Manuel Bragado
Editor de Brétemas

Camilo Franco, periodista de La Voz de Galicia, publicó recientemente una oportuna información sobre el desbarajuste de la edición pública en la Galicia de la era fraguista. Los editores gallegos sabíamos de la existencia del famoso almacén de la Rúa X (el nombre es real, pertenece a un polígono industrial de Santiago), donde se amontonaban los libros de la Consellaría da Cultura, pero nunca imaginábamos que llegasen a los casi millón y medio los ejemplares de los que habla la documentada información. Toda una paradoja en un país con enormes carencias de dotaciones en la red bibliotecaria pública (1,1 libros por habitante, muy lejos de los 2,5 que recomienda la IFLA/UNESCO).

La edición pública en Galicia, como en el resto de las administraciones públicas, debe ser regulada en base a los tres criterios que establece el borrador de la nueva Lei do Libro e a lectura (que entrará en los próximos días a trámite en el Parlamento de Galicia): austeridad, necesidad administrativa y utilidad social. Hasta el momento, la actividad editorial pública en Galicia, empleando términos piadosos, no siempre respetó estos criterios, colisionando con los intereses del sector privado o entrando en abierta competencia con el (sea por la edición de títulos alejados de las finalidades que esta actividad debiera respetar, o fuese por ofrecer títulos a un precio muy por debajo del mercado). La edición acartonada de costosísimas obras a color, fuese sobre determinados pintores gallegos, sobre botánica gallega, la edición de un lujoso atlas de Galicia, de una colección de poesía de autores contemporáneos o de los múltiples títulos de la colección “Compromisos”, existente en la mayor parte de las consellarías, son iniciativas que muy poco tienen que ver con las finalidades antes mencionadas. Sin embargo, la edición de los desarrollos curriculares de los diferentes niveles educativos o de los informes de diagnóstico del Consello Escolar de Galicia, por poner sólo dos ejemplos, por parte de los servicios de la Consellaría de Educación es una actividad imprescindible.

Afortunadamente, la edición pública se redujo de forma notable en los últimos años, hasta adoptar una magnitud muy inferior a la del conjunto de la edición pública española. Así, en 2003 en Galicia supuso un 9,58% del total de la edición, mientras en el conjunto del estado alcanzaba el 15,15%.

Desde el sector editorial privado, consideramos que hoy el mayor problema que tiene la edición pública en Galicia es la inexistencia de promoción en los medios de comunicación, las dificultades de comercialización de sus títulos en los canales habituales de las librerías y su inexplicable ausencia en la red bibliotecaria pública. En el caso concreto de la Xunta de Galicia, la inexistencia de un Servizo Central de Publicacións como tal y de una Libraría das Publicacións da Xunta de Galicia, o de información actualizada y atractiva en la web de la Xunta de Galicia o de un catálogo organizado y actualizado hacen invisibles (casi clandestinas) algunas de estas ediciones (magníficas muchas de ellas). Otrosí podríamos decir de las ediciones de los servicios de publicaciones de las cuatro diputaciones y de las tres universidades, estos últimos los agentes editoriales públicos más activos en Galicia.

A los criterios que establece la mencionada Lei do Libro e a Lectura yo añadiría las siguientes propuestas:

1. Aquellas publicaciones que sean consideradas como de carácter no venal (las que no tienen posibilidad de entrar en circuito librero, como informes, planes de los gobiernos y administraciones…) deberían ser editadas en soporte digital para ser descargadas en formato PDF o, excepcionalmente, impresas en tiradas muy reducidas. Esta es la experiencia exitosa que viene desarrollando el Consello da Cultura Galega. Se ahorrarían los costes variables de papel, impresión y encuadernación.

2. Los proyectos de colecciones estables de carácter literario o relacionadas con las artes, que pretendan promover las instituciones públicas, podrían ser realizados por medio del sistema de coedición o de creación editorial concertada. Este sistema presenta importantes ventajas tanto para el sector público (agilidad en la gestión de los derechos de autor, mayor visibilidad en los medios de comunicación y continuidad en un catálogo) como para el sector privado, que encontraría viabilidad para editar con continuidad títulos de géneros muy minoritarios, pero imprescindibles culturalmente.

3. Idéntico sistema podría ser empleado para ediciones singulares propuestas por editoriales privadas. Esta es, también, la experiencia que desarrolla el Consello da Cultura Galega. Tanto en un caso como en el otro, los convenios de coedición o de edición concertada deben ajustarse al sistema establecido por el régimen de contratación con las administraciones públicas.

[Artículo publicado originalmente en gallego en Brétemas. Traducción del autor]