Ya saben: el Gobierno español va a permitir que las administraciones públicas puedan cerrar páginas web de intercambio de archivos con derechos de propiedad sin la mediación judicial. Manuel M. Almeida cree que entonces, Sobran los jueces.

«¿Y por qué sobran los jueces? Porque con la Ley en la mano, no hay delito alguno en tal actividad, salvo que exista lucro de por medio. No hay delito en las descargas ni hay delito en las subidas ni hay delito en el enlace a archivos o a las páginas que los albergan si uno no se enriquece con ello.

¿Y si no es delito, por qué se ha de combatir? Porque un lobby muy poderoso, el de la industria musical, así se lo pide.

Es decir, que el poder ejecutivo pretende prescindir del poder judicial en un asunto que afecta a derechos básicos y cuya actividad no constituye delito para defender los intereses particulares de un sector en crisis.»