Mónica García Quesada
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La 5ª Reunión Interministerial de la OMC en Cancún se cerró el pasado 14 de septiembre con lo que se ha considerado un sonoro fracaso, debido a la imposibilidad de llegar al consenso necesario sobre ninguno de los temas principales de la negociación y en especial sobre la liberalización de la agricultura y sobre los llamados acuerdos de Singapur.
Este articulo defiende la tesis de que los términos del documento final que se discutió en Cancún imponían fuertes demandas sobre los países menos desarrollados del mundo. Así, se arguye aquí que la propuesta de acuerdo no beneficiaba a los países del denominado G-23 (liderado por Brasil, Argentina, China, India y Sudáfrica) quienes decidieron que no llegar a ningún acuerdo es más positivo para sus intereses que comprometerse con un mal pacto. El articulo concluye aludiendo a las demandas hechas por ciertos gobiernos y miembros de la sociedad civil, quienes señalan que es necesario llegar a un nuevo compromiso sobre las reglas del comercio internacional que haga prioritarias las necesidades de las personas más desfavorecidas del planeta. Para que esto ocurra, es condición indispensable que las instituciones de comercio internacional, y en particular la OMC, abandonen la opacidad y los procedimientos dudosamente democráticos que han caracterizado su labor.
La Reunión Interministerial de Cancún señalaba un momento clave en el proceso de negociaciones de la llamada Ronda de Doha (también conocida como Ronda del Milenio o Ronda de Desarrollo). Ésta, iniciada en noviembre de 2001 en Doha (Qatar) tenía como marco de referencia la voluntad de desarrollar medidas capaces de simultanear la liberalización del comercio internacional con el desarrollo de los países más pobres del planeta. Doha consiguió romper el bloqueo al que se había visto sometida la OMC en Seattle en diciembre de 1999, e inauguró un nuevo ciclo de negociaciones que tendría lugar durante tres años —hasta enero 2005. Sin embargo, desde la firma de la Declaración de Doha, los avances en las negociaciones han sido muy escasos. La reunión interministerial de Cancún, que se celebró en el ecuador de esta ronda de negociaciones, pretendía hacer una revisión de la estrategia de Doha y darle un nuevo impulso. La pregunta clave que se palpaba en el aire de Cancún era hasta qué punto las declaraciones de la Ronda del Desarrollo se quedarían en pura retórica, y hasta dónde los miembros de la OMC estarían dispuestos a llegar con el fin de cumplir sus objetivos.
En el contexto de la Ronda del Desarrollo, la agricultura es un tema estrella. En Doha, los estados miembros firmantes de las conclusiones acordaron lo siguiente: “Nos comprometemos a celebrar negociaciones globales encaminadas a lograr: mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su reducción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de la distorsión del mercado”. La inclusión de los temas agrícolas en esta ronda significó el reconocimiento de los intereses de los países menos desarrollados. En efecto, la agricultura es un sector fundamental para el crecimiento de estos países. Alrededor de tres cuartas partes de las personas que sobreviven con menos de un dólar al día en los países en vías de desarrollo —una población de alrededor de 900 millones— viven y trabajan como pequeños agricultores en zonas rurales. La capacidad que tengan estos países de alcanzar cotas mas altas de mercado a precios adecuados para sus productos y de aplicar medidas que garanticen la seguridad alimentaria de la población es crucial para aliviar la pobreza rural y garantizar el crecimiento económico.
En Cancún se ha podido observar la existencia de un fuerte enfrentamiento entre los países desarrollados y los países en desarrollo con respecto a los temas agrícolas. Estados Unidos y la Unión Europea, quienes acordaron a finales de agosto una propuesta común que presentaron en Cancún, han seguido una estrategia de negociación basada en la defensa, en aras de la retórica del libre comercio, de la apertura de los mercados internacionales a los productos agrícolas, mientras, al mismo tiempo, han mantenido un fuerte bloqueo de las iniciativas provenientes de los países en desarrollo que aspirasen a reducir las fuertes subvenciones a la exportación que tanto los EEUU como la UE ofrecen a sus productos agrícolas como, por ejemplo, con el caso flagrante del algodón.
En la actualidad, la UE y los EEUU suman dos terceras partes del total de las subvenciones agrarias de los países industrializados (alrededor de 800 millones de dólares al día). La naturaleza de estas ayudas ha sido fuertemente cuestionada por sus consecuencias económicas y sociales, no solamente con respecto a terceros países, sino también dentro de las sus propias fronteras. En particular, se acusa a estas medidas de aumentar los precios de los productos alimenticios (que afecta de forma particularmente negativa a las capas sociales mas pobres, quienes dedican una proporción mayor de su renta a productos alimenticios) y su fuerte carácter regresivo, que las lleva a beneficiar especialmente a los grandes productores agrarios y a perjudicar a los pequeños propietarios.
Cuando se trata de sus efectos en terceros países, hay que destacar que el régimen de ayudas actual permite la existencia del dumping agrario, esto es, la venta de productos a un precio inferior a los costes de su producción, medida que se mantiene gracias a la ayuda estatal. El efecto combinado de la reticencia a modificar el régimen de ayudas a la exportación (o los subterfugios existentes para continuar ofreciéndolas) y la exigencia de la apertura de mercados por parte de EEUU y la UE, permite que los mercados de los países menos desarrollados se encuentren inundados por productos subvencionados por las economías más poderosas del mundo. Esto tiene como consecuencia la ruptura del tejido productivo de los países del Sur y hace peligrar su seguridad alimentaria. Por todo esto, hay que señalar que favorecer el desarrollo de las economías mas frágiles del planeta pasa indispensablemente por una significativa reducción de las ayudas a la exportación ofrecidas por las potencias agrícolas. Sin embargo, a pesar de las declaraciones hechas y los compromisos firmados en las reuniones de la OMC, desde 2001 las subvenciones (en sus diferentes modalidades) de tanto los EEUU como la UE no han cesado de aumentar.
Además de las negociaciones sobre la agricultura, en Cancún también se debatió sobre los denominados temas de Singapur. Estos comprenden una serie de medidas destinadas a la apertura de fronteras y liberalización de las condiciones para las inversiones, la competencia, las licitaciones publicas y el comercio. La aprobación de este nuevo paquete de medidas supondría la facilitación de la entrada de capital extranjero en todos los países de la OMC. Sin embargo, los costes y las ganancias potenciales de la aplicación de los acuerdos de Singapur no están repartidos equitativamente entre los países del Norte y del Sur, ya que las compañías transnacionales más poderosas, que son las que en realidad pueden beneficiarse de estas medidas, están situadas en el Norte. Los acuerdos de Singapur suponen, de hecho, una manera de forzar la apertura de los mercados de las economías más pobres, que se verían incapaces de mantener unos niveles de protección arancelaria con la que salvaguardar su industria incipiente.
La estrategia de EEUU y la UE de no ceder ante las exigencias sobre el fin de las ayudas a la exportación de productos agrícolas y su insistencia para ampliar las negociaciones a los temas de Singapur, crearon diferencias irreconciliables entre los países del G-23 y los EEUU y la UE, que finalmente abocaron al fracaso de las negociaciones. Así, Cancún ha mostrado dos cosas: por un lado, hasta qué punto los países desarrollados están lejos de cumplir con el mandato de Doha de poner el desarrollo de los países del Sur en el centro de sus acuerdos de política comercial internacional. Por otro lado, se ha mostrado la existencia de una nueva coalición de los países en desarrollo que ha funcionado con robustez y cohesión. El G-23 ha demostrado que la fuerza de los países en desarrollo reside en la capacidad de mantener unidas sus demandas.
Las grandes dificultades para concluir la ronda de negociaciones y, por ende, para hacer funcionar la OMC, han provocado un debate sobre la necesidad de modificar las reglas que han guiado el sistema internacional de comercio. Algunos han apuntado que el fracaso de Cancún abre la puerta a un sistema de negociaciones bilaterales entre países. Sin embargo, el comercio internacional no debe estar al margen de un control democrático, abierto y multilateral, porque de este comercio depende la vida de las personas que pueblan el planeta. Un retroceso hacia el bilateralismo puede tener consecuencias muy negativas para los países en desarrollo, que sufrirían una disminución de su capacidad negociadora con respecto a las economías más fuertes.
El necesario cambio de reglas en el comercio internacional debe tener como objetivo principal el desarrollo humano y sostenible de las economías más frágiles. Para ello, se debe permitir que los países en vías de desarrollo puedan mantener la autonomía y la flexibilidad necesarias para poder diseñar políticas de comercio internacional que mejor se ajusten a las necesidades nacionales de desarrollo. Esto supone abandonar la retórica de la liberalización de los mercados, y permitir la existencia de un espacio decisorio suficiente para los países en desarrollo. Cancún ha mostrado claramente que la retórica de la liberalización del comercio y la no-intervención no son sinónimos de “libertad comercial”, sino de hegemonía de los estrechos intereses de los más poderosos.
Para que este cambio de reglas en el comercio internacionales se dé con garantías, es condición imprescindible que la OMC se constituya como foro abierto y democrático. Para ello, la OMC debe abandonar la opacidad y los procedimientos poco democráticos que han caracterizado su labor hasta ahora. La OMC debe estar dirigida por reglas uniformes de procedimiento, que conlleven la eliminación de prácticas poco transparentes como la del “cuarto verde” y el falso consenso, que han permitido la existencia de un “doble rasero”: Mientras que la OMC han establecido condiciones astringentes y fuertes demandas sobre los países menos desarrollados con el fin de abrir sus fronteras, las grandes potencias internacionales han podido continuar en total impunidad con sus políticas de subsidio a la exportación y cierre de fronteras. Es necesario poner fin a esta situación.