Xoán Carlos Lagares

Pocos días después de que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) fuese elegido presidente, en 2002, ya circulaban por Río de Janeiro pegatinas que, imitando las que habían sido usadas en la campaña electoral, transformaban el esperanzado lema “Agora é Lula”, en un preocupado y expectante “E agora, Lula?”. Esa contraversión expresaba las dificultades que un gobierno de izquierda debería enfrentar para implementar una política realmente transformadora, en uno de los países con peor distribución de renta del mundo.

La llegada al poder del “retirante” nordestino, del antiguo obrero metalúrgico, mordido por el hambre, mutilado por la fábrica (que le arrancó un dedo de la mano) y preso por la dictadura militar, fue posible sólo después de cuatro intentos y tras un ostentoso encuadramiento del candidato en una imagem “presidenciable”, construída por la propaganda electoral. Sin embargo, más que el traje Armani, la barba recortada o el discurso conciliador y amigable, lo que causaba auténtica desconfianza era ver al candidato del PT saliendo triunfante de un acto de campaña en la Bolsa de São Paulo, con grupos de sonrientes inversores aparentemente satisfechos con lo que acababan de oír. Al final, ¿a quién iba dirigida realmente la campaña? En aquel episodio, resaltado por los periódicos, se escenificaba el permiso del capital financiero para la alternancia de poder. El compromiso del entonces candidato para “tranquilizar al mercado” imponía el pago de la impagable deuda pública y la aceptación de las directrices económicas del FMI. Precisamente aquellas que exigen a Brasil lo que no se exige a ningún país del llamado Primer Mundo, un control del gasto público que impide realizar las más básicas políticas sociales, con desvíos millonarios de recursos para pagar los intereses de la deuda. Era el compromiso con una política económica “responsable”, aunque (léase literalmente) criminal.

Al final, la alternancia fue relativa, y el ejercicio del poder exigió también, dado que el PT no consiguió mayoría en el Congreso, establecer alianzas con partidos conservadores, algunos de ellos ya con amplia experiencia de gobierno. En los últimos meses se desveló el procedimiento empleado para establecer esas alianzas: financiación ilegal de campaña, con reparto de dinero a los partidos aliados a través de una “caja dos”, indicación de puestos ejecutivos para las empresas estatales y, aunque eso nunca fuese realmente demostrado, pago de “mensalão” (un sobresueldo) a los diputados que votaban a favor de las iniciativas legislativas del gobierno. En medio a todo eso, procesos poco claros de licitación beneficiando empresas ligadas a ese esquema de financiación electoral. Como esas prácticas no constituyen, por lo visto, ninguna novedad en el sistema político brasileño, tradicionalmente fisiologista y patrimonialista, parece claro que el encuadramiento del gobierno Lula se realizó en términos más amplios de lo que podríamos imaginar en un primer momento. ¿Y ahora qué?

Ahora nos vemos forzados a asistir a las cínicas manifestaciones moralistas de la derecha, a las sonrisas amarillas de diputados casi vitalicios, que, por primera vez en la oposición, dicen representar al pueblo al mostrarse desilusionados con el PT, como si en algún momento nutriesen, precisamente ellos, alguna ilusión con respecto a un gobierno que pudiera existir sin recurrir a ese tipo de “políticas”. Se abre en este momento el peor de los escenarios posibles, con los medios de comunicación hablando de “venezolización”, extendiendo a través de sus comentaristas la imagen de un cúpula dirigente estalinista, capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. El linchamiento del partido, la amenaza de “impeachment” a Lula, o el simple desgaste continuado de su imagen hasta las elecciones presidenciales de 2006, parece ser el camino encontrado por las fuerzas más conservadoras para conjurar la simple hipótesis de un auténtico gobierno de izquierda en el futuro.

Cuando fue elegido presidente, Lula declaró ser consciente de que estaba delante de una oportunidad histórica, de que su eventual fracaso en el gobierno podría hacer más difícil cualquier posibilidad de transformación. Las élites económicas brasileñas, que supieron sobreponerse al fin del esclavismo manteniendo hasta hoy el trabajo esclavo (léase literalmente), son capaces de atravesar las más diversas situaciones sin ver peligrar sus privilegios, beneficiándose en todo momento de una estructura social radicalmente injusta. La cuestión ahora es la siguiente: ¿pasarán también impunemente por el gobierno de un partido de izquierda? Aunque pueda parecer paradójico, sospecho que eso no depende totamente del gobierno.

La democracia representativa es claramente mejorable, con una reforma política que, por lo menos, regule la financiación pública de las campañas y fortalezca los partidos, reduciendo el poder de chantaje de los arrivistas, pero sólo la radicalización democrática, la democracia directa con la participación activa de los movimientos sociales y de los ciudadanos, puede provocar los cambios necesarios. Ahora sólo falta que el PT y Lula crean realmente en ese camino, reencontrándose con su propia historia.

(Publicado originalmente en gallego (o portugués) em vieiros.com, el 18/08/05)