Ahora que en España se abre el melón de la privatización de los servicios públicos policiales no está de más leerse esta crítica al uso de empresas privadas para ejercer labores militares: Empresas militares paraestatales: licencia para matar, por Carlos Miguélez Monroy.

«La empresa militar, al servicio del gobierno de Estados Unidos, y sus demandantes, se niegan a desvelar los términos del acuerdo al que acaban de llegar. En su país, los familiares de las víctimas se enfrentaron a la inmunidad que la llamada Orden 17 les concedió hasta 2009 a los contratistas militares en el cumplimiento de su trabajo en Irak. Esta inmunidad se suma a un sistema jurídico y judicial con limitaciones que cuestionarían su eficacia y su independencia por haberse creado de forma precipitada en un contexto de ocupación extranjera. Las familias de las víctimas se vieron obligadas a buscar un foro donde pudiera prosperar su demanda. Por eso la llevaron a un tribunal estadounidense.»