental?

La revolución necesita desmontar la ‘lógica del sistema patriarcal’ que sustenta el capitalismo. Primero hay que imaginar que es posible y luego actuar.

Si no hay ‘baile en igualdad’ que no cuenten conmigo!

El ‘pacto del euro’, que viene a ser la nueva versión del ‘pacto de competitividad europeo ‘ propuesto por Alemania y Francia, parece haber sido asumido con ¿resignación? aún cuando representa la definición de la nueva etapa hacia un modelo de gobierno económico común en la UE, el de la politica neoliberal impuesta.
La semana pasada era uno de los temas de conversación preeminente, hoy ya casi ni se menciona.

Alguien podría decir que ya era hora que en Europa se pusieran de acuerdo con una política económica y monetaria común para intentar contrarrestar los efectos devastadores de la crisis económica, enviar un mensaje claro a los mercados de que la UE saldrá al rescate de sus paises que lo necesiten, etc. Claro que eso no se corresponde con la realidad. Vayamos por partes:

1.- No todos lo países están dentro de este acuerdo, son 17 de la zona euro quienes lo han asumido (Inglaterra y Suecia, por ejemplo, fuera de las limitaciones de la moneda común, no están afectadas por este pacto).
2.- No todos los países están de acuerdo con la contraprestación a exigir en caso de tener que rescatar a otro país (tras Grecia e Irlanda, la voracidad financiera está poniendo la atención nuevamente en Portugal).
3.- La ampliación del fondo de rescate se aplaza hasta 2013.
4.- Los acuerdos significan la interferencia en el ámbito de política nacional imponiendo reformas sobre temas que en teoría deberían quedar fuera de la competencia de la UE: las pensiones, la política laboral o salarial.
5.- La estabilidad presupuestaria que dicen querer conseguir (incluso incluyendo un techo para el déficit público en la Constitución) se pretende realizar vía reducción del gasto público, (una vez realizado el desembolso monetario que han supuesto los ‘rescates a la banca’). No aparece entre los acuerdos de estabilidad presupuestaria mención a la creación del impuesto sobre transacciones financieras (algo imprescindible para la reforma del sistema financiero) ni mucho menos una posición común respecto a los paraísos fiscales, dos vías de recaudación, inexploradas, que siguen ausentes del interés de la política fiscal común europea. Tampoco se han puesto de acuerdo en un criterio común sobre el impuesto del patrimonio (eliminado en España) o sobre el impuesto de sociedades.

En España, tras el tijeretazo social , la reforma laboral y el acuerdo económico y social para la reforma del sistema público de pensiones , le toca el turno ahora a la reforma salarial. Hasta ahora, la negociación colectiva y la actualización del salario nominal al IPC, eran los mecanismos de revisión para intentar ajustar los salarios reales y evitar pérdidas de poder adquisitivo. Ahora, pretenden hacernos creer que si la economía no crece es porque hay un problema de productividad y que en parte, la evolución de los salarios es un factor explicativo de ello.
Las evidencias estadísticas nos permiten rechazar alto y claro este nuevo intento de manipulación. Vicenç Navarro contraargumenta sobre la productividad y renta salarial :

El salario medio (medido en euros constantes) era prácticamente el mismo en 2008 que en 1995. El aumento de la riqueza, resultado del crecimiento de la productividad, se ha ido concentrando en los superricos y ricos de manera que España es, según el Luxembourg Income Study (el centro de datos sobre distribución de renta más creíble), uno de los países desarrollados con mayores desigualdades de renta.

Es decir, que el incremento de la productividad, que explica el gran crecimiento económico de los años previos a la crisis, no repercutió en la renta salarial de las personas empleadas, ni mucho menos en la mejora de quienes están en los tramos inferiores de renta del trabajo (fundamentalmente mujeres); en lo que sí repercutió fue en la renta y riqueza de quienes eran propietarios de los medios de producción, del capital y en los centros financieros que manipulan, especulan y gestionan tal dinero”.

En principio, podria resultar que es algo ventajoso vincular la evolución de los salarios al nivel de la productividad; pero no levantemos campanas al vuelo, que hay algunas sombras que tomar en consideración. La primera es respecto a lo que aparentemente se pretende: vincular la evolución exclusivamente del salario nominal, y no la del salario real. La segunda sombra hace practicamente inviable la propuesta, ya que para que esa vinculación sea efectiva, sería necesario dotar de una gran transparencia a las empresas. Y es que la productividad depende además de las condiciones laborales, de la política de calidad, de la gestión de recursos humanos, de la mejora tecnológica, del clima laboral, en definitiva, del modelo de organización del trabajo y de la eficiencia de la gestión empresarial.
Basta decir que aunque está ampliamente contrastado que la igualdad es rentable para la empresas, sigue siendo la gran ausente de la gestión empresarial. ¿Es creíble una reforma en el tejido empresarial que vaya acorde con los criterios de responsabilidad social e igualdad? francamente, me parece que va a ser que no; más bien me inclino a pensar que la ‘flexibilidad’ de los salarios y de los despidos serán los objetos a los que se limite dicha reforma y vinculación salarios/productividad.

Otra consecuencia en la que detenerse es en lo que econométricamente representa esta ‘nueva gobernanza económica europea’: la vuelta hacia la consideración exclusiva del PIB como ‘gran indicador’ del crecimiento y desarrollo; y esto, por mucho que lo ‘adornen’ nos estanca una vez más en la ceguera de género del análisis económico y en la ceguera de la sostenibilidad.

Hoy en día sabemos que el PIB no tiene en cuenta el valor de la aportación que representa la economía informal, ni el valor económico de la aportación que realizan fundamentalmente las mujeres a la “producción doméstica” (en España son cerca de 4 millones de mujeres quienes se dedican exclusivamente a estas tareas sin recibir ninguna remuneración). Tampoco tiene en cuenta la ‘huella ecológica’ o ‘daños colaterales’ que provoca el actual modelo productivo. Ambas carencias deberían ser suficientes para replantearse lo que estamos midiendo realmente y qué modelo de desarrollo se está propiciando.

Dicen que el Pacto del Euro pretende propiciar las bases de la recuperación … y sabemos que la recuperación comenzará cuando empecemos a crear empleo.

Las mujeres están preparadas para incorporarse al mercado de trabajo y el cambio productivo es una buena oportunidad para ello: ecoindustria, energías alternativas, aplicaciones tecnológicas a la calidad de vida, infraestructuras sociales … hacia ahí deberían apuntar las prioridades para la estimulación económica en vez de seguir bonificando a las empresas de sectores convencionales para que realicen nuevas contrataciones desde la precariedad laboral.

Las políticas de igualdad deberían considerarse como parte de la solución a la actual crisis y como una inversión a largo plazo, para el cambio de modelo productivo y social. Sin embargo siguen estando fuera de la agenda política de reformas, a pesar de que existen estimaciones de su rentabilidad medidas en lo que significarían en cuanto a una mayor contribución de las mujeres al PIB y a los ingresos fiscales. Un nuevo informe sobre mujeres y economía sostenible cuantifica estas aportaciones para el caso de España, que podrían llegar hasta un 44% de incremento del PIB. Sin embargo, como dice María Pazos , la igualdad es absolutamente necesaria para la economía, pero supuestas razones económicas impiden avanzar en igualdad. ¿No es esta una gran paradoja?

En definitiva, que la reformas auspiciadas desde el Consejo de Europa adolecen de los mismos defectos que las políticas económicas anteriores, agravando el distanciamiento de la europa social y del avance hacia un modelo de economía sostenible basado en la igualdad.

Hay hombres y mujeres en Túnez o Egipto que no esperan ni una democracia de fachada ni mucho menos una política económica dictada por la Unión Europea y las instituciones financieras internacionales. Tienen claro que la orientación neoliberal de Europa conducirá a más paro y miseria. Las mujeres revolucionarias, además, confían en que este proceso emancipatorio consiga la igualdad de derechos de la mano de un nuevo estado, laico y democrático. ¿Será esta la revolución de los derechos de las mujeres?

Hay hambre de democracia, también económica. Europa debería tomar nota. Los gérmenes revolucionarios se expanden como la pólvora en este mundo globalizado e interconectado, a pesar de los burdos intentos de cierre y control de las comunicaciones. La insatisfacción ciudadana crece a medida que aumenta la precariedad y los gobernantes rinden pleitesía a las exigencias de las políticas neoliberales, del mercado financiero, antes que a dar respuesta a las necesidades de su población.

La OIT en su informe Global Employment Trends 2011 sostiene que la presunta reactivación económica global carece de impacto en el empleo. El informe pone de manifiesto “la existencia de alrededor de 40 millones más de personas trabajadoras pobres en el extremo nivel de 1,25 dólares norteamericanos en 2009, de los que se habría esperado en ausencia de la crisis económica mundial”. Y las pespectivas de futuro son devastadoras, ya que para los países ‘avanzandos’ todo indica que continuará la tendencia iniciada en 2007 de reducción de horas semanales remuneradas y la proliferación de empleos de bajos salarios, en los que la participación de las mujeres es mayoritaria (un 65,1% en España)

El tijeretazo social como respuesta a la crisis económica está provocando la aniquilación de gran parte de las sociedades de bienestar. El nivel ‘acomodaticio’ en europa se resquebraja y expulsa a gran parte de la población: mujeres, jóvenes e inmigrantes, fundamentalmente, son la carnaza del cambio de rumbo político en España que se acaba de consolidar con el acuerdo por la reforma de las pensiones .

El 27E asistimos a una escenificación digna del mejor teatro del mundo: representantes de los dos sindicatos mayoritarios daban el visto bueno a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, que, por mucho que lo disfracen, se traducirá en una reducción del importe de las pensiones y en un alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años. ¿Podrían haberse planteado otra reforma? Por supuesto que sí. Se me ocurren algunas premisas de partida diferentes a las utilizadas en esta burda manipulación sobre la inviabilidad futura de las pensiones por el proceso de envejecimiento de la población.

La primera a tener en cuenta es que se podría cambiar el sistema de financiación con el que se pagan las pensiones públicas; esto significaría abandonar el funcionamiento de la actual caja única de la seguridad social (los ingresos por cotizaciones sociales de quienes están trabajando sirven para pagar las pensiones de quienes ya están en su jubilación) y apostar por la financación de las pensiones públicas a través de los impuestos que recauda el estado (no sólo a través de las cotizacione sociales), como se hace en otros países y como se hace en éste para otros conceptos de gastos públicos.

La segunda premisa que se olvidan mencionar es que el desarrollo de la sociedad del conocimiento puede impulsar incluso que menos personas puedan producir más riqueza; es decir, mantener el sistema público de pensiones se trata realmente de un problema de redistribución de la riqueza y de los criterios políticos que la sustentan. ¡Ahí está realmente el meollo del asunto! Las cuentas de las pensiones deberían hacerse desde otros criterios diferentes a los que se han utilizado.

La tercera es que compensar a las mujeres por el sesgo de género del sistema público de pensiones que las aboca a la situación de precariedad económica actual, no es lo mismo que avanzar en igualdad real; para ello, la neutralidad de género debería haber sido exigible al documento que saliera del acuerdo. Sin embargo, tras la palabrería por una “integración laboral acorde con las aspiraciones de las mujeres” incluida en el Pacto de Toledo, lo cierto es que, como se denuncia el manifiesto por la igualdad de género en el sistema de pensiones “la configuración de derechos de pensión propios, no derivados del marido, frente a varias discriminaciones constatadas, no apunta a la igualdad en el empleo y la protección social, sino a algunas medidas específicas aparentemente proteccionistas, pero perpetuadoras del reparto desigual del empleo y el cuidado, como los incentivos fiscales y de protección social a la no incorporación de mujeres casadas al mercado de trabajo”.

Así no vamos bien. Estos parcheos indican que la socialdemocracia española, al igual que en otros países europeos, está huérfana de propuestas coherentes para orientar su desarrollo a la sostenibilidad humana, social, económica y medioambiental, y se ha rendido una vez más a las políticas neolibelares. ¿Será que se han olvidado de leer y escuchar? Hay quien argumenta que en el contexto actual no les quedaba otra alternativa. Claro que SÍ, había otras posibilidades.
En Europa, experiencias revolucionarias como la de Islandia son un referente de que es posible salir de la crisis fortaleciendo la democracia. ¿En qué ha consistido esta revolución silenciada?: “dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis, reescritura de la constitución por la ciudadanía y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión”. Una muestra palpable de que es posible reorientar las políticas públicas sin traicionar la sostenibilidad de las sociedades de bienestar y lo que es más importante, que esto es posible hacerlo desde la toma del poder de la ciudadanía.

En España comienzan a surgir iniciativas ciudadanas al margen de las instituciones y los aparatos de partidos y grandes organizaciones sindicales. Si la reforma laboral fue el detonante de la huelga generla del 29 de septiembre, la reforma de pensiones acordada el 27 de enero puede ser la espita que encienda la mecha de una nueva revolución social. Así pues, bienvenida sea la iniciativa ciudadana Mesas de convergencia y su intento de “denunciar las amenazas que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta menos la opinión del puereblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayoría de la población (porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de ella y disponen de menos recursos)”. Porque, no se engañen, es la democracia y el conjunto de derechos y libertades ciudadanas lo que realmente está en juego con las políticas de reformas que se están aprobando.

“Veinte años después de la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano, los logros conseguidos ameritan grandes celebraciones. Pero también debemos mantenernos alertas para encontrar formas de mejorar la evaluación de las adversidades de antaño y de reconocer y responder a las nuevas amenazas que ponen en riesgo el bienestar y la libertad humana”. (Amartya Sen)

La publicación el pasado mes de Noviembre del Informe de Desarrollo Humano 2010 , pone sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los resultados del informe, sobre los aspectos que incluye la medición y los aspectos que todavía se quedan fuera de los indices estadísticos producidos.

El desarrollo humano debería consistir en la expansión de las libertades reales de las personas con las que poder llevar una vida plena. Si embargo, las dificultades de medición de todas las dimensiones del desarrollo humano es algo que está reconociendo hasta la propia Naciones Unidas desde 1990, fecha de la elaboración del primer Indice de Desarrollo Humano. En base a los valores de este índice se ordenan mundialmente los países atendiendo a una serie de capacidades básicas de la población. Entre los primeros puestos se encuentran países como Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá o Suecia. Todos ellos son percibidos como lugares en los que la esperanza de vida es elevada al igual que el nivel de participación económica de su población; pero ¿qué pensarían si les digo que Irlanda tiene una mejor posición que Suecia? efectivamente, hay algo que no cuadra bien. ¿Cómo puede tener más nivel de desarrollo humano un país que no reconoce los derechos de salud reproductiva de las mujeres y con una menor tasa de participación laboral femenina? ¿cómo un país más contaminante puede ser considerado con mayor nivel de desarrollo (Suecia) que está entre lo que menos emisiones de CO2 emiten? ¿Cómo un país europeo al borde del rescate financiero puede ser considerado de mayor desarrollo respecto a otro/s que consiguen mantener su tejido productivo y comercial en funcionamiento?. Preguntas similares a estas hacen saltar la alarma sobre lo qué es lo que se está midiendo realmente y sobre todo, lo que no se integra en la medición de este índice. Hoy sabemos que el IDH “omite muchas opciones que pueden ser de gran valor, como libertad económica, social y política, además de protección contra cualquier tipo de violencia, inseguridad y discriminación, por nombrar sólo algunas”.

¿Y qué pasa con la Igualdad, cómo se mide, qué se mide y qué queda fuera de la medición?

Los progresos hacia la igualdad de género se miden anualmente también por medio de varios índices estadísticos, entre los que se encuentran: Indice de Desarrollo ajustado por Género (IDG), que elabora Naciones Unidas a partir del Índice de Desarrollo HUmano; el Índice de Disparidad entre Géneros (IDDG), del Foro Económico Mundial; y el Índice de Equidad de Género (IEG), elaborado por la red internacional cívica Social Watch. Estos índices son cálculos compuestos de estadísticas que están disponibles y que incluyen factores relacionados con la esperanza de vida, la matriculación escolar, la participación en la fuerza laboral y la representación política.

Ocurre también que nos hemos acostumbrado a revisar cada año el ranking de países obtenido con estos índices y a mostrar parte de los resultados más representativos como referentes de su nivel de avance en igualdad de género (comparando con el resto de países). Y aunque todos los años hay alguna ‘sorpresa’, transitamos de un año a otro sin mucho más contratiempo que el baile de puestos. Sin embargo, sólo con detenerse a observar la distribución de países, comienzan las preguntas y el cuestionamiento una vez más sobre qué será lo que se está midiendo con estos índices.

El IDDG, elaborado por el Foro Económico Mundial desde 2006, mide la evolución de las brechas de género en el acceso a los recursos y oportunidades de los países; pero no tiene en cuenta las condiciones o el nivel de dichos recursos y oportunidades ni mucho menos su carencia; se limita a medir la disparidad entre las situaciones que afectan a las mujeres y a los hombres en cuatro grandes categorías: participación económica y oportunidades, educación, salud y superviviencia y empoderamiento político.

Los países con menor disparidad de géneros son Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, que habitualmente permanecen como referentes en todos los índices de igualdad y desarrollo; ahora bien, que países como Irlanda (menor disparidad de género que España) o Sudáfrica (siguiente nivel tras España) se encuentren entre los 15 mejores corrobora la necesidad de revisar y mejorar la elaboración de este indice. ¿Cómo van a ser considerados referente en igualdad dos países que en los que no existen derechos básicos de salud reproductiva y sexual de las mujeres ni mucho menos de libertad sexual?
El problema de esta medición es, en mi opinión, que se limita a constatar la brecha, no las condiciones de suficiencia de los recursos y oportunidades. Por ejemplo, un país puede tener tasas muy bajas de escolarización pero similares entre mujeres y hombres; lo que se traduciría en una disparidad de género aparentemente buena. Este tipo de situación controvertida provoca una interpetación errónea al ocultar las profundas carencias de recursos básicos educativos suficientes para el desarrollo del país.
En algunos de los países que muestran este tipo de ‘lectura confusa o errónea’, ocurre que las mujeres y niñas sanas, heterosexuales, urbanas y de clase media que pertenecen a comunidades étnicas y lingüísticas mayoritarias tienen más oportunidades de asistir a la escuela, conseguir trabajos dignos con salarios adecuados y participar políticamente que las mujeres y niñas procedentes de zonas rurales, con discapacidad, lesbianas, indígenas, migrantes y pobres. Pero ese nivel de análisis en la estructura de las desigualdades y situaciones de discriminación no se considera en la medición del índice IDDG.

Sabemos que las cifras no mienten, pero tampoco relatan toda la historia , por ello, es importante tener en cuenta que la información más relevante que muestran estos índices es la fuerte resistencia de la desigualdad de género y la escasa atención que ello tiene para gran parte de los gobiernos, según muestra el índice elaborado por Social Watch, el IEG, que se empieza a configurar como una herramienta estratégica a la hora de exigir a los gobiernos del mundo la rendición de cuentas de sus acciones, políticas e (in)cumplimiento de sus compromisos relativos a la igualdad de género.

El informe de Desarrollo Humano de 2010 introduce algunas innovaciones metodológicas que todavía resultan insuficientes, aunque algunas de ellas sirvan para estimar la pérdida en el desarrollo humano que soportan los países por mantener sistemas de desigualdad.

Parte de la crítica feminista reconoce estas limitaciones – entre otras – y empiezan a generar alternativas de medición, tanto para mejorar los índices existentes, como para elaborar nuevas propuestas estadísticas desde planteamientos no androcéntricos, lo que en gran medida significa integrar también cuestiones relacionadas con los cuidados, la existencia de una vida libre de violencia, los usos del tiempo, el acceso a la salud desde una perspectiva integral, la igualdad efectiva de derechos a participar en el cuidado (infantil, personas mayores y dependientes en general), el acceso al conocimiento y la particpación sociopolitica más allá de la representación cuantitativa en las asambleas legislativas y equipos de gobierno.

Necesitamos indicadores más consistentes y coherentes con lo que se está midiendo; todo un reto para la investigación feminista y la producción estadística en general!

Desde el principio me pareció un acierto el planteamiento. Cada vez más, los usos del tiempo se convierte en una preocupación recurrente en nuestra vida cotidiana; y no es para menos, ya que se trata de un recurso limitado y como tal, susceptible de usos alternativos. Tiempo comprometido laboralmente, tiempo para nuestro ocio, tiempo para compatir con las personas de tu entorno familiar, tiempo para el descanso, tiempo para cuidar a otras personas, tiempo para formarse, tiempo para dormir, tiempo para simplemente no hacer nada. ¿Realmente podemos poner todos estos usos alternativos en equilibrio? ¿Las TICs nos lo facilitan o vienen a incorporar otra exigencia más de tiempo? Y a las empresas, ¿cómo les afecta esto en el contexto de crisis actual?

Una de las asignaturas pendientes de las empresas es la productividad; y aunque haya quien no logre imaginarse qué tiene que ver con el uso del tiempo, lo cierto es que a medida que optimizamos la planificación y la calidad de la gestión por objetivos, que conseguimos mayor eficacia de la comunicación – interna y externa -, que mejoramos el clima laboral o la implicación y cualificación profesional de las personas empleadas, estamos contribuyendo a mejorar el nivel de productividad. Pues bien, todos estos factores pueden optimizarse si hacemos un uso más eficiente de las TICs.

La realidad es que apenas un 61% del tiempo de permanencia en el puesto de trabajo es aprovechado de manera eficaz, según las conclusiones de este estudio realizado por la consultora Proudfoot en 2004, sobre un total de 100 empresas de 9 países (incluyendo España). A la vista de estos datos cabe preguntarse ¿pueden permitirse, las empresas en particular y las sociedades en general, seguir derrochando recursos en el contexto actual? Porque de acuerdo con este estudio, el coste del tiempo desaprovechado podría estar alrededor de un 8% del PIB.

En el contexto actual de crisis, la exigencia de una alta competitividad en las empresas, hace necesario apostar claramente por estrategias como la innovación, el emprendizaje y la igualdad en la gestión empresarial.

Las medidas de usos del tiempo que promueven una mejor calidad de vida para las personas que trabajan permiten reducir los gastos, reducir el impacto medioambiental, incrementar la fidelización del talento y la competitividad. Un ejemplo muy evidente es evitar el desplazamiento al lugar de trabajo alguno de los días laborales, algo que las TICs pueden facilitar, a través de la práctica de teletrabajo o flexibilidad espacial. Este tipo de medidas, son muy efectivas en la reducción de costes y en la mejora de la satisfacción de las personas que entre otras cosas, y descongestionan el tráfico – sobre todo si se utiliza el vehículo privado para acudir al centro de trabajo – y orientan a las empresas hacia una política más conciliadora entre las necesidades e intereses de las personas trabajadoras y las necesidades de producción. En España, la cultura del ‘presentismo’ representa una rémora que en ocasiones se agrava aún más por el alargamiento de la ya extensa jornada laboral; una práctica más generalizada entre los hombres que actúa como un mecanismo de discriminación indirecta hacia gran parte de las mujeres. Porque mientras no haya un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, el margen de flexibilidad en el uso de tiempo de hombres y mujeres no es el mismo, ya que la disponibilidad es mayor para ellos que para ellas.

Pasar de una cultura ‘presencialista’ a una cultura ‘nómada’ en la empresa es un proceso largo que se tiene que planificar coherentemente, sin olvidar que entre ambos modelos de empresa, hay múltiples situaciones intermedias.

Las resistencias al cambio aparecerán, de diferentes maneras; no obstante, cada vez más personas y empresas identifican la importancia de integrar el uso de las TICs, en el necesario cambio de cultura organizacional. Y en este cometido el desarrollo del software libre surge como oportunidad para acompañar dichos cambios, Conseguir organizaciones más horizontales, en las que la ‘inteligencia colectiva’ fluya a través del uso de herramientas colaborativas es un hito para integrar la gestión de los saberes y democratizar las información y el conocimiento en las organizaciones. Se trata de ‘cambiar el chip’ y plantearse nuevos modelos de negocio más acordes con la ‘instantaneidad, fluidez y movilidad’ que caracteriza la economía de conocimiento. Trabajar en red y asumir que los objetivos empresariales pueden coordinarse con el respeto de los derechos humanos y la calidad de vida de las personas trabajadoras será una capacidad factible de desarrollar sólo por algunos liderazgos empresariales, con una visión a más largo plazo. Sí ya sé que pensarán que estos especímenes no abundan, pero como las meigas, ‘haberlos, haylos’.

Y ademas, como dice la propia OIT:

“El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) brinda un gran número de nuevas oportunidades para las mujeres. Sin embargo, salvo que estas posibilidades se vean respaldadas por la formulación deliberada de políticas capaces de garantizar la participación, la asunción de responsabilidades, la educación y la formación en materia de TIC destinada a mujeres, así como las políticas de apoyo a la familia en los lugares de trabajo en los que se desarrolla la economía de la información, los viejos sesgos vinculados al género persistirán”.

¿Hacen falta más razones para iniciar esta transición?

Superado el shock inicial y tras la constatación del fin del espejismo es momento de analizar qué puede haber tras este cambio de giro, esta minusvaloración y degradación de la igualdad como base de un nuevo modelo social.

Hay quien intenta justificar lo injustificable y alude a motivos económicos y a la necesidad de recortes que nos vuelvan a poner en la senda de crecimiento. Pero sabemos que la apuesta por la igualdad no significa un derroche de recursos, si no todo lo contrario. No es la economía, sino el patriarcado quien ‘mueve los hilos’ de esta reforma. De la misma manera que sabemos que el ahorro presupuestario que ha conseguido el gobierno de España con esta decisión es una nimiedad ridícula (110 millones, el 0,029% del presupuesto público del Estado en 2010) que daña a la inteligencia y no se sostiene ni ante un análisis comparativo sobre otros tipos de recortes posibles, ni mucho menos ante la constatación de que no se trata de gastar menos sino de hacerlo mejor, de una manera más coherente (¿subvenciones a la FAES, la financiación de la Iglesia católica, los gastos militares, el elevado fraude fiscal, escasa tributación del capital, y un largo etc.?)

Desde la Economía Feminista defendemos que el objetivo prioritario de la actividad económica ha de ser la satisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo humano; y siendo conscientes de que este plantemiento ha estado en conflicto con el orden de prioridades de la economía neoliberal, argumentamos que hay que invertir en igualdad de género, precisamente ahora , justo cuando los gobiernos han sucumbido a la lógica del mercado que defiende la acumulación de riqueza y el crecimiento económico per se.

Hace justo un año (15, 16 de Octubre de 2009) se celebraba en Estocolmo, desde la Presidencia Sueca de la UE, una conferencia sobre qué significa la igualdad de género para el crecimiento económico y el empleo . Uno de los resultados más impactantes aportados en esta conferencia fue el arrojado por la estimación económica de cómo variaría el PIB si la igualdad entre hombres y mujeres estuviese plenamente integrada en el funcionamiento del mercado de trabajo. Åsa Löfström constataba que el promedio de crecimiento para el conjunto de la UE sería próximo a un 30% y para España el crecimiento podría alcanzar hasta el 32%. Esto es precisamente lo que refleja el gráfico. ¿Relevante, verdad? si los gobiernos de la UE hubieran destinado algo de tiempo a leer y a aprender de estas las evidencias y proyecciones económicas, otras posibilidades se podrían haber abierto.

Sin embargo gran parte de las medidas que se han puesto en marcha para intentar resolver la crisis, han estado más mediatizadas por la obsesión de frenar el déficit antes que crear empleo y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Basta con reflexionar desde una lógica no androcéntrica ¿a quién afecta el recorte del gasto? para entender la ‘gran contrarreacción europea’ al utilizar sus políticas públicas para el recorte de derechos sociales, el adelgazamiento del estado de bienestar y la vuelta al status quo, patriarcal, como siempre.

No hay que buscar la respuesta en la presión de los mercados financieros. Eso es una mera ‘distracción’; es hora ya de centrar la atención en la causa real: la misoginia existente en la clase política, económica y en las propias instituciones se ha revelado finalmente y, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, amenaza con más penalizaciones.

España parecía haber apostado, al menos en el escenario cara a la galería, por consolidar las estrategias acordadas a nivel internacional que desde 1995 se venían repitiendo. Se interpretaba que era necesario dotar de protagonismo propio y posición de poder político a las estructuras gubernamentales que debían conduicir el cambio hacia la igualdad. Eso tendría un efecto pedagógico en la concienciación social para acabar con los mecanismos de desigualdad estructural existentes entre mujeres y hombres y muy específicamente con la violencia machista. Pero el espejismo sólo ha durado 6 años; porque con la eliminación del Ministerio de Igualdad se ha caído toda la coherencia del discurso político y lo que es peor, se han vuelto a colocar los derechos de las mujeres en el mercadeo global pretendiendo contar con el conformismo de las propias interesadas, no vaya a ser que los recortes futuros sea aún peores.

Este movimiento político ha dado alas al machismo más recalcitrante y cavernícola , que al sentirse crecido por el vapuleo y escarnio público que representa la supresión del Ministerio de Igualdad, han empezado a ladrar cargados de testosterona

Es época de replantearse estrategias y alianzas para una avance efectivo hacia la igualdad de resultados. Y quizás volver a las acciones de guerrilla, apropiándonos de lo que el status quo pretende negarnos: el poder para cambiar las decisiones que afectan a nuestras vidas.

Para los sueños hay llaves || La realidad se abre sola y no se deja cerrar. Wislawa Szymborska (Poeta polaca, Premio Nobel de Literatura en 1996)

La irresponsabilidad, de quienes siguen utilizando este subterfugio con la pretensión de suavizar las propuestas-protestas ‘impacientes’, es tal, que con su acción están sentenciando a la sociedad a un futuro más desequilibrado, misógino e insostenible que el presente. La decisión de mantener en suspenso reformas que sabemos pueden facilitar avances significativos en igualdad pone en evidencia la debilidad de los compromisos institucionales con la igualdad real.

Ya ocurrió en la Revolución Francesa: ‘no fue el momento’ para hacer efectiva la vindicación de los derechos de las mujeres. Desde entonces, ni las mujeres ni la igualdad han sido nunca una prioridad política. Da igual lo que se haya dicho en los discursos politicos, en las declaraciones oficiales y en los programas aprobados. La evidencia de hechos y cifras nos revela el orden de importancia real que se le da a la igualdad.

En el ámbito internacional, se ha constatado a través del seguimiento de los ODM que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es el objetivo que menos ha progresado. El dato más espeluznante: menos de un tercio de los 171 países que integran Naciones Unidas, han conseguido que haya el mismo número de niñas que de niños en la escuela.

Es una cuestión de sentido común: los problemas que ocasiona la desigualdad existente no se arreglan con soluciones técnicas ni con ‘acciones parche o limosna’, sino con importantes cambios culturales y de conducta que se han de impulsar desde las politicas públicas, hoy, en el presente. En este momento, en el que los gobiernos están abducidos por la necesidad de reactivar el crecimiento y desarrollo, se olvidan que la igualdad de género es imprescindible para sentar las bases de otro modelo de desarrollo. Por eso, sí, precisamente ahora es necesario incluir en la agenda política la igualdad y actuar en consecuencia, otorgándole un lugar de preeminencia también en la distribución presupuestaria. Por coherencia, por responsabilidad, por justicia social, por sostenibilidad humana.

Pero el sentido común no existe en las estructuras patriarcales y la tendencia actual es de retroceso, por muchas pantallas que pretendan nublar las evidencias. Y además, la persistencia de las desigualdades se atisba que va para largo, con los efectos perversos que tendrán gran parte de las políticas aprobadas como respuesta a la crisis.

En España, sin ir más lejos, la decisión de suspender la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas que estaba prevista para el 2011, representa un quiebro importante. La excusa es ahorrar los 200 millones de euros que representaría la ampliación. Un importe insignificante cuando se compara con otras partidas presupuestarias no orientadas a la igualdad. Y más insignificante aún cuando se tiene en cuenta el analisis coste – beneficio de tal medida. ¿Dónde ha quedado el criterio de la rentabilidad social? ¿y la coherencia con la igualdad proclamada por ley? Porque el permiso de paternidad, aprobado por la Ley de Igualdad (Ley 3/2007), ha sido la medida más efectiva para la corresponsabilidad (desde su existencia se lo tomaron aproximadamente el 80% de los hombres con derecho), y la más reclamada y aceptada por la población (según el Barómetro del CIS de Marzo de 2010, el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres españoles se muestra muy de acuerdo o bastante de acuerdo).

No es de extrañar que ante la inconsistencia de dicha excusa, se haya calificado esta decisión del gobierno de España como un atentado contra la democracia y la igualdad entre mujeres y hombres

Identificados los síntomas que afloran en la situación actual, el diagnóstico es inaplazable: hay una falta de transparencia y coherencia en todo lo que se relaciona con el avance en igualdad. Algo que ya denunciaba UNIFEM en la presentación del informe ¿ quién responde a las mujeres ?

El contexto actual está sirviendo en algunos países (Alemania, Francia y España, por ejemplo) como coartada para un giro en la orientación de las políticas públicas que no traerá nada bueno. En España, por ejemplo, se ha decidido recortar el gasto correspondiente al pago de sueldos y salarios y a las pensiones, a pesar de que éstos representan gastos eficientes para la reactivación de la demanda interna (no es un buen comienzo)

La OCDE vaticina que en la fase de recuperación de las economías occidentales la tasa de crecimiento del PIB será lenta y discreta. ; causada, en parte, por la intensa contracción de la inversión, el aumento de las tasas de desempleo y la menor participación laboral provocada por el fin de las políticas fiscales contracíclicas ; y por otra parte por la reducción de la productividad total de los factores, que ocasionará la menor inversión en actividades de investigación y desarrollo, y que podría frenar la estrategia de cambio del modelo productivo.

El escenario dibujado es, por lo menos, inquietante: ¿cuáles serán los nuevos papeles a repartir y entre quién? ¿qué legado se está dejando a las generaciones futuras? ¿están los derechos humanos en el centro de las políticas? ¿y los derechos de las mujeres? No hay excusas que puedan legitimar el abandono de estos temas, que son cruciales para el desarrollo de sociedades democráticas y también para la economía. Sabemos que necesitamos invertir en educación igualitaria, en políticas activas de empleo, en salud, en energías alternativas, en I+D+i para diseñar la nueva senda de crecimiento. Y tenemos a nuestro alcance el instrumento propiciatorio de la inversión en capacidades humanas, la política social.

La vuelta al curso político representa otra oportunidad para volver a reflexionar sobre los déficits democráticos que arrastramos. Y en este contexto, es importante recordar que la Igualdad de Género contribuye al reordenamiento del equilibrio económico, desde la equidad en la distribución de los recursos y la sostenibilidad del desarrollo humano. Veamos algunas cuestiones relevantes al respecto.

Cuestión de ¿prioridades?. Cuando se invierte en igualdad, de derechos, pero sobre todo de hechos, mejora la cohesión social y el sentimiento de pertenencia a una colectividad; reduciéndose la inseguridad y conflictividad social. En definitiva, mejora la capacidad humana para establecer relaciones sinérgicas y desarrollar iniciativas emprendedoras. Todo ello se traduce en más oportunidades de acceso a la educación y al empleo, y por lo tanto en una mejora de las capacidades para avanzar en productividad y competitividad; algo necesario para aumentar la capacidad recaudatoria y redistributiva. Así pues, cuando se invierte en igualdad se posibilita el crecimento; reduciendo además las brechas sociales y productivas existentes.

Cuestión de ¿confianza?. Se requiere confianza para activar la demanda interna y la producción. Y eso se consigue con políticas que potencien la creación de empleo, en condiciones de mayor seguridad que la ‘volatilidad’ existente y, sobre todo, en sectores ‘limpios’, de mayor productividad y relacionados con el desarrollo de la calidad de vida. ¿Que no hay empleo para toda la población disponible? Pues se reparte. Es preferible reducir la jornada laboral como criterio general que mantener fuera del mercado de trabajo las capacidades humanas y productivas disponibles de gran parte de las mujeres como ha ocurrido hasta ahora. La dimensión del crecimiento económico no es el único factor que determina cuántas mujeres pueden incorporarse en el mercado laboral ni cuáles son los niveles de desempleo ‘tolerables’. Sabemos que todo ello depende del modelo de desarrollo (social y económico) que se promueva; que a su vez tendrá una influencia directa sobre las tasas de fecundidad y por lo tanto en la evolución demográfica.

Cuando las expectativas creadas resultan fallidas, la confianza política depositada en los gobiernos y en los agentes económicos se desmorona y se crispa el ambiente social; eso sirve de caldo de cultivo para la proliferación de propuestas populistas, actitudes excluyentes y discriminatorias; y la violencia (también la de género) emerge como vía de escape de la frustración. La memoria histórica nos recuerda en qué condiciones han surgido los movimientos de ultraderecha y las devastadoras consecuencias que ello ha tenido en el desarrollo humano. Convendría tenerlo muy presente para evitar su reproducción.

Cuestión de ¿ética?. Por muchas cumbres internacionales que se celebren sobre el cambio climático, la eliminación de los paraísos fiscales o el cambio de modelo productivo, todas acaban sin acuerdo efectivo. En el trasfondo de la problemática está la visión sesgada y cortoplacista de los gobiernos, que se resisten a asumir ahora un monto elevado de gasto si las perspectivas de beneficio se ubican en el medio-largo plazo. Y estamos en plena época de ajustes importantes, después de haber subsidiado (a fondo perdido) las ineficiencias del sistema financiero para evitar su colapsamiento.

Cabría esperar la misma diligencia para evitar el colapsamiento de las economías domésticas, tratando de que las medidas aplicadas no signifiquen la vuelta al modelo tradicional de familia y de reparto de roles. La orientación de gran parte de los planes de ajuste ha profundizado la división sexual del trabajo. El mantenimiento de situaciones de servidumbre fuertemente feminizadas (empleadas domésticas y cuidadoras no profesionales en el entorno familiar) repercutirá negativamente sobre la capacidad de un gran número de mujeres para desarrollar sus proyectos de vida de manera independiente.

Cuestión de ¿calidad democrática?. El bienestar y la cohesión social se constituían, hasta el inicio de la crisis, como parte integral de la expectativa sobre la calidad de vida; y siguen representando la piedra angular para un modelo de sociedad igualitario. Es faćilmente constatable que los países con mayor nivel de bienestar (Suecia, por ejemplo) tienen un menor nivel de pobreza, mejores resultados educativos (el mayor desarrollo de habilidades educativas se da en Finlandia, según el Informe PISA2006 ), elevadas tasas de actividad femenina y masculina, una amplia red de servicios públicos para el cuidado (Islandia y Suecia, por ejemplo), mayor equilibrio en la participación de mujeres y hombres en la vida política, económica y social; y una mayor participación de los hombres en el cuidado (el 80% de los hombres que son padres en Islandia se ausentan al menos 3 meses de su puesto de trabajo para cuidar de su nueva criatura)

Superar el déficit democrático no puede quedar a expensas de la ‘voluntariedad’ o ‘espontaneidad’; requiere también de una acción premeditada para la construcción de otro modelo de relaciones y de convicencia basados en la igualdad y en la corresponsabillidad. Suecia e Islandia son los países mejor posicionados en los indicadores de género de Naciones Unidas. Los organismos de Igualdad de estos países han desempeñado un papel importante; y las estructuras de coordinación políticas y económicas han conseguido desarrollar una alianza global entre gobierno, feministas, sindicatos, empresas y sociedad civil para hacer efectiva la igualdad en la cotidianidad. ¿Por qué alejarnos de estas experiencias si nos pueden mostrar caminos de desarrollo democrático efectivo? En España, algunas comunidades autónomas han optado por el camino contrario: la supresión del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y la pretensión de eliminar el Servicio Galego de Igualdadade son retrocesos injustificables hoy en día.

Todo ello incita al activismo para reivindicar el avance en igualdad, también en el marco de la movilización general contra los recortes sociales. Pero no nos engañemos, el mensaje ha de ser claro y plenamente consensuado entre quienes defienden mejoras sociales: la Europa social será igualitaria o no será.

El tandem Juan Perón – Eva (Duarte) Perón funcionó en la política Argentina y ejemplifica al máximo el lugar desde el que con frecuencia (se) han situado las voces públicas femeninas: en la trastienda política, como asesoras privilegiadas de quienes sí están en primera línea.

‘Evita’ desempeñó un papel estratégico en el avance del peronismo de finales de los 40 y de la alianza sindical – militar de aquella época; a ella muy especialmente se debe el inicio de la política de desarrollo social y la aprobación de la ley que otorgó el derecho al voto femenino en 1947. La misoginia de la época explica que Evita haya tenido que impulsar la creación del Partido Peronista Femenino para dar cabida al ejercicio activo de la participación política femenina tras la aprobación del sufragio femenino (consiguió que garantizasen el 33% de los cargos que obtenía el peronismo para el PPF, el resto, el 67% era la cuota masculina repartida entre sindicatos y dirigentes políticos). Esa misma misoginia, instalada en el gobierno militar, no pudo digerir más la trascendencia de su personaje, que se puso en evidencia con la aclamación popular como candidata a la vicepresidencia en el Cabildo abierto justicialista de 1951 ; y la hicieron renunciar. En el museo Evita lo dicen claramente: Perón, presionado por los militares, tomó la decisión y ella la hizo suya. “no renuncio al trabajo, sino a los honores”, le dijo ella a la multitud de personas que esperaban su respuesta en el ya conocido como ‘Día del Renunciamiento’. Menos de un año le quedaba ya de vida a Evita.

Perón intentó repetir la fórmula con su tercera esposa , quien le sucedió brevemente en el gobierno tras su muerte.

El tandem Paul Krugman – Robin Wells sigue en funcionamiento. Ambos economistas han pasado por las más reputadas universidades: Yale, Berkeley, Princeton, MIT, etc. ambos han escrito apasionadamente en defensa del sistema público de salud y sin embargo han tenido trayectorias bien diferentes. Mientras Robin Wells se desplazaba a Londres para escaparse de la victoria de Reagan, Krugman trabajó durante un año en el gobierno de Reagan, como miembro del Consejo de Asesores Económicos, y más tarde fue consultor externo de ENRON (ejemplos de su controvertida y en ocasiones incoherente experiencia profesional ). Durante ese tiempo, estaba demasiado afectado por el esnobismo academicista ortodoxo.

El personaje mediático ‘Krugman’ se empieza a construir a raíz de sus artículos de opinión en el New York Times , y en gran medida gracias a Robin Wells: primero por convencerle de la importancia que tendría explicar a la gente, de manera sencilla, lo que pasa en la Economía y que salir del ámbito elitista y ortodoxo de la Academia no sólo no le restaría credibilidad ni solvencia profesional sino que le aportaría más inputs para enriquecer el análisis; y después por ‘ayudarle’ a mejorar sus textos y a encontrar el estilo y enfoque de sus análisis. Ambos son coautores de gran parte de sus publicaciones más prestigiadas y artífices en construir nuevas teorías y formas nuevas de comprender la realidad económica. Ahora bien, Krugman recibió el Nobel de Economía por ‘sus’ trabajos en comercio internacional y en geografía económica, mientras que Wells abandonó su posición académica y se dedica ‘oficialmente’ a escribir y a dar clases de yoga. La actividad como solventes articulistas de opinión económica no deja indiferente a nadie; y mucho menos su fuerte posicionamiento pro – políticas keynesianas tras el estallido de la crisis económica mundial del 2008.

Éstos son sólo dos ejemplos que evidencian el sorprendente paralelismo en cómo algunas mujeres se sitúan (o son situadas) en el ejercicio de su capacidad de influencia ante el poder, delegado, trascendiendo incluso las particularidades del momento histórico en el que han sido protagonistas. A ellas se debe en gran medida la proyección publica que han alcanzado algunos de los más relevantes personajes (masculinos). ‘Todo por la patria y por el marido’ parece ser el motor impulsor de gran parte de sus historias de vida política. Hay muchos otros ejemplos con los que seguir, como el del tandem Gunnar Myrdal – Alva Myrdal que por su especial trascendencia se merecen un artículo propio.

Con el devenir de la historia van apareciendo protagonismos femeninos en primera línea, aunque no del todo ajenas a esta pauta de comportamiento aprendida desde la preeminencia masculina, como Cristina Fernández y Hillary Rodham Clinton , quienes sólo después del agotamiento de las carreras políticas de sus respectivos maridos (que ellas mismas han contibuido sustancialmente a construir), han trascendido a la esfera política con nombre propio, aún cuando habían tenido trayectorias políticas más consolidadas que sus predecesores.

El problema no es tanto la necesidad de reformas, sino más bien tener claro qué se quiere que provoquen dichas reformas; y por ello la cuestión clave sigue siendo cuál es el modelo de sociedad que queremos proyectar y cuál el guión necesario para darle coherencia. Algo que se ha olvidado en España.

Atrás queda ya esa ilusión de creerse que íbamos a cambiar el sistema ; la (sin)razón de los poderes fácticos de este siglo, mercado incluído, ha ganado la baza ante un gobierno ya tocado por su falta de reacción.

Que tenemos un problema (por simplificar) es algo más que evidente; la factura que nos ha pasado la crisis es bastante abultada como para digerirla en una siesta: un 18,4% de desempleo femenino y un 17,7% de desempleo masculino en el 2009 (suma y sigue) con un alto desbordamiento del desempleo juvenil y un crecimiento del déficit público provocado: 1.- por el mayor gasto que han representado las políticas de estímulo adoptadas (inyección de liquidez al sistema bancario, las versiones correlativas del ‘Plan E’ y el refuerzo de las prestaciones por desempleo, principalmente; 2.- por el mantenimiento de políticas mal orientadas, ineficientes y devastadoras para el avance en equidad (como el cheque bebé o la desgravación por declaración conjunta en el IRPF) y 3.- por los menores ingresos en las arcas del Estado como consecuencia de la recesión y de la ausencia de una reforma fiscal necesaria. Y así llegamos a acumular un déficit público del 11,2% del PIB en 2009, el cuarto peor de la UE, por detrás de Irlanda, Grecia y Reino Unido.

Vista la necesidad de hacer reformas para mitigar los problemas existentes y orientarnos hacia un escenario de recuperación y crecimiento; y ya que en juego está el desarrollo y evolución del estado de bienestar – aún inacabado -, ¿qué es mejor: dejarse convencer por las necesidades de la economía liberal o apostar por un modelo social moderno, sostenible, en el que la innovación alimente el espíritu emprendedor, con una redistribución equitativa de los recursos al estilo de la tradición socialdemócrata nórdica? Una vez más habría sido coherente mirar a países como Suecia y aprender de la orientación y diseño de sus políticas que ofrecen resultados deseables. Este país es de los que tienen mayores tasas de participación en el mercado de trabajo, con un desempleo bastante ‘controlado’ y una brecha de género en el mismo practicamente inexistente (8,6% de desempleo masculino y 8% de desempleo femenino). Suecia es, además, el país con el menor déficit público de la UE (apenas un 0,5%), de los mejores situados en el ranking de competitividad y de los menos contaminantes en el mundo.

Pero las instituciones que han asumido el gobierno y gestión de esta fase de la crisis querían mensajes claros, tranquilizadores sobre todo de que España podría hacer frente al pago de liquidación de la deuda ya colocada en el mercado financiero. Y ahí está una de las claves para entender que la prioridad (impuesta) haya sido aprobar una política antidéficit que consiga resultados a corto plazo, casi de manera inmediata.

Así que el gobierno de España cambió el rumbo desde la política de expansión de gasto público que había llevado hasta el momento por precisamente todo lo contrario.

La pregunta es bastante evidente, _¿tenía el gobierno otra posibilidad que la del Plan de ajuste anunciado Por supuesto que ¡SÍ! Que hay propuestas para otro recorte de gastos mas ‘solidario’ es algo que se ha escenificado en el mismo parlamento esta semana. Además, ya que se trataba de reducir el déficit, se podrían haber contemplado, desde el principio, medidas fiscales tendentes a mejorar los ingresos y a proyectar cambios y resultados tanto en el corto como en el medio plazo; a través de una distribución más equitativa de las aportaciones y esfuerzos a realizar desde los diferentes ámbitos de la sociedad:

Ante la necesidad de inmediatez de resultados para minorar el déficit público, podría haberse considerado la reducción de otro tipo de gastos para una mayor coherencia de la ‘política de bienestar’ que se pretendía desarrollar hasta ahora: más de 7.000 millones de euros es el importe de la financiación pública a la Iglesia católica: ¿qué sigue justificando ese trato de favor? 30.000 millones se destinan a subvencionar actividades empresariales (por ejemplo, al sector de la ‘moda’): ¿qué indicadores de rentabilidad y eficiencia sostienen este gasto? 2.000 millones nos cuesta mantener la desgravación por ‘declaración conjunta’ que existe en el IRPF, que es un gasto antieconómico, antisocial y discriminatorio para las mujeres como reconoce la propia Ley de Reforma del IRPF (2006) en su exposición de motivos. Más de 20.000 millones es el importe que se destina a gasto militar y armamentístico. También podrían reducirse los gastos de la ‘Casa Real’ o poner algo de coherencia al gasto corriente de los Ministerios; racionalizando, por ejemplo, los gastos en comunicaciones (las aplicaciones de software libre para videoconferencias y llamadas son una buena alternativa).

Para dinamizar una mayor recaudación a medio plazo, podría haberse optado ya por: recuperar el Impuesto de Patrimonio; aumentar la tributación de las SICAV; establecer una tasa a los grandes bancos siguiendo la línea del Partido de Socialistas Europeos que propugna una tasa en las transacciones financieras del 0,05% sobre las operaciones especulativas realizadas en microsegundos; subir la tarifa del IRPF a las rentas más altas; subir el impuesto de sociedades para grandes empresas, etc.

En fin, que de haber querido hacer otro giro, hubiera sido posible.

Entonces, ¿qué puede motivar al gobierno elegir el tipo de reforma aprobada, aún a costa de que ésta empeora las previsiones de desempleo y de crecimiento? Es como si hubieran considerado que el mensaje tenía que ser rotundo; que no hubiera atisbo de duda de que serán capaces de acometer los ‘sacrificios’ necesarios para que el desarrollo del estado de bienestar ‘no interfiera más’ en la prioridad de la convergencia europea. Y para ello, ¿qué puede ser más efectivo que ejemplificar la supuesta insostenibillidad del estado de bienestar tocando directamente dos de los pilares del sistema de protección social español, como son pensiones y atención a la dependencia?

Todo un gesto vaticinador de las débiles perspectivas de nuestra sociedad de bienestar.

1.De la refundación del capitalismo al sostenimiento del sistema
2.Del sostenimiento del sistema al crecimiento sostenible
3.De la economía sostenible a la igualdad de género
4.De la economía de la sospecha a la economía del cuidado

Lejos quedan las intenciones declaradas por algunos gobernantes de que esta crisis serviría para redefinir el sistema, que bajo la luz de los focos se reconocía que había entrado en crisis. Y no es que realmente estuviesen proponiendo hacerlo: como mucho, de lo que se trataba era de volver a un sistema de ‘economía mixta’ o una especie de mezcla de la economía capitalista y la economía socialista. Es decir, libertad de mercado aunque incorporando la necesidad de una intervención fuerte y decidida de los poderes públicos en la economía; la necesidad de rescate del sistema financiero así lo avalaba, coyunturalmente . Lo que parecía ser una vuelta al Estado social se quedó en una mera declaración de intenciones recogida ampliamente en las hemerotecas para mayor escarnio público.

Será cuestión de impaciencia lo que me dificulta valorar que las diferentes declaraciones del G – 20 no han supuesto ningún avance significativo; hay quien dice que el hecho de que hayan existido estas declaraciones ya es un avance en sí mismo. Sin embargo, ¿qué ha cambiado en la práctica respecto a la situación previa a la crisis? No se ha materializado ni la autorregulación de los mercados financieros, ni la articulación de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, ni la eliminación de los paraísos fiscales, por citar algunos de los titulares que se han ido publicando y cuya aplicación sigue siendo aplazada sistemáticamente.

La experiencia debería servir como forma de aprendizaje también para la reformulación de modelos económicos. Una de las lecciones aprendidas a nivel internacional es que crecimiento económico no es sinónimo de cohesión social; y que cuando el modelo de desarrollo se centra exclusivamente en el crecimiento económico y el indicador por excelencia es el PIB, se produce una ceguera de género difícilmente sostenible. En un anaĺisis estadístico comparado a nivel internacional, la organización Social Watch obtiene que no todos los países con mayor PIB ofrecen buenos resultados en el Índice de Equidad de Género, lo que sugiere que el crecimiento económico no es suficiente sino que se requiere de enfoques de políticas corresponsables con la Igualdad (Suecia tiene el mayor valor de Equidad de Género).
Necesitamos, pues otro tipo de medición del ‘desarrollo’ que incluya el desarrollo humano y condiciones de equidad para poder hablar de un ‘nuevo modelo de economía sostenible’. Son muchos los ámbitos en los que proponer ideas de sostenibilidad: energía, transporte, gestión del medio natural, gestión de residuos, modelo de ciudad, salud pública, participación innovación social, servicios para el cuidado de personas (menores, mayores y dependientes), desarrollo tecnológico, software libre, etc. Sin embargo, la tendencia real ha sido la de aprobar medidas dirigidas más al ‘sostenimiento del sistema’ que a provocar las reformas estructurales necesarias.

En España se ha aprobado una Ley de Economía Sostenible antes de consensuar la elección del modelo y sin que se perciba una orientación efectiva a que el potencial cambio que se impulse contribuya favorablemente a la igualdad de género. De hecho más bien todo lo contrario, ya que lo más previsible es que gran parte de las medidas aprobadas, y en particular la parcialidad en la reforma laboral tengan unos efectos desfavorables sobre la economía del cuidado, el bienestar de las personas y la equidad de género.

No es de extrañar, pues, la persistencia de la sospecha sobre las intenciones reales de algunas decisiones políticas: ¿está España saliendo realmente del modelo tradicional o se está limitando a asentar la llamada nueva división sexual del trabajo al estilo del “hombre como proveedor económico y mujer trabajadora y responsable de los cuidados”? Es decir, ¿está orientando su politica hacia la igualdad de género o reforzando el sistema de separación de roles?

Este es el motivo por el que el Parlamento Europeo propuso significar el 22 de Febrero como día internacional por la igualdad salarial; ya que ésta es la fecha hasta la que, según las mismas estimaciones, tienen que trabajar las mujeres por trabajos de igual valor que el que realizan los hombres en 12 meses y que se traduce en que, por término medio, en la UE las mujeres ganan un 17,4 % menos que los hombres (diferencia de remuneración respecto al promedio de salario bruto por hora). Paradójicamente esta desigualdad aumenta con el nivel de formación y con la edad.

Hace 53 años que se proclamó la igual retribución entre trabajadores y trabajadoras como principio constitutivo de la actual Unión Europea (Tratado de Roma) y en 1975 se aprobó una Directiva que prohibía toda discriminación en cualquier aspecto salarial entre mujeres y hombres. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cómo interpretar el establecimiento de una fecha como reivindicación de algo que debería estar ya asumido en la cotidianidad de la ciudadanía europea? sería una frivolidad a no ser que, en esta ocasión, la intención sea plantear la urgencia del cambio necesario en la orientación de las políticas públicas para eliminar las causas que originan la desigualdad salarial.

Para entender la existencia de esta desigualdad tan evidente y fácilmente comprobable, es preciso considerar la interrelación de diferentes variables, todas ellas conectadas entre sí a través de la vigencia del sistema patriarcal y la división sexual del trabajo. La discriminación de género se manifiesta de diversas maneras.

Por una parte se penaliza a las mujeres a través del no reconocimiento de lo que ellas hacen; la asimetría jerárquica del valor es la base misma del sistema androcéntrico y es lo que nos permite explicar hechos como el de que los sectores productivos más feminizados tengan niveles salariales inferiores a los sectores masculinizados y también la práctica discriminatoria que impulsa gran parte de los complementos salariales.

Por otra parte se las penaliza por estar ‘menos disponibles’ para la actividad laboral. La influencia de la división sexual del trabajo y del sistema de roles de género influye en las expectativas que se tienen sobre las mujeres y que difieren notablemente de las existentes respecto a los hombres. Todavía se espera que las mujeres den prioridad a satisfacer las necesidades del resto de las personas de su entorno familiar por encima de las suyas propias, es decir que se hagan cargo de las responsabilidades familiares, incluso a costa de interrumpir su desarrollo profesional. Estas expectativas de que las mujeres sigan asumiendo su rol tradicional pueden ser reforzadas o diluidas desde las políticas públicas. Cuando se articulan medidas que faciliten las reducciones de jornada laboral para personas con responsabilidades familiares (que son fundamentalmente mujeres), se fomenta la contratación a tiempo parcial para quienes atiendan las tareas del cuidado (aunque ello signifique renunciar a su independencia económica), se concede a las mujeres permisos superiores a los que tienen los hombres ante el nacimiento o adopción de un bebé (el permiso de maternidad en España es de 16 semanas frente a las 2 semanas del permiso de paternidad) y/o además se ofrece la posibilidad de disfrutar de excendencias (no remuneradas) para que no tengan que renunciar al ‘disfrute del cuidado’, todo ello contribuye a fijar la etiqueta de ‘menos disponible para el mercado laboral’ que tienen todas las mujeres – sean madres y/o cuidadoras o no – y sobre todo influye en la percepción del empresariado que asocia un mayor riesgo en la contratación de mujeres. Este fenómeno, que se conoce como discriminación estadística, es lo que sustenta la desigualdad salarial.

Así pues, el diagnóstico sobre las causas de la desigualdad está claro, incluso la Comisión Europea las ha identificado en la comunicación de 2007 ‘Actuar contra la diferencia de retribución etre mujeres y hombres’; sin embargo algo falla entre el diagnóstico y la consecución de resultados.

De hecho, algo no funciona y seguirá sin funcionar mientras lo que se promueva sea el asentamiento de roles y la división sexual del trabajo, en vez de en una apuesta firme por la corresponsabilidad que incluya necesariamente la equiparación de derechos y condiciones que faciliten el papel de los hombres como cuidadores al 50%. La decisión de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo de aprobar una propuesta para ampliar la duración mínima del permiso de maternidad de 14 a 20 semanas en toda la UE mientras establece la recomendación de que el permiso de paternidad debería ser como mínimo de 2 semanas evidencia que realmente tenemos un problema: la coherencia entre los objetivos declarados y las medidas aprobadas para su consecución, es más un argumento de ciencia ficción que una realidad demostrable.

Lo primero a tener en cuenta es que trabajo no es empleo, sino mucho más. No todo el trabajo se realiza en el mercado oficialmente regulado, ni se realiza a cambio de una renta, ni en condiciones pactadas socialmente como aceptables. Este trabajo no – empleo, contribuye al bienestar social (el trabajo doméstico, la organización de los cuidados en el entorno familiar, el trabajo comunitario, de solidaridad, etc.) y está fuera fuera sistemáticamente de la mayoría de propuestas de reparto del trabajo, salvo para la consideración de quienes lo realizan (mayoritariamente mujeres) como potenciales beneficiarios/as de subsidios sociales, prestaciones no contributivas o ‘derechos derivados’.

Existe una “lógica perversa” en cómo se dan las relaciones entre el no empleo y el empleo y la base de todo es la división sexual del trabajo y atrapa a las mujeres en el no empleo y en el empleo subsidiario (precario, temporal, con menor remuneración o incluso a tiempo parcial) y a los hombres en la exigencia de mantener su empleo. Esta clave ayuda a entender las orientaciones de las medidas anti – crisis y también ayuda a identificar en qué medida las políticas públicas están contribuyendo al apalancamiento en un diseño de modelo de sociedad ineficiente , tanto social como económicamente; por mucho que pretendan convencernos de lo contrario.

Lo siguiente que conviene recordar es que lo que escasea no es el trabajo, sino el empleo; y sólo a esta realidad parcial se refieren las propuestas que ya han empezado a circular y que necesariamente se interpretan desde la lógica del status quo de este sistema patriarcal.

La alarma la hace saltar la proyección demográfica sobre el envejecimiento de la población española, que según el INE se traduce en que dentro de 40 años la población mayor de 64 años será el doble de la de ahora y representará el 30% de la población total. Esta estimación se calcula teniendo en cuenta la creciente esperanza de vida al nacimiento y los bajos índices de fecundidad en España que traen como consecuencia un índice de dependencia (proporción entre población jubilada y población activa) creciente.
Parece haber ganado la interpretación catastrofista auspiciada desde la lógica liberal, que lleva unos cuantos intentos de demonizar el sistema público de pensiones, y la reorientación hacia un sistema de capitalización privada (la mayor parte de los estudios que avalan este giro han sido financiados por grandes bancos, ¿porqué será?). Sin embargo, no todas las voces apuntan al mismo mal; Viçenc Navarro ofrece algunas propuestas de posibles reformas para que las pensiones sean viables que tienen como punto de partida algo compartido desde la plataforma feminismo ante la crisis:

“si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social”.

Es decir, si el problema de urgente resolución es realmente la sostenibilidad del sistema público de pensiones, el elemento clave de referencia no ha de ser el número de jóvenes y personas adultas por persona anciana, sino el número de personas cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario/a. Es decir, lo que necesitamos es incorporar al empleo a las mujeres (19,19% de tasa de desempleo) y a la juventud, ampliamente cualificada para el necesario cambio de modelo productivo , en vez de obligar a mantener más años de actividad laboral a quienes ya llevan prácticamente toda la vida en el mercado de trabajo. La propuesta de ampliar la edad de jubilación a los 67 años va en esa segunda línea.

La propuesta de revisión del Pacto de Toledo realizada por el gobierno de España, encaja en lo que la investigadora María Pazos precisamente denuncia en su artículo la aplastante lógica del sistema de pensiones : “la aparente lógica del sistema encierra, pues, una contradicción: mientras se incentivan las carreras de contribución ininterrumpidas en general, éstas se desincentivan en particular para el caso de las mujeres en situación de potenciales cuidadoras”.

El círculo vicioso se cierra con la ausencia de propuestas efectivas para mejorar la natalidad y que podrían facilitar la aproximación a la llamada ‘tasa de reemplazo’. Y aquí entra la consideracion del cuidado como necesidad social. Si no hay un intento serio de ofrecer alternativas desde los servicios públicos para que el cuidado de las personas no sea algo que compete a las familias (a las mujeres, en el reparto tradicional) y sino hay una articulación para la organización social y económica del mismo, seguiremos con el lastre de las ineficiencias e inequidades de este sistema. Para invertir esta situación necesitamos una red de servicios públicos para el cuidado, al estilo de la que existe en Suecia, que genere empleo y posibilidades de reparto de los tiempos de trabajo entre mujeres y hombres, ellas y ellos en el empleo de calidad, cotizando a la seguridad social y contribuyendo al sostenimiento del sistema público de pensiones. También necesitamos modificar la configuración del derecho para que deje de enviar mensajes que refuerzan el reparto tradicional de roles de género, por ejemplo, la equiparación de los permisos dirigidos al cuidado, como los de nacimiento (maternidad y paternidad) y la eliminación de ‘derechos relacionados con el parentesco’ (como la pensión de viudedad) por derechos basados en la ciudadanía y en la igualdad de oportunidades contribuirían a otro modelo de reparto de trabajo.

Claro que para ello necesitamos que la clase política estudie y analice los resultados conseguidos en otros países, desde objetivos como la igualdad efectiva, que hoy en día ya no pueden ser olvidados, y la necesaria interrelacion de variables en una sociedad compleja. ¿Por qué mirar a Holanda como ejemplo de reparto del trabajo si más del 75% de las mujeres empleadas lo están a tiemo parcial mientras que los hombres lo están a tiempo completo? ¿Es ese el reparto de trabajo que queremos: hombres empleados a tiempo completo y mujeres asumiendo empleo a tiempo parcial y el trabajo de cuidados en su resto del tiempo no comprometido laboralmente? Esto es la nueva división sexual del trabajo, una de las actuales ‘trampas del patriarcado’ disfrazada de ‘progresismo y buen rollo’ ¿Por qué no empezamos a desmontarla?

Desde un análisis feminista, al texto del proyecto de la Ley de Economía Sostenible, no se percibe una orientación a que el potencial cambio de modelo productivo que se impulse contribuya favorablemente a la igualdad de género; una carencia que deberá ser subsanada cuando se aborden las reformas que siguen pendientes del mercado laboral, de la educación, de la energía o del sistema de prestaciones y pensiones.

Sin embargo, se han empezado a anunciar otras medidas, que representan reformas parciales, y coyunturales.

El modelo alemán que se pretende copiar parcialmente en España, con la intención de ‘aliviar’ la contracción del mercado laboral, consiste en acordar reducciones de jornadas y al mismo tiempo cobrar la prestación por desempleo proporcional al tiempo que se ‘deja de trabajar’. En principio, este tipo de solución lo que podría aliviar son resultados empresariales en algunos sectores (no parece muy aplicable en los sectores de construcción o de servicios) y las propias cifras de desempleo.

¿Se considerarán a partir de ahora todas las reducciones de jornada laboral dentro del ‘modelo alemán’?

Si no es así, la incorporación de esta medida, introduce un doble rasero que convendría eliminar para evitar sesgos de género en la utilización de una doble vía en el fomento del tiempo parcial.

Actualmente, la posibilidad de plantear reducciones de jornada ya existe, aunque su práctica se refiere a casos de existencia de responsabilidades familiares; quienes se acogen a esta ‘opción’ (mayoritariamente mujeres) sufren la pérdida de ingresos, cotizaciones y derechos sociales por el tiempo que dejan de trabajar, y adquieren una difícil situación para conseguir volver al empleo a tiempo completo cuando ‘finalice la causa que motivó su reducción de jornada laboral’.

La elección del ‘modelo alemán’ como referente para la orientación de las políticas públicas que inciden en el mercado laboral, no debería ser casual, ni mucho menos defenderla desde la ingenuidad de que tendrá un efecto neutro sobre la igualdad de género. Todo lo contrario. En el sistema alemán, la posibilidad de compaginar reducción laboral y prestación por desempleo, se refiere a trabajos de menos de 15 horas semanales, lo que representa un mayor fomento del trabajo a tiempo parcial y trae a primera plana la preocupación ante el riesgo de mayor desprotección laboral: en Alemania los trabajos con ingresos inferiores a 400 euros no cotizan a efectos de prestación por desempleo. Así pues, ¿cual es el giro que se pretende dar al mercado laboral incorporando este modelo: favorecer un ‘nicho de trabajillos menores’, reducir las cotizaciones de la seguridad social (lo que de manera indirecta quiere decir reducir los salarios)?

Si hay que elegir una experiencia internacional para guiar el cambio de modelo sería bueno que el criterio de selección tuviese en cuenta los resultados conseguidos y los (des)equilibrios existentes en dicho país. La Igualdad de Género y la sostenibilidad medioambiental han de se considerados como criterios de elección .

¿Realmente es Alemania la mejor opción para inspirar el cambio de modelo?

La posición en el ranking mundial respecto a los grandes indicadores internacionales sobre desarrollo humano e igualdad de género, deberían servir para ilustrar hacia qué escenario queremos dirigirnos. Una comparación interesante es la de Alemania vs Suecia, sobre cuyo modelo de políticas públicas ya he escrito en otras ocasiones

A este panorama global podríamos unirle algunos indicadores relevantes de la situación de los mercados de trabajo respectivos; en este sentido, sería importante tener en cuenta que la brecha de género en el empleo a tiempo completo equivalente es mayor en Alemania (22,7) respecto a la de Suecia (11,3) y que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres representa un 23% en Alemania frente a un 17,6% en Suecia.

Por otra parte, Alemania es el sexto país del mundo en emisiones de C02, (España está en el número 17) es decir, que está entre los que mayor huella ecológica deja como legado; si bien ha establecido como objetivo del 2020 la redución de emisiones en un 40%, ni siquiera ésto se percibe como suficiente para compensar y corregir la tasa de agotamiento de recursos que su modelo de crecimiento genera. Suecia ni siquiera aparece entre los 30 países que más contaminan, según el ranking mundial elaborado por Naciones Unidas.

Y en cuanto al nivel de competitividad de ambos países, los resultados de Suecia (4º país en el ranking mundial) son mejores que los de Alemania (7º país) según lo que muestran los indicadores del Foro Económico Mundial (FEM)

Así pues, si se trata de elegir modelo de desarrollo sostenible, ¿no representaría mejor Suecia el modelo de políticas públicas a seguir?

En el contexto actual de crisis global, que está provocando el aumento de la población masculina fuera del mercado de trabajo aún cuando siguen siendo superiores las tasas de desempleo femenino, se vuelve a reactivar el debate sobre los sistemas de protección social y los efectos que provocan sus diferentes configuraciones.

El punto de partida es la constatación de la persistente proliferación de focos de pobreza y de exclusión social, y especialmente de pobreza infantil, especialmente en los países con un modelo de sociedad tradicional. En España, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza (ingresos menores al 60% de la mediana de ingresos) en 2007 afectaba al 21% de las mujeres y al 18% de los hombres; y la pobreza infantil supera la tasa del 24%, de las más altas de la UE.

En España el sistema de protección social es, en teoría, bastante amplio, aunque ello no significa que las condiciones y criterios de acceso y asignación de recursos sociales sean los más coherentes para atender al objetivo al que dicen responder. El sistema de contributividad a la seguridad social origina una serie de contraprestaciones públicas para cubrir temporalmente situaciones de necesidad, ya sea por la falta de empleo (prestación por desempleo y Renta Activa de Inserción), por incapacidad para trabajar (Incapacidad Laboral Temporal) o por existencia de responsabilidades familiares (como permisos de maternidad y de paternidad). También existen otras ayudas económicas ante situaciones excepcionales y de difícil inserción laboral, como los subsidios para personas mayores de 52 años hasta la edad de jubilación.

En general todas estas prestaciones tienen en común la consideración del trabajo productivo remunerado como base para el proceso de autonomía e independencia económica de las personas, aunque de manera sistemática se obvia la existencia de 3.000.000 de mujeres que no están incorporadas a la actividad remunerada y que por lo tanto se quedan fuera del alcance de esta ‘protección social’ salvo cuando, por la consideración de sus relaciones de parentesco, algunas llegan a ser beneficiarias de derechos derivados de la condición de cotizante de otras personas (como es el caso de la pensión de viudedad).

Como el conjunto de prestaciones contributivas y no contributivas no resulta suficiente para garantizar a la población los derechos sociales básicos, se ha ido buscando la forma de complementarles con otro tipo de prestaciones con un carácter más asistencial.

Este es el caso peculiar del Salario social o Renta Mínima de Inserción, que surge entre 1989 y 1990 en su mayor parte como un mecanismo social vinculado a los programas o planes de lucha contra la pobreza desarrollados por las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen competencia plena en materia de servicios sociales básicos. Aunque con diferente nombre, la mayor parte de la normativa autonómica sobre estas prestaciones asistenciales referencian en su plantemiento teórico a la Ley Francesa de la Renta Mínima de Inserción, que establece el doble derecho social al que atienden: garantizar a la población medios adecuados de existencia y derecho a la inserción social y profesional; es decir, asistencia social y apoyo en la inserción laboral.

Ahora bien, una vez creados los instrumentos de redistribución, es importante identificar si su funcionamiento y características básicas responden a su cometido. ¿Puede ser creible que una Renta Mínima de Inserción vaya a garantizar la subsistencia básica de una unidad de convivencia formada por 2 ó 3 personas, por ejemplo, si en la mayoría de los casos el importe mensual se sitúa en torno a los 370 euros mensuales incompatibles con cualquier otro ingreso?

El peso ideológico de los antiguos programas de benificiencia social dificulta la configuración de mecanismos de protección social que garanticen condiciones de vida suficientes; de ahí que más que dispositivos de solidaridad sean interpretados como “caricaturas de solidaridad” que lastran el desarrollo de otros derechos fundamentales.

En este contexto, desde sectores autodenominados como progresistas, resurge el debate sobre la propuesta de la Renta Básica como panacea con la que conseguir que las personas sean capaces de llevar a delante la vida que eligen y sobre la que articular – dicen que – otro marco de relaciones. De hecho, entre quienes defienden el establecimiento de una Renta o Ingreso Básico con carácter universal, como un derecho individual, de ciudadanía, se argumenta que esto permitiría la cobertura de las necesidades básicas de una persona y que debería ser suficiente.

Sin embargo, esta propuesta se olvida de tomar en consideración algunas cuestiones que en mi opinión son la base de un nuevo modelo de sociedad:

1.- Que las personas no estamos en igualdad de condiciones ni de oportunidades y que, por ello, mientras ésto no se resuelva de manera efectiva en la práctica, la pretendida ‘libertad de elección individual’ difícilmente será tal libertad ni nos acercará a un modelo de justicia social.

2.- Que establecer una misma asignación económica para todo el mundo, sin tener en cuenta ni la individualización de las capacidades humanas (a las que se refieren Amartya Sen y Martha Nussbaum) ni la diferente capacidad de pago que tienen las personas, provocaría una mayor polarización de rentas, que es una de las causas de la pobreza mundial (según Vicenç Navarro).

3.- Que priorizar la ‘libertad de elección’ sin resolver antes la división sexual del trabajo, significa reproducir el sistema de desigualdades que genera, ya que las libres decisiones están condicionadas por el peso de la socialización diferenciada, por la presión del entorno social y por la ineficiente orientación de algunas políticas públicas que refuerzan la permanencia de las mujeres en el sector del cuidado y de las responsabilidades familiares.

Resulta llamativo que la propuesta de Renta Básica sea tan predominante en el actual debate; y que ésto pueda representar un alejamiento de la preocupación por corregir y eliminar los sesgos que dificultan el pleno ejercicio del conjunto de derechos sociales ya existentes. ¿No sería esto la derivación de la responsabilidad para garantizar condiciones dignas de vida desde la esfera pública a la personal? Y esto, ¿no vendría a coincidir con la propuesta de ‘adelgazamiento’ de las políticas públicas tan insistente desde posiciones de liberalismo económico? Da bastante que pensar, ¿no les parece?

Quizás es que hoy me he levantado un poco maliciosa, o simplemente mis narices ya se han hinchado lo suficiente. Y es que cuando los procesos de asignación de intereses económicos no son transparentes, la cultura de la sospecha se instala en la percepción ciudadana. ¿Recuerdan la aprobación vía urgente de las licencias para la TDT de pago ? Pues bien, cuando la devolucion de favores distorsiona el análisis, el tufillo del ‘negociete de la trastienda’ queda en evidencia.

Esta práctica de los acuerdos off de record, tomados fuera del protocolo oficial de actuación, es una constante de los estilos de dirección ‘masculinos’ más obsoletos y que poco tienen que ver con la transparencia y el cambio de modelo económico, sino mas bien con el mercadeo y el corporativismo en el tráfico de influencias.

Esta percepción bien podría haber sido formada desde ayer por una parte importante de la población lectora de la prensa diaria. Hasta ahora lo más evidente era la pérdida de apoyo mediático del gobierno por parte del buque insignia (El País ) perteneciente al grupo de comunicación más perjudicado por el ‘negociete’ de la TDT y el pulso público que mantienen desde entonces. Pero desde ayer, la pleitesía del ‘considerado nuevo favorito’ confirma lo que había bajo el tapete.

Hay quien incluso va más allá y considera que la posible denuncia de la fiscalía respecto a los anuncios de prostitución en los periódicos podría ser un engranaje más de este pulso. Y es que la casualidad del momento da mucho que pensar, y el análisis de las posibles consecuencias sobre los dos periódicos ya mencionados echa más leña al fuego desatado.

Qué credibilidad pueden tener los análisis económicos realizados por uno u otro periódico si ambos están afectados por el mismo ‘merder’.

Han pasado 22 años desde la elaboración del Informe Bruntdland y aún andamos a vueltas con la idea de desarrollo sostenible. Este documento fue el resultado de una comisión especializada de Naciones Unidas dirigida por Gro Harlem y tuvo su importancia porque impulsó una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado por los países industrializados e imitado por las naciones en desarrollo, destacando la incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo de los países industrializados con el uso racional de los recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas. Además, el informe sentaba las bases de lo que se entiende por desarrollo sostenible: aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones

Desde la visión crítica que inspira el informe, es necesario reordenar los tres niveles de responsabilidad necesaria: la responsabilidad económica (principios de cooperación y eficiencia) ha funcionado hasta ahora como practicamente el único criterio determinante de la toma de decisiones, sin embargo, es más que evidente que la responsabilidad medioambiental (principio de gestión de recursos naturales escasos) ha de tener un peso más significativo al igual que la responsabilidad social (garantizar las condiciones de futuro para la población actual y también para la que vendrá) ha de ganar terreno e influencia para integrar el principio de equidad en el modelo de desarrollo social, politico y económico. Hoy por hoy, aunque el informe sigue actuando como referencia básica de la sostenibilidad a nivel internacional, su aplicación es escasa.

Haría falta un cambio de mentalidad sobre las relaciones humanas en general y las económicas en particular para que la futura Ley de Economía Sostenible se convierta en la base estructural de un nuevo modelo de sociedad en España, en el que la responsabilidad social y medioambiental no esté supeditada a la responsabilidad económica, sino a la inversa. ¿Querrá el gobierno de España actuar como referente de que el cambio de modelo es posible? Si esto fuera así, habría que empezar abandonando la visión cortoplacista y los sesgos de género que impregnan la vida cotidiana y el diseño de las políticas públicas para poder tener mínimas garantías reales de que caminamos hacia el sostenimiento de la vida en equidad y no sólo del dinero.

Hasta ahora hay demasiados indicios que apuntan a que la política económica no se está reorientando para impulsar el proceso de cambio necesario; la equidad de género sigue siendo la gran ausente tanto de las propuestas de acción política como del análisis del efecto que éstas tendrán. ¡Y no será porque no se hayan dado pistas sobre algunos ejes para el cambio de modelo productivo !

En épocas de crisis como la que estamos viviendo es de esperar una reorientación del gasto público bajo los principios de eficiencia y rentabilidad social; sin embargo, parece seguir siendo la lógica dal ‘patriarcado blando’ la que continúa marcando la pauta. Aún escuecen los 8.000 millones del plan E por la falta de coherencia con el cambio de modelo productivo y ahora hay que tragarse la absurda pretensión del gobierno de mantener el cheque bebé, la devolución del los 400 euros del IRPF y la desgravación por “cónyuge a cargo” en el IRPF (declaración conjunta), algo que pone en cuestión el principio de equidad.

En vez de ese derroche monetario que representa la insostenibilidad del pretendido discurso sobre economía sostenible, se podría invertir en adaptar el sistema de educación, universalizar la educación infantil y mejorar el sistema de protección social, tres ejes que influirían muy positivamente sobre la productividad. Además, como dice Vicenç Navarro : “si España tuviera el mismo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que Suecia, habría tres millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos”. Así pues, hace falta preguntar bien alto ¿a qué tipo de gobierno le puede interesar más mantener a las mujeres en su dedicación exclusiva al rol de género – que las mantiene fuera del mercado, en la precariedad y en situaciones de mayor vulnerabilidad por la dependencia económica – en vez de facilitar su incorporación plena a la actividad productiva? Las rectificaciones políticas siempre son posibles, así que ¿por qué no se tienen en cuenta la experiencia internacional sobre los efectos tan nefastos para la igualdad de género y la economía en el trabajo a tiempo parcial?

Otra reorientación del gasto que hay que mencionar es la del dinero público inyectado en los sectores intensivos de mano de obra que han entrado en crisis o el dinero público destinado a la compra de infraestructuras y software privativo; ¿no sería más coherente que se hubiera primado la inversión en el desarrollo de transporte público no contaminante, en la mejora de las infraestructuras ferroviarias y en el desarrollo de infraestructuras sociales? ¿por qué no se invierte en universalizar el acceso a los sistemas de información y comunicación o la investigación sobre tecnologías no intensivas en consumo energético? ¿Por qué no se invierte realmente en software libre, se facilita que fluya la innovación y se elimina la tendencia al parcheo de los sectores obsoletos?

Sería difícilmente creible una propuesta de economía sostenible sin una reforma fiscal coherente con los principios que vayan a inspirar el cambio de modelo; ya que la configuración del derecho influye directamente en las pautas de comportamiento; así pues, si es cierto que se le va a dar importancia al impacto medioambiental y al impacto de género, sería importante contemplar nuevas figuras tributarias al respecto. Por otra parte, sería difícil recuperar la confiaza en el sector financiero si en la reestructuración anunciada no se aborda la conveniencia de un impuesto global sobre las ganancias de la banca o sobre las transacciones financieras (al estilo de la Tasa Tobin ) . Y por último habría que abordar con osadía algunas rectificaciones necesarias con alto valor simbólico y capacidad recaudatoria, como la recuperación del impuesto sobre el patrimonio a partir de determinado nivel de renta y subir el tipo que se aplica a las SICAV que son las sociedades anónimas que aglutinan las grandes fortunas para invertir en activos financieros y que escapan prácticamente al pago de impuestos, ya que tributan sólo al 1% en el impuesto de sociedades.

¿ Empezamos a elaborar el programa ?