Carmela García González y Jorge Álvarez Yágüez
Los teóricos sociales tratan, desde distintas tradiciones, de dar cuenta de las transformaciones que se están produciendo en las sociedades modernas tecnificadas y crecientemente globalizadas. Sus enfoques son diversos pero tienen en común el señalar, entre otros aspectos, los nuevos ámbitos abiertos a las decisiones políticas y a la responsabilidad, y las nuevas condiciones bajo las que se toman esas decisiones (desbordamiento de los marcos de decisión tradicionales, incertidumbre, pluralidad y, a la vez, fragmentación...) Entre ellos, el sociólogo Ulrich Beck con su formulación de la Sociedad del Riesgo (global) —y toda la estela de trabajos sobre el riesgo— y el filósofo-sociólogo de la ciencia Bruno Latour y su análisis de la tecnociencia, pueden venir al caso para analizar algunos de los aspectos que se han manifestado en la crisis del Prestige. Pretendemos aquí poner de relieve algunos elementos que han aflorado en esta catástrofe, que, al tiempo que pueden iluminar aspectos generales de nuestras sociedades, nos sirven para interrogarnos críticamente acerca del papel de los expertos y de los ciudadanos en la toma de decisiones en las situaciones de riesgo, y, en general, respecto a todo el entramado tecnocientífico que condiciona hoy tan determinantemente nuestras vidas.
I. Sociedad del Riesgo
Los ideales de progreso lineal del complejo científico-técnico y de la racionalidad que han dominado en la modernidad, la aspiración a la certeza en el control de nuestras relaciones con la naturaleza y de nuestras acciones en general, se desvanecen en nuestro tiempo. La sociedad recibe el reflejo de sus acciones, los resultados no deseados ni calculados de sus acciones, de sus intervención técnicas, y, además, empieza a analizar esta situación, ahora convertida en problema. Es ésta una sociedad reflexiva en el doble sentido de receptora de los reflejos, de las consecuencias, y de reflexión, que piensa, tematiza lo que le ocurre, se vuelve autocrítica con respecto a sus propias realizaciones. Para U. Beck[1] , es ésta una nueva modernidad en la que surgen los riesgos como eje central de los conflictos sociales. Aunque no estemos dispuestos a ir tan lejos como para considerar éste el elemento esencial que vertebra los conflictos en estas sociedades, sí se puede asumir que la producción de riesgos ecológicos, relativos a la salud, económicos, militares, etc, es un elemento fundamental en gran parte de los debates sociales y de los conflictos políticos.
Beck caracteriza el riego como: “el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernidad radicalizada” [2]. La noción de riesgo no se refiere al peligro entrañado por el impacto de las fuerzas ingobernables de la naturaleza, sino a los daños potenciales dependientes de las acciones humanas, y, en consecuencia, a la responsabilidad sobre las decisiones previas (por acción u omisión), a las condiciones en las que se toman esas decisiones, y también a la incertidumbre que las rodea y que producimos también con las acciones, incertidumbre que ahora percibimos como tal, toda vez que la idea de control total del sistema se ve sustituida por la de controlabilidad limitada. Ha cambiado la percepción de nuestras acciones: el alcance de ellas va más allá de la capacidad que tenemos de controlar sus resultados, no poseemos las claves de todas las variables que interactúan en los procesos complejos que impulsamos o sobre los que intervenimos, la posibilidad de intervención técnica, de manipulación, de acción está por encima del conocimiento, de la representación y cálculo certero de los resultados; y los sistemas que empleamos para aumentar el control generan a su vez nuevos espacios de incertidumbres. Es la sociedad de la tecnociencia desarrollada, de la modernidad radicalizada en palabras de Beck. Un caso claro de esta formulación son los riesgos medioambientales y las crisis ecológicas que hemos provocado. En esta sociedad la intervención sobre la naturaleza no puede ser vista por más tiempo como un asunto de la ciencia y sus especialistas, del saber de los expertos, que supuestamente describe de forma neutra el mundo y diseña su gobierno. Esta intervención no es sólo un problema técnico sino también un problema político.
Riesgo y reflexividad son dos elementos centrales que aparecen ligados en la situación creada por la marea negra del Prestige. Si se compara la reacción que la sociedad ha tenido respecto a otras mareas negras sucedidas en Galicia - esta es la quinta en los últimos 30 años- vemos como se ha extendido entre amplísimos sectores de la población la conciencia de que esto ha sido una catástrofe ecológica evitable y no una desdichada fatalidad ante la que no cabe sino resignarse. La resonancia social de la catástrofe ecológica, percibida como tal, y percibida como “producida” no ha tenido en este país un antecedente similar. En consecuencia la pregunta acerca de la responsabilidad no se ha hecho esperar (algo que conduce a un encadenamiento múltiple de responsabilidades que recaen sobre el control del tráfico marítimo, sobre la opaca red de sociedades que lo articula, sobre las lagunas y complejos aspectos legales que colapsan el control efectivo, y finalmente las responsabilidades políticas). Además, se considera un asunto de calado político y no sólo por la respuesta del gobierno (incompetente, tardía y basada en criterios confusos y no bien explicados todavía) que ha agravado la situación, sino porque los problemas antes en manos de los hados del destino, luego en manos de los técnicos, son ahora objeto de debate por el conjunto de la sociedad. La sociedad exige información, entrar en el problema, reflexiona, opina sobre lo que producimos y expresa su protesta.
En estos conflictos de riesgo, según Beck, el reparto de "males" suscita y motiva las posiciones que en los conflictos clásicos ocasiona la distribución de bienes. Esto no significa que no sean ya importantes o numerosos los conflictos por el reparto de bienes (las reivindicaciones más fuertes que hoy se hacen a escala global pertenecen al campo de la justicia distributiva, como evidencia foro de Porto Alegre). Sin embargo, los nuevos conflictos atañen también al reparto de esos efectos no deseados. Los "males" no se distribuyen de manera totalmente aleatoria, claro, pero tampoco a la manera clásica, en que una clase social o un colectivo definido es el único que los sufre. Los males en las crisis ambientales son predominantemente interclasistas, no respetan barreras sociales como tampoco fronteras políticas. En el caso de la marea negra, son claramente los marineros y gentes del mar los más afectados, los más "débiles" en esta situación , pero también muchos otros ciudadanos y no sólo los que dependen de trabajos indirectos sobre los que repercute la crisis del sector pesquero y, tal vez, turístico; el espectro se amplía a los ciudadanos, en general, que padecemos y padecerán la pérdida de calidad ambiental, pérdida que comienza a ser problematizada —felizmente— como un mal global aunque estemos alejados físicamente del lugar. Esta distribución difusa de males se revela capaz de acercar al conflicto a sectores muy variados de la población. La movilización de los ciudadanos —la multitud de voluntarios que trabaja en la limpieza de la costa; la plataforma Nunca Máis integrada por más de 300 asociaciones culturales, de vecinos, deportivas, cofradías de pescadores, partidos, sindicatos, artistas, intelectuales y, por supuesto, colectivos ecologistas; y la marea humana que se manifiesta en las calles— es una muestra de como en estas sociedades reflexivas se articulan las iniciativas de los ciudadanos de las más variadas tendencias ante problemas que en otros momentos no hubieran movilizado a la opinión pública . Esta marea humana no sólo expresa su crítica en la calle, sino que interviene, expresa su protesta y también trabaja en la limpieza de las costas o en el cuidado de la fauna dañada [3].
Ante un cambio de esta magnitud en la conciencia y actitud de los ciudadanos, en consonancia con el reto planteado a las sociedades actuales por los efectos incontrolables de determinadas acciones, indigna la actuación del gobierno que intenta censurar la información, ocultar los problemas y evitar el debate, y ataca con toda clase de maniobras a las plataformas surgidas al calor del movimiento de protesta. La respuesta gubernamental se diría propia de las sociedades de la primera modernidad, incapaz de comprender las transformaciones y orientación sociopolítica de la modernidad reflexiva..
II. Los contextos de incertidumbre y riesgo. La ciencia y los expertos en la toma de decisiones.
En estos contextos de riesgo, surge la pregunta sobre la posibilidad del cálculo certero y del control de los resultados de las intervenciones técnicas; e, inevitablemente, sobre los procedimientos y responsabilidades en la toma de decisiones, con lo que éstas se cargan de significado político . Vayamos , pues, con la primera de estas cuestiones: la situación de riesgo que surge allí donde hay incertidumbre acerca del futuro resultado.
La incertidumbre puede, en efecto, tener distintos orígenes: la falta de datos fiables que nos permitan concluir un modelo de comportamiento, la propia complejidad del sistema que se resiste a la modelización, o su variabilidad en el tiempo, etc. Pero más allá de este o aquel elemento, hace ya tiempo que el ideal cartesiano de certeza ha tenido que ser orillado por la teoría de la ciencia, que desde las afinadas críticas a los criterios de verificación (Popper) al principio de la infradeterminación de las teoría por los datos empíricos (Duhem, Quine) pasando por el desvelamiento de la carga teórica de la observación (Hanson), nos mostrarían la imposibilidad de un conocimiento seguro. Hemos tenido que rebajar las pretensiones de nuestro saber a medida que más sabíamos acerca del mismo. Nos hemos ido dando cuenta de la simplificación en la que incurríamos. Además no se trata tan sólo de que nos hiciéramos una idea errónea del quehacer científico, sino de que éste se ha transformado en una medida tal que la mayor penetración en la complejidad de los sistemas unida al efecto de las intervenciones, tanto de las requeridas para la propia obtención del conocimiento como de las orientadas al diseño o transformación de lo real, hace que la incertidumbre sea algo consustancial al propio saber. De ahí la paradoja de que lo incierto no sea tanto una consecuencia de la ignorancia, como el viejo paradigma nos hacía pensar, sino efecto del propio conocimiento. La vieja oposición conceptual saber/incertidumbre ha de ser sustituida por la de la continuidad saber-incertidumbre. Ya no podemos pensar, pues, la falta de dominio del amplio territorio de la incertidumbre como un fracaso de la Razón sino como algo que necesariamente la acompaña (Bauman). La idea que del conocimiento nos hacemos en la denominada modernidad reflexiva (Beck), tardomodernidad (Giddens), modernidad líquida (Bauman)... es muy otra de la que brilló a lo largo de la primera modernidad.
Algunos teóricos de la ciencia como Jasanoff, o Funtowicz y Ravetz [4] han hecho algunas distinciones al respecto que tienen gran interés para mostrar cual es la verdadera situación del conocimiento con el que intervenimos en el mundo. Se distingue entre ciencia académica, denominada por otros ciencia normal, y ciencia reguladora, o también postnormal. La primera se produciría en ambientes de consenso, sobre un cuerpo de conocimientos bien establecido, gozaría de estándares de control metodológico definidos, se desenvolvería en tiempos no prefijados, que permiten dirimir las controversias o aplazarlas, no se ve obligada a la clausura del problema, trabajaría en contextos de incertidumbre limitada; además, las apuestas de decisión y, por tanto, de riesgo que los márgenes de incertidumbre inevitable plantean serían bajos. Pero no suele ser este primer tipo de ciencia el que opera en los contextos de riesgo, sino más bien el segundo tipo, el de la ciencia reguladora, o post-normal, caracterizada por un cuerpo más controvertido de conocimientos, frecuentemente expuesto a constantes disensiones, sin un paradigma dominante; con una actividad de naturaleza siempre multidisciplinar, sometida a limitaciones de tiempo para el hallazgo de conclusiones, se mueve con márgenes amplios de incertidumbre, de imputs blandos de conocimientos que contrastan con los outputs duros por lo que se refiere a los riesgos asumidos o a la gravedad de las consecuencia posibles. Los análisis de problemas y riesgos ecológicos o sanitarios se inscribirían en este segundo tipo de ciencia.
Las tesis del siempre incisivo y polémico Bruno Latour [5], aunque no compartamos su extremismo sociologista, pueden ser también esclarecedoras en este punto. Distingue entre dos modelos del conocimiento científico: el modelo denominado "Ciencia", que correspondería a la idea que tradicionalmente se ha sostenido de lo que es este tipo de saber, y el modelo que denomina "Investigación", que daría cuenta de la realidad actual de nuestro conocimiento. Mientras que el primero entendería la ciencia como un saber que mediante su certidumbre pone orden allí donde reinaba el caos, que clausura controversias con sus conclusiones definitivas, halladas a través de una paciente pesquisa libre de ingerencias externas, un saber para el que lo social cuando interviene en su campo no puede representar sino una fuente de errores; un saber que se mueve según un flecha temporal que va de la oscuridad a la claridad, de un pasado de pobreza, superstición y patologías de toda índole a un futuro de avances y control humano sabio, etc. El segundo modelo nos presenta un panorama bien distinto. El saber propio de la Investigación no introduce simplicidad u orden sino complejidad, no zanja definitivamente la controversia sino que a menudo suele alimentarla, abre nuevos horizontes de incertidumbre; tampoco es un saber ajeno al ámbito social, ni connota a este como algo negativo, se mueve en una multiplicidad de sujetos en los que la barrera antes clara de lo interno al ámbito del conocimiento y lo externo quedan a menudo difuminadas. Latour habla de “experimento colectivo” para referirse a esta situación de sujetos plurales del conocimiento en el que la sociedad de muy diversas maneras y a través de conductos múltiples toma también parte en la gran conversación de la ciencia y arbitraje de sus recetas para paliar los males. Con una audaz imagen Latour fotografía esta diferencia: "Si comparamos a Galileo murmurando en solitario en su celda '¡y, sin embargo se mueve!' Con la reunión de Kyoto en la que jefes de estado, lobbys y científicos estaban reunidos juntos en la misma habitación del mismo palacio para discutir como debe moverse la tierra, calibramos la diferencia entre Ciencia e Investigación" [6]
El propósito de Latour con toda esta labor desmitificadora no es ni mucho menos poner en cuestión el valor del saber científico, sino redefinir su verdadero papel de modo que en ningún caso los sujetos sociales puedan ser marginados de un ámbito en que su acción es totalmente pertinente, en absoluto perturbadora de los procesos de conocimiento y decisión. Lo que Latour viene a defender, y en esto converge en general con los denominados estudios CTS (de Ciencia Tecnología y Sociedad), es un New Deal, un nuevo contrato entre ciencia y sociedad ya no definido, como ocurría en el viejo paradigma, por relaciones de externalidad y jerarquía, sino de coimplicación y cooperación.
Estas consideraciones nos son de utilidad para examinar algunos aspectos de la catástrofe representada por la última marea negra. A lo largo de la crisis del Prestige nos hemos preguntado en numerosas ocasiones por las opiniones y los informes de los científicos y expertos. ¿Qué papel han jugado los expertos?. O tal vez sea más exacto preguntarse ¿qué papel podían haber tenido los expertos?, ¿tenían los expertos la solución?.
Ahora sabemos que no se recurrió a los expertos para evaluar la situación crítica en el momento de la amenaza, ni se ha articulado bien su colaboración en la crisis a lo largo de los meses primeros de la catástrofe; la protesta de la comunidad científica finalmente se ha hecho pública: los expertos supuestamente consultados por los responsables del Ministerio de Fomento en los momentos del accidente desmienten su participación en la cuestionada decisión de alejar el barco; el manifiesto de más de 400 científicos publicado en la prensa española y en la prestigiosa revista Science reflejaba la preocupación de esta comunidad dejada de lado; todo un rosario de denuncias acerca de la marginación de los científicos y de la descoordinación en la dirección técnica de las tareas de limpieza y de los planes de remediación se extiende hasta hoy, principios de marzo. Resulta llamativo como en muchas protestas de los expertos se denuncia no sólo su invisibilidad en el proceso, sino que se lamenta la "politización de las decisiones tomadas, ajenas a los criterios científicos". ¿Más ciencia y menos política es la solución?. Auque se entiende muy bien la protesta de la inexplicablemente marginada comunidad científica, tal vez sea interesante plantearse que ciencia y política no van ya tan separadas en las cuestiones que nos ocupan, como el New Deal latouriano quería poner de relieve, y que tal vez el problema no fue la política, sino la forma de hacer política; tal vez, lo que necesitamos es más ciencia y más política, pues ambas van ligadas en estas cuestiones del riesgo; o, mejor, comprender de otro modo la relación entre ciencia y política [7]. El problema es que en la singular situación de toma de decisiones del caso Prestige la administración pareció remitirnos de pronto a una especie de época primitiva, preilustrada en que la sacrosanta autoridad se creía imbuida de una asistencia providencial que no necesitaba de recurrir al modesto y profano saber de la ciencia, o a un momento ya no tan alejado en que el recurso al científico —al científico seleccionado ad hoc— solo se da a posteriori como instrumento de legitimación de la decisión tomada. Esta singularidad del caso español no debe, sin embargo, distorsionar nuestra percepción de lo que es el verdadero estatuto del conocimiento científico, del papel de los expertos, y del lugar de los sujetos sociales y políticos. No podemos dejar que despierte en nosotros el reflejo correspondiente al viejo paradigma, que nos remita a la idea de una ciencia de certezas salvadoras, que en cierto modo exima a un sujeto siempre plural de la responsabilidad inherente al concepto de "decisión", que nos lleve a creer que la decisión es una mera derivación algorítmica del saber experto y, que, por ende, toda aparición de un sujeto no epistémicamente investido haya de ser considerado como "intruso"; en fin, que deje todo el gobierno de estas situaciones en manos de los expertos, imperio del régimen tecnocrático.
Veamos más concretamente el caso. En primer lugar ¿cómo habría que entender la participación de los expertos?. Ante problemas complejos, con muchos elementos heterogéneos como variables, como ocurre siempre en las situaciones de riesgo ecológico, cabe interrogarse por a quién podemos considerar "experto". En la crisis del Prestige lo serían, entre otros, los técnicos de la marina especializados en salvamento, los especialistas de las empresas privadas de salvamento contratadas por el armador, los ingenieros navales que deben estimar el comportamiento del casco del barco, los oceanógrafos que nos hablan de las corrientes marinas y establecen modelos de las trayectorias del fuel vertido, los ecólogos y especialistas en contaminación que pueden señalar zonas vulnerables a proteger y pautas de actuación para evitar la dispersión del contaminante, especialistas en pesquerías que han de calcular daños a la economía de la zona, especialistas en biorremediación y saneamiento de las costas, químicos especialistas en hidrocarburos que han de calibrar el comportamiento del fuel en distintas condiciones, los técnicos de los ministerios implicados... Era preciso, pues, organizar una comisión urgente que reuniera un conjunto variado de expertos. Resulta, en efecto, sorprendente la invisibilidad, no sólo de los "científicos académicos" del Instituto de Oceanografía y otros centros del CSIC, sino incluso de los propios técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Consellería de Medio Ambiente. No se puede entender bien que sólo fuera Fomento el organismo decisivo, y que se decidiera, como ahora parece estar claro, en un pequeño grupo y sin apenas información sobre las consecuencias posibles. Si las cosas marchasen de otro modo tendríamos que estar, pues, ante un conjunto muy diverso de expertos, de los que no cabe suponer, sin embargo, se desprenda una solución unívoca como propuesta. Cada uno de ellos hablaría de un elemento del complejo problema. No es extraño que las respuestas de un ingeniero, puedan chocar con las del ecólogo o con las pautas de las empresas de salvamento en tanto que maximizan aspectos distintos: el propósito de salvar la mayor parte posible de la carga, salvar el barco o intentar la menor dispersión de la contaminación pueden no coincidir en el procedimiento a seguir. Los expertos, por una parte, nos indican en muchas situaciones las posibilidades técnicas para alcanzar un objetivo de rango previamente acotado, segregado del resto de los elementos de la situación global. Pero sucede también que las respuestas que se solicitan se apremian con urgencia y en condiciones que ya no son las propias del sosegado ambiente de "laboratorio" controlado por el investigador, sino en condiciones de datos incompletos e inseguros. Estaríamos, pues, ante una situación de ciencia reguladora o postnormal.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, algunas de las cuestiones que se plantearon en distintos momentos de la crisis podemos comprender algunas de las notas distintivas propias de las situaciones de evaluación de riesgos, relativas a la situación del conocimiento, la intervención de los sujetos y particularmente del carácter incierto o no unívocamente concluyente de sus resultados:
- En el primer momento en el que hay que tomar una decisión urgente y no hay tiempo para informes exhaustivos, los expertos en salvamento, técnicos de la marina e ingenieros navales pueden hacer una propuesta rápida que tenga en cuenta el calado del buque, los daños previsibles, las condiciones de temporal que se padecían, el comportamiento del casco y su posible resistencia para el remolque, y, finalmente, los lugares de la costa que podrían recibir el buque siniestrado, o evaluar la posibilidad de trasvasar la carga en alta mar. No hay posibilidad de obtener seguridad respecto a cómo se comportará el barco en una situación (alejamiento en alta mar) u otra (trasvase o acercamiento a la costa). En estas situaciones los expertos parecen coincidir en un criterio de carácter general, criterio de caución que aconsejaría en todo caso no alejar el barco siniestrado, pero es preciso reconocer los muchos elementos de indeterminación que acompañan a cada una de las respuestas posibles.- Una vez hundido el barco, con más tiempo esta vez, los ingenieros tratan de predecir el efecto de la corrosión a largo plazo en los tanques del buque; pero, no existen datos concluyentes de los efectos de la corrosión sobre metales a semejante profundidad; la aproximación que se maneja es la de un buque hundido en el Pacífico a 1830 m de profundidad pero las condiciones ahora son distintas; se hace necesario realizar estimaciones de las cantidades de oxígeno en el agua y de dióxido de carbono a esas profundidades y su efecto sobre el metal; tampoco está claro el posible efecto del impacto con el fondo que hace más vulnerable el casco, etc. Dada esta base de investigación tampoco parece lógico esperar una respuesta totalmente concluyente.
- La evaluación del posible comportamiento del fuel que queda en los tanques del buque hundido es otra muestra. En los laboratorios se ha podido ensayar con mezclas distintas de hidrocarburos sometidas a un rango variado de condiciones de presión y temperatura, obteniendose así datos sobre el estado físico final de la mezcla; pero en el contexto en el que se solicita la cualificada, sin duda, opinión de los expertos surge la discrepancia. La dificultad de predecir la solidificación se ha puesto de manifiesto por falta de datos concretos sobre la mezcla exacta de hidrocarburos (no es una mezcla de laboratorio de composición exactamente conocida, sino que la información de la compañía petrolera propietaria del hidrocarburo es opaca, se precisa tomar muestras y realizar análisis, pero tampoco se sabe con certeza si todos los tanques llevan la misma carga...), y porque tampoco se tiene conocimiento exacto de la temperatura a la que viajaba el fuel (factor que puede hacer variar el tiempo de enfriamiento preciso para quedar por debajo de la temperatura de fusión y que el fuel solidifique), de las condiciones exactas del fondo donde reposa el barco hundido. Las conclusiones de los expertos en esta situación pueden entrar en conflicto y, en consecuencia, no podamos saber a qué atenernos con seguridad respecto la solidificación del fluido y las distintas soluciones a adoptar en tal caso.- Las posibles soluciones para el barco hundido son también objeto de análisis, y la controversia será difícil de zanjar. Se baraja la propuesta de sellar el pecio con una especie de sarcófago que impida la salida de la indeterminada cantidad de fuel que queda en los tanques. Otra posibilidad que se ha planteado es intentar la extracción del fuel, maniobra no ensayada nunca a semejante profundidad; los científicos discuten los pros y contras técnicos de estas soluciones. No hay una solución clara ante una situación que es una novedad.
- Sobre las técnicas de limpieza a emplear tampoco tenemos una propuesta unívoca . Cada marea negra producida en los últimos tiempos ha servido de "laboratorio" de ensayo de distintos procedimientos para eliminar los hidrocarburos de la costa. Se han ensayado, en otras ocasiones, procedimientos químicos con distintas sustancias para facilitar que las manchas se despeguen de las rocas o que faciliten la dispersión de los hidrocarburos (la acción de los dispersantes varía en función de la densidad del fuel de forma que los fueles pesados se dispersan peor), pero no están bien evaluados los efectos de estas técnicas sobre el ecosistema pues se añaden compuestos químicos que pueden perjudicar a las comunidades de organismos, sin olvidar que, en cualquier caso, el hidrocarburo, si bien disperso, queda en el agua; los expertos parecen aconsejar, entonces, como mejor estrategia el empleo de técnicas mecánicas que parece producen menos daños (sistemas de agua a presión, retirada manual con paciencia y ciudado...); finalmente, y dado que tenemos científicos que trabajan en biorremediación, se está planteando ensayar estas técnicas en algunas zonas de especial interés como lo es el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, empleando bacterias que degradan hidrocarburos y se discute el tipo de bacterias a emplear y la forma de hacerlo: como los microorganismos que biodegradan el fuel son distintos en cada ambiente, se plantea la opción de añadir bacterias de las especies autóctonas o la de fomentar la proliferación de las ya existentes aportando suministros de nutrientes; también se estudia el impacto de esto sobre las especies y perdurabilidad de cada componente añadido al ecosistema. De nuevo, las costas contaminadas se convertirán en "laboratorios" para el ensayo de estas interesantes técnicas de biorremediación.
- Los cálculos y estimaciones de los expertos sobre los daños y la recuperación de los ecosistemas también son otra muestra de esta forma de conocimiento. Es difícil establecer el tiempo necesario para la recuperación de los ecosistemas afectados. No todas las zonas están igualmente afectadas y la dinámica de las aguas no es la misma en todos los puntos de la costa. Tenemos estudios previos y experiencia de otras mareas negras que pueden orientar inicialmente; sabemos que las zonas pueden tardan años en recuperarse, pero no se puede garantizar exactamente cuanto. Es preciso realizar un seguimiento del efecto en las comunidades de plancton y organismos nadadores que desenvuelven todo su ciclo vital en el agua; y del efecto sobre las comunidades de los sedimentos y fondos rocosos donde el fuel perdura más. Se hace preciso tomar muestras en distintas zonas afectadas, y comparar los datos con la información de la estructura de las poblaciones en la situación anterior a la marea negra, siempre que se tengan estos datos, que no suele ser el caso, para determinar el efecto del fuel a largo plazo sobre las comunidades de organismos. Sabemos que los vertidos de hidrocarburos producen mortandad de larvas, disminución de la fertilidad, efectos toxicológicos a largo plazo, pero habrá que estimar con el tiempo su efecto concreto en cada una de las distintas zonas contaminadas. Por otro lado están las investigaciones ya en marcha para evaluar la posible incorporación de fuel a las cadenas tróficas y su acumulación en las distintas especies, especialmente en las de interés comercial. Se trata de analizar muestras de varias especies, y procedentes de distintos puntos de la costa, para determinar niveles de hidrocarburos incorporados en sus tejidos. Esos datos se confrontan luego con los niveles permitidos para el consumo. Con estos datos y con los que se refieren a la presencia de fuel en las aguas se toman las decisiones de abrir las zonas afectadas a la pesca y al marisqueo; pero, hemos de tener en cuenta que para garantizar la confianza de los consumidores es preciso, muchas veces, ir más allá en las medidas de seguridad de lo que indican los datos técnicos; la confianza, en una situación de confusión y de ruido en la información recibida como la que hemos padecido, se ve muy erosionada y así, las decisiones para recuperarla, dejan de ser un asunto exclusivamente técnico.
Son, como puede verse, muchos los elementos que no permiten abocarse a una sola decisión. No podemos esperar otra cosa del saber especializado, y, con todo, es absolutamente imprescindible. Nunca se ha hecho más necesaria la intervención de los expertos, y una multiplicidad de ellos, por cuanto trabajamos sobre situaciones complejas y es preciso reflejar esa complejidad sin lo cual no es posible saber a lo que nos enfrentamos (la identificación, valoración y gestión del riesgo), y este caso del que hablamos es una muestra de ello: la "ilusión" de que alejando un barco que vierte fuel se deshace uno del problema, y de que el barco hundido en las profundidades ya no nos iba afectar, esa visión simple, ajena a los múltiples elementos en juego ha sido nefasta. Si bien hacernos una idea distinta de la que tradicionalmente se ha tenido acerca del conocimiento científico y del usado en nuestras intervenciones sobre las cosas ha de alejarnos de ilusiones cientifistas, de la credulidad de que el saber experto va a despejar toda duda acerca de nuestra decisión, la visión de la complejidad tampoco puede ser la coartada, claro es, para justificar cualquier tipo de decisión, esgrimiendo un "no se sabía a ciencia cierta qué podía pasar"; y tampoco la visión de complejidad puede alimentar una especie de resignación, propia de otro tiempo, ante el infortunio, o llevar incluso a una posición de carácter general, más o menos tecnofóbica, que augure un desastre total ante un desarrollo tecnológico descontrolado (desconfianza total y pesimismo tecnológico ante el que sólo quedaría la renuncia a seguir). Frente a la creencia tecnocrática, a la irresponsabilidad, a la resignación o al pesimismo tecnológico cabe en situaciones de incertidumbre organizar racionalmente nuestras respuestas. Pero esto exige que pongamos en claro otros aspectos.
Una vez aclarado qué tipo de saber manejamos y qué podemos y no esperar de los expertos, se nos plantean algunas otras cuestiones igualmente importantes: acerca del establecimiento de las prioridades, los criterios que han de primar en una decisión rodeada de incertidumbre; acerca de los riesgos asumibles; acerca de quien o quienes han de ser los sujetos de decisión en una situación de emergencia, sobre si son sólo los expertos, de los únicos de quienes hemos hablado hasta ahora, quienes deben evaluar la situación y participar en las decisiones.
Veamos esto en relación al caso que nos ocupa. En primer lugar habría que diferenciar dos niveles de actuación: aquel que ha de desencadenarse como respuesta inmediata en el momento en que se produce el accidente y mientras dura la crisis y aquel, a más largo plazo, que apunta a condiciones futuras, algo que no puede descuidarse por más tiempo en una zona especialmente sensible a la contaminación por hidrocarburos, y que se encaminará al establecimiento de protocolos de acción y prevención que orienten las decisiones ante la emergencia. Es indemorable la articulación de un sistema de respuesta ante la contaminación marina por hidrocarburos que marque pautas para la acción rápida. Esta ha sido precisamente una de las graves dificultades, la falta de protocolos, de criterios previos como guía para la acción. Pero, vayamos por partes.
Un petrolero siniestrado en medio de un temporal, es siempre una amenaza ecológica. Y un petrolero que vierte fuel durante meses es una catástrofe ecológica. Siempre es un desastre, pero puede serlo más si no se reconoce o banaliza la gravedad de la situación, si ante una situación de riesgo ecológico se aplican criterios que obvian las distintas caras del problema, o se utilizan exclusivamente criterios de mercado (como el de dejar que resuelvan la situación las empresas de salvamento una vez alejado el barco) o de ciega oportunidad política (intentar que el daño lo sufran otras costas ya no nacionales), o si la administración se inhibe hasta la parálisis en la articulación del trabajo de expertos, de los marineros y voluntarios. La incapacidad para requerir y calibrar distintos criterios, distintas opiniones, y operativos de respuesta, ese fue el problema aquí. Es preocupante en situaciones de riesgo no entender la complejidad, pues ello asegura decisiones desacertadas; en situaciones de riesgo ecológico tal vez no sepamos qué hacer, pero sí a menudo qué no hacer, existen ya pautas y orientaciones de las que luego, aun cuando no sean del todo exitosas, se puede, sin embargo, dar cuenta. Hoy hay consenso en algunas cuestiones referentes a la contaminación, son las reglas básicas de la anticontaminación: una vez que falló la prevención, entonces, hay que minimizar la dispersión de la contaminación y extremar el celo en la descontaminación. El principio de precaución también es otra regla básica: este principio nos obliga a ponernos en la peor de las situaciones, a extremar la protección aún cuando no halla certezas científicas claras sobre el problema. Estos criterios no son exclusivamente científicos, se han ido implantando, e irradiando sobre todo desde la pionera Alemania, como resultado de la presión política de los ciudadanos sensibles ante el problema social que es la contaminación. Son pautas con las que la sociedad se va protegiendo frente al riesgo. Si la orientación que se le da a una situación de riesgo ecológico es esta , y se solicita la intervención de los expertos en un urgente gabinete de crisis, si se intenta establecer criterios transparentes, aún rodeados de toda la incertidumbre que hemos visto, la respuesta ciertamente hubiera sido distinta. Este es el nudo de la cuestión, los criterios, las pautas con las que se actúa en una situación de riesgo.
A largo plazo, por ser esta costa una zona de intenso tráfico marítimo que se halla totalmente desabastecida de medidas de protección, urge la cuestión de mejorar los sistemas de control e intensificar las medidas legislativas, aún siendo conscientes de que no nos veremos libres del riesgo. Pero, además, queda por delante la tarea de articular contextos de decisión, de apertura a la discusión e intervención de expertos, contraexpertos y de marineros y ciudadanos afectados que han de opinar sobre las opciones posibles en prevención y gestión de los problemas de contaminación marina: elección de puertos refugio, planes de coordinación del trabajo de los expertos, integración de estas propuestas en la política medioambiental, planes que contemplen la participación de marineros, ecologistas y ciudadanos voluntarios en las situaciones de emergencia y en las tareas de limpieza, en la discusión de los planes de recuperación económica de la zona. Y estos aspectos, cargados también de valores e intereses, no son exclusivamente técnicos, sino que precisan de la participación ciudadana. Veamos algunos de los caminos que se pueden transitar para abrir estas cuestiones a la sociedad.
III. Ámbitos de la política y la participación en la sociedad de riesgo.
Si, como más arriba apuntábamos, el conocimiento usado en nuestras intervenciones sobre el mundo responde más al modelo de Investigación que al de Ciencia, tal como nos propone Latour, entonces ya no podemos pensar en que el sujeto del mismo es único (el científico) sino múltiple, agrupa a una red variada de agentes que va desde el informante-paciente si nos situamos en el campo médico al genetista pasando por químicos, farmacéuticos, ayudantes de laboratorio, agrupaciones de enfermos, médicos, etc. En un momento u otro de la producción, modulación, aplicación, del proceso son muy distintos sujetos los que intervienen sin posibilidad de segregar un momento del resto. El conocimiento se da ya inmerso en una red social de la que no puede ser abstraído. No caben ya barreras protectoras que delimiten el ámbito puro de la producción de ideas frente a un afuera social perturbador. Las barreras que delimitaban lo interno de lo externo han caído. Se da una producción social de conocimiento. O, como dice Latour, el experimento es colectivo. Se hace necesaria, pues, una nueva regulación, en el marco de un nuevo contrato social entre ciencia y sociedad, en que se determine el papel del paciente, usuario, ciudadano, experto, etc en lo que atañe a los circuitos de la tecnociencia. Las múltiples decisiones que priman una línea de investigación sobre otra, que establecen prioridades, o ponderan riesgos, asunción de daños, etc. no pueden sustraerse al conjunto de los verdaderamente afectados. Todo esto es más pertinente si cabe cuando se trata de la localización, estimación y gestión de riesgos toda vez que esta actividades suponen constantemente valores respecto de los cuales los ciudadanos tienen que poder hacer oír su voz.
Se ha producido un proceso de modelado intenso de la sociedad por el conocimiento tecnocientífico, pero esto no ha conllevado un movimiento inverso de asunción activa, de participación por parte de la sociedad en todo ese complejo.
Si se disuelven las fronteras, que antaño parecían claras entre la ciencia —que atiende a las cuestiones de la naturaleza, que describe y gobierna nuestras relaciones con ella, con lo no humano— y la política —que atañe a la organización de lo social, de lo que construimos con nuestras relaciones entre humanos—, entonces, lo que se suponían "asuntos" de los expertos —si es que alguna vez lo fueron en realidad—, devienen ahora “asuntos”, problemas y decisiones sociales. Los campos que dominaban los expertos pueden ya no ser de su exclusiva competencia [8] . Hemos justificado aquí por qué necesitamos a los expertos tal vez más que nunca, pero hay que decir también que no es menos necesario el ampliar el espectro de expertos, pluralizar su intervención y dar cabida a contraexpertos y representantes de los diversos grupos de afectados en las decisiones como propone Latour. Esto supone una apertura del mundo supuestamente neutro de la tecnociencia a la política, al mundo nada neutro de las decisiones y de las responsabilidades. Se abren así nuevos espacios y ámbitos para la participación ciudadana.
Claro que la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones puede entenderse de diversas maneras [9]: una de ellas es de carácter meramente instrumental toda vez que considera la participación tan sólo como un medio defensivo que permite evitar la desconfianza hacia las instituciones o incluso la resistencia social que de otro modo podría generarse. Se piensa, siguiendo este enfoque, que una participación restringida podría ser un obstáculo menor a decisiones de riesgo que, si por el contrario quedasen recluidas en espacios opacos y cerrados, serían de antemano muy difícilmente asumibles por el conjunto de la sociedad. Pero también se puede entender la participación de un modo sustantivo, considerando que dado que se trata de cuestiones que no son axiológicamente neutras, ni meramente técnicas, los argumentos y juicios de los no expertos pueden ser tan razonables como los de los expertos. Solo esta segunda forma de entender el papel de la ciudadanía está en consonancia con una concepción consecuente, republicana diríamos, de los valores democráticos, y con el enfoque que aquí venimos sosteniendo respecto de las condiciones de la incertidumbre y el riesgo características de las sociedades de la modernidad. La participación sustantiva precisa de ciudadanos dispuestos a entrar en el embrollo de los problemas, a informarse y formarse, a discutir, argumentar, negociar y consensuar posiciones, a proponer sus propios equipos de expertos llegado el caso, etc.
Tenemos ya experiencias de articulación de la participación pública, con un mayor o menor grado de sustantividad, de casos relativos a la protección del medio ambiente y al control de los desarrollos tecnológicos de riesgo, canalizadas a través de estructuras diversas como, por ejemplo, los "paneles de ciudadanos" o la "gestión negociada".
En el caso es de los denominados paneles de ciudadanos, se reúne un grupo de personas, elegidas aleatoriamente o sobre la base de un determinado perfil, algo semejante a lo que ocurre con los jurados. Una vez recibida la información necesaria sobre el asunto en cuestión, los ciudadanos discuten, argumentan y consensuan propuestas y recomendaciones a la administración. La fórmula de la denominada gestión negociada consiste en la constitución de una comisión integrada por los grupos de interés que puedan estar afectados y representantes de la administración, y evalúan y discuten las posibles decisiones a tomar. En este caso los representantes de la administración suelen comprometerse a asumir las propuestas consensuadas. Una fórmula como esta se utilizó en la última fase del procedimiento seguido por O.Renn en Alemania con el objetivo de establecer las preferencias ciudadanas respecto a distintas opciones de política energética. Otras fórmulas de participación pueden ser las audiencias públicas, los referéndums, los comites de asesores de ciudadanos, etc. [10]
En Alaska después de la marea negra ocasionada por el petrolero Exxon Valdez en 1989, además de desplegarse un auténtico laboratorio de ensayo de métodos técnicos de remediación de la costa contaminada, y toda una serie de medidas que significaban un endurecimiento legal de los requisitos para el transporte de crudo por las aguas estadounidenses, se proyectó un sistema de control de los "puntos calientes" del intenso tráfico de hidrocarburos de esta zona para lo que los marineros y ciudadanos afectados pudieron reunirse con las compañías responsables del transporte marítimo de crudo y así supervisar, sugerir y consensuar normas de seguridad y protocolos de acción concretos para aquella zona. También se trabajó en la integración de la opinión de la población afectada sobre los planes de recuperación económica de la zona ( Prince Willians Sound), que vivía fundamentalmente hasta ese momento de su rica pesquería. La presión social generada a raíz de la catástrofe fue determinante en la organización de la participación social en los planes de gestión ambiental.
El "Programa de prevención y lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos" (Operativo ERGOS) puesto en marcha por ADENA en las Islas Canarias puede servir también de ejemplo. Se trata de un proyecto piloto que ha culminado ya su primera fase cuyo objetivo era organizar un dispositivo para la detección de vertidos deliberados (una proción importante de los hidrocarburos vertidos al mar es debida a la limpieza ilegal de tanques en alta mar) y establecer formas de intervención; ha establecido acuerdos con la ESA (Agencia Espacial Europea) y el INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales) que permiten disponer de fotografías vía satélite para localizar vertidos y los barcos causantes; en su plan integra la información de las cofradías de pescadores, que están implicadas en el proyecto. Planean una segunda fase destinada a incrementar la sensibilidad ciudadana frente a la contaminación y formar a los posibles voluntarios articulando una red que permita movilizar con rapidez y eficacia ante la emergencia a personas que ya posean cierta preparación para actuar. En el proyecto se cuenta con el asesoramiento de expertos en contaminación con experiencia en otras mareas negras y se intenta integrar también la coparticipación de las distintas instituciones públicas de la Comunidad Autónoma y del Estado con competencias en cuestiones medioambientales y de tráfico marítimo y de la Universidad de Las Palmas. Es una experiencia que puede resultar interesante.
En Galicia hemos asistido también a una experiencia de participación interesante: ante la llegada del fuel a playas y roquedos y la escandalosa pasividad de las Consellerías y Ministerios implicados, las cofradías de pescadores, los ayuntamientos sensibles al problema y los ciudadanos que se ofrecieron han formado su propia red de acción para intervenir en la recogida de fuel en el mar y en la limpieza de la costa: organizado los retenes, la comida, el alojamiento, el transporte, la consecución del material, distribución de brigadas, preparación del material preciso, etc. El resultado fue la masiva presencia de la ciudadanía antes que la del grueso del ejército (este tardó un mes en desplazar contingentes significativos), que la de los miembros de protección civil o de la empresa Tragsa encargada de la limpieza. Unos 90.000 voluntarios han trabajado en las costas en estos tres meses, demostrando que el trabajo de retirada de fuel no puede hacerse sin ellos. Los marineros, además, se han autoorganizado, han ideado imaginativos artilugios para "pescar" el fuel antes de que llegara a la costa, allí donde la fragmentación y envejecimiento de éste impedía su recogida con los más sofisticados buques anticontaminación, o allí dónde estos no llegaban. Han sido ellos los que han evitado la entrada del fuel en las Rías Bajas. Han construido barreras con los materiales más curiosos. Los marineros se han convertido en auténticos "expertos", y no sólo por su conocimiento de la costa, sino porque han "investigado" e ideado nuevas fórmulas para actuar allí donde no había otra respuesta; su experiencia la han podido transmitir a los marineros franceses en el momento en que éstostambién se vieron afectados. Todo un "experimento social" por utilizar el término de B. Latour, en el que sin embargo faltó el asesoramiento de expertos y el marco organizativo de las administraciones que hubiera completado y mejorado el cuadro.
En estas situaciones de riesgo se apunta una interesante perspectiva de revitalización de la democracia, en estos movimientos ciudadanos que se organizan, que entran en los problemas, que critican y demandan, pero que también están dispuestos a actuar y colaborar. Se requeriría de las administraciones la facilitación de cauces de participación e intervención de la sociedad civil responsable y preocupada por los acontecimientos. Son estas situaciones un interesante cemento de las sociedades, una forma de cohesión social en torno a lo que determina nuestras vidas y no sólo alrededor de símbolos. Pero todo esto no será posible si no hay un plan para que esa articulación de la ciudadanía con los distintos grupos de expertos, agentes institucionales, etc se lleve a efecto. En casos como el que comentamos, tenemos en nuestro país reconocidos especialistas, que se quejan de la descoordinación existente entre los distintos organismos que investigan en contaminación y remediación, y de la falta de integración de sus trabajos en las políticas públicas; su actividad tendría que articularse con la de colectivos ecologistas y de las gentes del mar para diseñar planes de gestión ambiental y de actuación ante emergencias.
Bajo este prisma, el comportamiento del gobierno en el caso de la última marea negra se ve más grave todavía. La ignorancia, o la falta de sensibilidad para calibrar lo que se cernía, lo que significaba la amenaza de una catástrofe ecológica, la miopía ante la incertidumbre, la escasez de valores democráticos en la forma de atender a la opinión pública, la manipulación artera, la censura, la mentira, distorsionan más todavía la ya de por si difícil actuación en las situaciones de riesgo; y, lo que es peor, erosionan la capacidad de una sociedad madura y democrática para actuar. El intento de dirigir la política con fórmulas autoritarias, de visión estrecha de los procesos en los que hay que intervenir, con una arrogancia que sólo esconde ignorancia y desprecio por los ciudadanos, sólo muestra una falta de los valores fundamentales que son exigibles en cualquier sociedad democrática. Justo todo lo contrario a lo que las situaciones en las sociedades modernas de ciudadanos reflexivos demandan.
IV. Apéndice: La idea de responsabilidad en la situación de riesgo.
Si la certidumbre y el control total no son posibles, y las decisiones no tienen ya una clara adscripción ¿habría que decir que la noción de responsabilidad se ha vuelto inútil, adecuada para sociedades simples, premodernas pero no para las nuestras en que las redes y concatenamientos de acciones parecen disolver toda idea de autoría? Por expresarlo con una fórmula de Beck, ¿no estamos ante una irresponsabilidad organizada? [11]. A lo largo de estos meses hemos visto como afloraba una maraña intrincada de agentes implicados que parecían hacer circular la responsabilidad de modo tal que se fuese difuminando en su mismo movimiento: armadores ocultos en una red de sociedades, compañías petroleras opacas, países que se sustraen a los acuerdos internacionales, deficiencias en el control de las condiciones de transporte incluso allí donde existe legislación, cruce y solapamiento de las distintas administraciones, etc. Una colectivización semejante de la culpabilidad, en un sistema que sanciona individualmente, puede llevarnos a un veredicto de inculpabilidad.
Sin embargo, podemos también entender la fórmula "irresponsabilidad organizada" como idea reveladora de la complejidad en la que nos movemos, como idea que puede llevarnos más allá de la localización de sujetos inmediatos, y en este caso de riesgo de contaminación por hidrocarburos supone una clara llamada de atención sobre el efecto perverso de una opción central de carácter sitémico como lo es la apuesta por el petróleo que hemos hecho en política energética. La fórmula "irresponsabilidad organizada" puede servirnos de acicate para articular otras respuestas políticas, otras opciones. O, también, como medio de detección de las responsabilidades más o menos remotas, por ejemplo el reducir el presupuesto de los equipos de protección o de salvamento (caso del organismo SASEMAR en nuestro país); o de dejar en manos de empresas privadas las tareas de salvamento e intervención en las emergencias; o, puede servir para preguntarnos si es posible la gestión de toda esta perspectiva alrededor del riesgo con Estados mínimos, débiles y si es compatible esto con mantener políticas de déficit cero y bajadas de impuestos.
La fórmula de la irresponsabilidad organizada puede llevarnos, pues, a afinar mucho más nuestra percepción de las responsabilidades, a una vigorización de la perspectiva ético-política. Los países de nuestro entorno, incluida España, han incorporado a su legislación la figura del "delito ecológico" y esto es porque existe la idea, la pretensión de que se pueden identificar responsabilidades. Hay también antecedentes de causas por delitos ecológicos: en EEUU se responsabilizó a la compañía Exxon Mobil y se logró una indemnización de 3000 millones de dólares por los daños de la marea negra ocasionada por el Exxon Valdez. Fue la primera vez que se responsabilizaba a una compañía por contaminación de hidrocarburos en el mar, una de las indemnizaciones más cuantiosas que se han visto, y para ello se interpretó la legislación que existía sobre contaminación de aguas. En Francia, siguiendo el precedente del Erika, se han iniciado investigaciones sobre las responsabilidades en la catástrofe del Prestige, y el Juez de Corcubión (A Coruña) investiga también responsabilidades en las actuaciones tras el accidente a raíz de la querella interpuesta por la plataforma Nunca Máis. En la legislación española, el código penal refleja "delitos de imprudencia", aquellos que ocasionan daños, y "delitos ecológicos" imputables a quién provoque directa o indirectamente vertidos en las aguas marinas que resulten dañinos para los ecosistemas, o cause daños a espacios naturales protegidos (como lo sería el Parque Nacional de las Illas Atlánticas que quedó gravemente afectado por el fuel) [12]. Estas responsabilidades legales tal vez sean difíciles de articular, sobre todo en las condiciones de una legalidad internacional con tantas lagunas y oportunidades para el infractor, pero empieza a haber medios que bajo el impulso de una ciudadanía cada vez más sensibilizada lo hacen posible. Además, claro es, está el ámbito de las inolvidables responsabilidades políticas.
Carmela García González, es catedrática de Biología de Instituto.
Jorge Álvarez Yágüez, es catedrático de Filosofía de Instituto.
NOTAS:
[1] U. Beck.- La sociedad del riesgo. Paidós, Barcelona, 1998; del mismo autor, Políticas ecológicas en la edad del riesgo. Antídotos. La irresponsabilidad organizada. El Roure Ed., Barcelona, 1998.
[2] U. Beck.- La sociedad del riesgo global. Siglo XXI, Madrid, 2002, p.5.
[3] El lunes siguiente a la multitudinaria manifestación convocada por Nunca Máis en Madrid, el diario La Voz de Galicia comunicaba que ese domingo 23 de febrero la presencia de voluntarios en las costas contaminadas se había visto enormemente mermada.
[4] Véase la clara y bien documentada exposición de J. A. López Cerezo, J. L. Luján en Ciencia y política del riesgo. Ed. Alianza, Madrid, 2000, en particular, pp.99-107.
[5] Bruno Latour.- “From Science to Research”, en Science, 10-IV-98, disponible en www.ensmp.fr/ latour/ . Del mismo autor, La esperanza de Pandora, Gedisa, Barcelona, 2001, especialmente cap. 7 y 8.
[6] Ibid.
[7] Vease al respecto la intervención de Bruno Latour en Colonia, en el encuentro de mayo de 1998 organizado por la Fundación Friedrich Ebert sobre “Innovación en Ciencia, Tecnología y Política”: “Ein Ding ist ein Thing. A Platform for a left European Party ”. El texto puede encontrarse en www. ensmp.fr/ latour/
[8] U. Beck.- “Teoría de la Sociedad de Riesgo” en J.Beriain (Comp.).- Las consecuencias perversas de la modernidad”, Anthropos, Barcelona, 1996
[9] Adaptamos aquí una propuesta de D.Fiorino recogida por J. A. López Cerezo y J. Luis Luján, en op. cit., p.179.
[10] Ver: López Cerezo, Méndez Sanz, Todt.- “Participación pública en política tecnológica: problemas y perspectivas”, en Arbor, Marzo, 1998, pp.279-308; Funtowicz, Ravetz.- “Problemas ambientales, ciencia post-normal y comunidades de evaluadores extendidas”, en González García, López Cerezo, Luján.- Ciencia, tecnología y sociedad, Ariel, Barcelona, 1997, pp 151-160.
[11] U.Beck.- Políticas ecológicas... op. cit.
[12] Carlos Martínez Lujan, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de A Coruña, comenta en su artículo “La posible responsabilidad penal del gobierno”, en El país (1-3-03), los artículos (art. 325, art. 331, art. 330, art. 267) del código penal que recogen estos delitos y su posible relación con el caso con que nos ocupa.