Marcos Taracido

Contra natura, desviados, pervertidos... es más que evidente que los juicios de quienes rechazan la homosexualidad ven en ella sólo un hecho sexual; la actitud recuerda a los censores franquistas que veían sucias escenas de sexo y orgías en la mostración de una pantorrilla. Cómo utilizamos nuestras vaginas y penes debiera ser asunto privado y en todo equiparable a cómo usamos nuestras manos: libremente siempre y cuando no dañemos a nadie. Quizás debiéramos desterrar los vocablos —gays, lesbianas, heterosexuales... — porque definen diferencias que no existen: amamos sin elección, gozamos como podemos. Vivimos en un país —en un mundo— en el que no todos tenemos los mismos derechos y en el que dependiendo de quién te enamores o quién te atraiga sexualmente serás más o menos respetado, más o menos rechazado, más o menos discriminado sexualmente. Por suerte, parece que esto empieza a cambiar. Una jueza acaba de dar la patria potestad de dos niños gemelos a una pareja de mujeres. Para llegar a esto no había más que aplicar la Constitución Española que lleva 25 años vigente: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lamentablemente esto no se ha cumplido hasta ahora y sigue sin cumplirse. Si eres hombre y amas a otro hombre, si eres mujer y amas a otra mujer no podrás casarte y gozar de los beneficios de ese contrato: pensiones de viudedad, patria potestad, pensiones por separación... tampoco podrás dar un beso a tu pareja por la calle sin ser mirado, ni presentársela a tus padres sin crear un drama familiar: serás incomprendido y rechazado por una sociedad a la que habrá que educar desde arriba: todo será más normal y menos sorprendete cuando la ley así lo reconozca. Ante la sentencia rápidamente surgen los sectores más conservadores de la sociedad con argumentos irrisorios: los niños tienen derecho a un padre y a una madre. Los que esto dicen serán con toda seguridad amantes de la familia tradicional española, en la que el tan ansiado modelo paterno era un ente ausente que se limitaba a aparecer por casa después de las chiquitas del bar y que no educaba a sus hijos más que en la repetición de los roles machistas del neolítico. Imagino que los que defienden este argumento estarán preparando un programa de sustitución inmediata de padres en los casos de divorcio o muerte. Que obliguen a las madres solteras a casarse para proporcionarle un padre a sus hijos, padre al que tienen derecho. Que impidan —imagino que es deseo secreto— que un niño viva con su madre y la mujer que ama a su madre y a él. Los niños tienen derecho a ser queridos; los niños tienen derecho a vivir en una familia que los eduque y los cuide, y tienen derecho a que esa familia no esté discriminada: los niños tiene derecho a vivir en una familia cuyos miembros adultos sean del mismo sexo y tengan los mismos derechos que cualquier otra y puedan por lo tanto ofrecerle las mismas ventajas. No se trata ya de discriminación; no se trata de luchar por los derechos de los gays y de las lesbianas: se trata simple y llanamente de los derechos civiles de los ciudadanos; se trata de abandonar definitivamente la prehistoria mental y la obsesión sexual que rige a nuestros gobernantes desde tiempos inmemoriales y hacer que real y prácticamente todos seamos iguales ante la ley, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.