Jaume Asen y Gerardo Pisarello sostienen en Salud democrática y libertad de crítica en el Reino de España: algo más que un simple ‘resfriado’ que las reacciones políticas y judiciales a las últimas algaradas antimonárquicas y a la propuesta de consulta de Ibarretxe son un síntoma serio de que nuestra democracia no está sana.

«Lo cierto es que, más allá del talante democrático que estas expresiones reflejan, el uso de la legalidad como arma arrojadiza contra el ejercicio de libertades políticos también resulta discutible en este caso. La Constitución española y la Ley Orgánica de Referéndum, ciertamente centralistas en este punto, disponen que corresponderá al Estado central autorizar este tipo de consultas. Pero no dicen en ningún momento que las Comunidades Autónomas no puedan impulsarlas. Situados en un terreno estrictamente jurídico, por tanto, la ilegalidad tendría lugar en caso de que el Gobierno estatal no autorice, formalmente, una convocatoria formalmente impulsada. Pero no antes. Es más, si el Gobierno se negara a autorizar una consulta que, guste o no, cuenta con el apoyo de un 60% del Parlamento vasco, ¿a quién debería endilgarse la responsabilidad por la actuación inconstitucional? ¿a quién la inobservancia del principio democrático?»